“La política es el arte de los posible”, debe ser de las frases más evocadas en el ámbito político atribuida antes que nadie a Aristóteles. El proyecto de reforma jubilatoria que analizamos anteriormente en este espacio, puede ser leído bajo ese ángulo. Ahora, la coalición se apresta a avanzar en cuatro proyectos: tenencia compartida, reparación a víctimas de la guerrilla, prisión domiciliaria para mayores de 65 años y deudores. Algunos de estos proyectos están más avanzados que otros en el trámite legislativo. Los cuatro tienen como denominador común las marcadas diferencias políticas e ideológicas dentro de la coalición y con la oposición. En tal sentido un tratamiento exitoso requiere, al igual que la reforma jubilatoria, similar capacidad de los jugadores para respirar profundo, contar hasta diez, ceder posiciones y generar consensos.
Tenencia compartida
Es el más avanzado de los proyectos. Llevaba desde setiembre de 2020 en el Parlamento, contando con la firma de senadores del Partido Nacional (PN) y siendo de particular interés para Cabildo Abierto (CA). Se establece un nuevo marco regulatorio para la tenencia compartida de los hijos de padres separados. El pasado jueves 20 fue aprobado en Diputado con votos de la coalición -salvo por el Partido Independiente- después de trabajosas negociaciones en Comisión de constitución y códigos. Ahora el proyecto volvió al Senado donde se deben aprobar las diversas modificaciones que se hicieron en la Cámara Baja. Más allá de los diversos cambios al texto, el punto neurálgico es el artículo 4, que regula los imprevistos que se pueden suscitar durante el régimen de tenencia y visitas. La redacción había sido fuertemente cuestionada desde el sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC), y por parte de algunos diputados del PN. Ello derivó en que se tengan que realizar modificaciones para lograr el necesario consenso.
Desde el Frente Amplio (FA) se lanzaron férreas críticas. La diputada Cecilia Bottino lo catalogó como “el peor (proyecto de ley) de la legislatura”. También han señalado los cuestionamientos a la redacción por parte de organizaciones sociales e internacionales.
Reparación a víctimas de la guerrilla
Este es uno de los temas que ha impulsado CA y que en diversos trascendidos de prensa se manejaba como parte de la negociación para dar el apoyo a la reforma jubilatoria. Con este proyecto enviado por el Ejecutivo a solicitud de los cabildantes se busca resarcir a víctimas de la guerrilla en los años previos a la dictadura. El texto original había recibido la crítica de las cátedras y organizaciones sociales por diversas inconsistencias. En este sentido el diputado Ope Pasquet del PC presentó a fines de marzo una nueva redacción que cuenta con el visto bueno de los cabildantes. Esto destrabó su aprobación en Comisión de constitución y códigos, y habilitó a que pueda ser votado en el plenario de Diputados para luego volver al Senado. Básicamente el proyecto se mantuvo con su propósito de resarcir económicamente a las víctimas explicitando los montos – que pueden llegar hasta los 150.000 dólares- y aclarando la redacción. De ese modo lo que se buscó fue dejar menos contenidos librados a una reglamentación futura por parte del Poder Ejecutivo.
Prisión domiciliaria y deudores de bajos ingresos
El proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años ha sido señalado como una ley con “con nombre y apellido” promovido por CA. El proyecto recibió muchas críticas desde dentro y fuera de la coalición bajo el entendido que beneficia a los militares y policías que cumplen condena en la cárcel de Domingo Arena. En la jerga parlamentaria este proyecto estaba “encajonado”. Sin embargo, la nueva iniciativa reformulada por la senadora nacionalista Carmen Asiaín alinea a blancos y cabildantes. Según a señalado la propia senadora depende ahora del alineamiento de los colorados, particularmente del sector Ciudadanos. La propuesta es analizada en la Comisión de constitución y legislación del Senado y podría tener mejor suerte en el tratamiento legislativo. Una de las principales novedades de la nueva redacción es que eleva la edad mínima a 70 años, dejando a consideración del Juez a partir de los 65. Este tema ha disparado nuevamente la discusión por el pasado reciente con la oposición.
El proyecto de reestructura de deuda de las personas de bajos recursos es otro de los que se reaviva en la agenda legislativa. El proyecto inicial fue introducido por CA a inicio de la legislatura, aunque se frenó en el Senado, al parecer, porque no contaba con el aval del Ejecutivo. Ahora se ha avanzado bajo una modalidad similar a la implementada para el proyecto de prisión domiciliaria. No obstante, esta vez el impulsor del nuevo proyecto con aditivos es el FA. La iniciativa plantea una fórmula procesal y administrativa beneficiosa tanto para el deudor, como para el acreedor, según el proyecto, en la medida que los primero pueden tener un mecanismo viable para pagar sus deudas y los segundos para cobrarla. La pregunta que subyace es si el Ejecutivo buscará renegociar con los socios de la coalición y buscar fórmulas de consenso, o si en cambio, se inclinará, de la forma menos estridente posible, por mantener el status quo.
