Continúa el debate entre el gobierno y la oposición en referencia a las cifras de delitos. El gobierno afirma que se han cometidos menos delitos con base en determinadas cifras, y la oposición cuestiona esta información por considerar que la metodología empleada es errónea.
Más allá que las consecuencias de un determinado accionar solamente se pueden evaluar en plazos más amplios, el problema no está en las cifras esgrimidas, las que son solamente una arista del asunto La sociedad toda padece una serie de contradicciones que se expresan en una cotidianidad del vivir cada vez más difícil.
La punta del iceberg de esta situación es la violencia en sus múltiples expresiones que laceran la existencia de la gente. El impulso inmediato es atinar a perseguir y detener a los violentos, es decir, una respuesta policial.
Los quince años de gobiernos frenteamplistas desarrollaron toda una estrategia al respecto. En sus inicios lo primero que se atinó en materia de seguridad pública fue instalar un contexto garantista que por encima de todo limitara los posibles excesos de las fuerzas represivas. Ello estuvo directamente conectado con un pasado de fuerzas represivas conformadas durante la dictadura. Pronto fue posible advertir que el problema era mucho más complejo ya que de lo que se trataba es de un nuevo escenario en donde las expresiones criminales encontraban nuevas causales y muy diversas expresiones.
Ante ello, la policía heredada en el Uruguay se mostraba totalmente inadecuada para enfrentar los nuevos requerimientos. Es así que se da inicio un proceso de grandes cambios para adecuar a un cuerpo policial que se mostraba absolutamente imposibilitado para encarar la nueva realidad: bajísimos sueldos, paupérrimas condiciones de trabajo, ausencia de equipamiento e infraestructuras, múltiples focos de corrupción, distancia con la población, entre otras cosas caracterizaban a la policía.
Se da inicio a un radical proceso de transformación que supo tener como uno de sus principales ideólogos al Inspector Guarteche considerado un experto en la policía moderna y además un policía con una reputación intachable.
Este proceso de cambios se expresó entre otras cosas en reestructura de los recursos humanos con una importante mejora salarial, reestructura del funcionamiento ( redefinición de las comisarías y creación de las zonas en Montevideo) introducción generalizada de la tecnología, mejora de la potencia de fuego, incremento de la plantilla de policías ejecutivos, enérgica acción anticorrupción al interior de la fuerza ( cientos de sumariados y expulsados), incorporación de la grabación de video en directo de todo procedimiento, reformulación de la formación y la capacitación, la creación de la unidad de víctimas, introducción de la colocación de tobilleras a los denunciados por violencia doméstica, son algunas de las expresiones de la nueva policía que hizo posible estas reformas.
Pero ello ha sido solamente un aspecto del problema; la otra gran transformación se dio en la reforma del proceso penal. Con el nuevo procedimiento se agilizó la administración de justicia, se mejoró la investigación en el proceso penal y todo ello con una mejor impartición de justicia.
Adicionalmente se inició un proceso de cambio en la política correccional orientado a garantizar la recuperación de los convictos durante el proceso de su condena. Tal vez este fue el aspecto con menor desarrollo pero que igual estaba en las prioridades de la estrategia asumida.
Esta nueva estrategia de cambios tuvo importantes logros en un breve plazo. Un conjunto de nuevas modalidades delictivas fue objeto de combate: asaltos a cajeros automáticos, asaltos a gasolineras, robos a taximetristas, asaltos a agencias de pagos, robos en ómnibus, entre otros.
En todos estos casos se realizó un estudio específico de cada modalidad y se fueron implementando conjuntamente con los directamente interesados mecanismos de defensa y disuasión.
¿Qué tenían en común estas modalidades delictivas? Se trataba en todos los casos de formas de hurto (con y sin violencia) atentando a la propiedad privada. En el nuevo contexto delictivo se trataba de lo más parecido a las modalidades históricamente existentes.
Otra línea de intervención que rápidamente tuvo muy buenos resultados fue la genérica colocación de cámaras de vigilancia en espacios urbanos y en rutas principales. Esta acción fue realizada conjuntamente con los gobiernos departamentales (en particular Montevideo, Canelones y Maldonado) los que también sumaron cámaras para el cumplimiento de sus competencias, pero compartiéndolas con el Ministerio del Interior.
Un caso en particular merece especial atención: la violencia en las canchas de futbol. Aquí luego de haber llegado a extremos inadmisibles como fue el episodio de las garrafas de supergas tiradas desde la tribuna Ámsterdam, se desarrolló una compleja tarea de articulación con los múltiples actores involucrados para definir una estrategia específica.
En esa estrategia se manejó el papel fundamental de las cámaras, la identificación y exclusión de los violentos, labores de inteligencia al interior de las barras, rol activo de los servicios de seguridad de los espectáculos al interior de los estadios, etc. El resultado fue que en un brevísimo plazo la violencia fue erradicada de los campos de juego y se confeccionó una lista de negra de excluidos a los espectáculos deportivos conformada por unos centenares de violentos claramente identificados. Lamentablemente el problema se trasladó a los espacios exteriores constituyendo una nueva realidad en donde la violencia entre las barras se desplazó al conjunto de la ciudad.
Todos estos factores son los que explican los “éxitos” de las cifras actuales (en todas sus manifestaciones). La “orden de no aflojar” fue simplemente una voz de aliento a la estrategia iniciada con anterioridad.
Pero el nuevo escenario socio cultural se ofrece como mucho más complejo. Se vive un contexto en donde la convivencia está seriamente alterada, particularmente para los sectores sociales más débiles. La mejora de la acción policial es absolutamente insuficiente en este contexto.
Las relaciones sociales se han ido deslizando hacia diversas manifestaciones de violencia: hacia la mujer, hacia los niños, entre grupos (las barras bravas), entre bandas de narcotraficantes, en el ámbito intrafamiliar, hacia los trabajadores de la salud, hacia los maestros, etc.
El rápido avance en el combate a los delitos contra la propiedad privada tiene como correlato una presencia mucho más compleja y nefasta en sus consecuencias, en los delitos vinculados al consumo y tráfico de drogas y en los delitos por violencia familiar y sexual.
El consumo de drogas implica la existencia de complejas redes criminales de alcance global y con extendida presencia molecular en la sociedad con fuertes intereses económicos a todo nivel desde el micro tráfico al lavado de activos.
La violencia de género mucho tiene que ver con el empoderamiento de los grupos de mujeres y LGTBI que dada la nueva agenda de derechos legalmente consagrada han incrementado las denuncias dejando al descubierto violencias que históricamente existían, pero estaban ocultas.
Todo ello no surge de la nada y porque sí. Es la expresión de una determinada estructura social en donde además de la explotación económica existe un sistema de valores que apela insistentemente al egoísmo consumista, el individualismo, la ausencia de solidaridad, la no participación, entre otros, conformando un escenario más parecido al “hombre lobo del hombre “que a un armónico lugar de encuentro para la vida.
Es por ello que la respuesta a la creciente inseguridad está en última instancia en la reflexión acerca de en qué sociedad queremos vivir, dicho de otra forma , se trata de redefinir el contrato social.
Pero la vida continúa, y además del debate y definición acerca de en qué sociedad queremos vivir son necesarias respuestas en el presente inmediato.
Se trata de asumir la complejidad del problema para desde la integralidad definir líneas de respuestas. Para ello surgen algunas estrategias ineludibles como la formulación de una nueva e intensa política de educación y reencauzamiento de los delincuentes condenados. Trabajo, estudio, abordaje sicológico, tratamiento de las adicciones, debida caracterización en el lugar de encierro, son algunas medidas a implementar generalizadamente y de inmediato.
Seguimiento adecuado de los condenados a libertad vigilada o con tobilleras evitando la reincidencia, pero también colaborando en la recuperación del convicto. Una política de empleo durante el encierro y a su salida haciendo posible una reinserción social. A un nivel más genérico, es de crucial importancia una política de empleo que evite la alternativa del micro tráfico. Complementariamente se trata de promover el debate y la participación social a efectos de asumir colectivamente la crítica a las expresiones culturales que sustentan la violencia y el delito.
Todo ello no es gratuito. Implica afectar un importante volumen de recursos presupuestales del Estado. Quedarse en la acción policial es como perseguir la sombra de uno mismo. No es posible suscribir este enfoque y en paralelo apostar al recorte de gastos o tomar medidas como la elevación a los U$S 100.000 (establecido en la LUC) como cifra mínima a declarar, habilitando el lavado de activos.
Los actores políticos del gobierno actual desarrollaron una crítica sistemática al Ministerio del Interior del anterior gobierno sin aceptar la complejidad de la delincuencia en su dimensión contextual. Ese discurso fácil y demagógico hoy se revierte en quienes lo sostuvieron. Lo más grave es que el abordaje integral del problema requiere de una voluntad política expresada en la generación de los recursos humanos y materiales necesarios.
¿Qué es peor, la pandemia del coronavirus o la desintegración social producida por todas las formas de violencia instaladas? Así como se definió en su momento la conformación del Fondo Coronavirus, Uruguay hoy está necesitando aún más perentoriamente un fondo que haga posible la redefinición del contrato social. El número de los delitos lejos de causar satisfacción es el indicador de una sociedad enferma que además de policía necesita menos desigualdad y más solidaridad
En memoria de Eduardo Bonomi
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