El tema de las jubilaciones, como lo llamamos en el Uruguay, o pensiones, en otros países, es recurrente y producto de la evolución demográfica de la población mundial. Disminuye el crecimiento año a año, después de una etapa, durante el siglo veinte (entre las décadas del cincuenta y el ochenta) donde se produjo el mayor aumento. Cada vez la gente vive más tiempo mientras el crecimiento disminuye. Es más, todo indica que en los próximos decenios la población del planeta no crecerá y es probable que llegue a disminuir sino cambia la tendencia.
Eso plantea en todos lados una crisis muy profunda que tiene distintas consecuencias. Los jóvenes no pueden costear de sus ingresos las jubilaciones de las generaciones mayores. Con lo cual los regímenes de reparto quedan de lado. Lo gobiernos tienen que asistir con sus propios recursos al sistema para cubrir a los jubilados con menos ingresos. Se da en todos lados.
Por todo eso, además, se alargan los plazos para acceder a las pensiones. La gente no solo vive más, también se extiende el tiempo de vida con capacidad para trabajar.
Esto provoca y hace imperioso transformar los sistemas en la materia. De no hacerlo, no se podrán cumplir en el futuro con los compromisos que las sociedades tienen ante los adultos mayores. La política fiscal será inmanejable y la crisis económica creara graves dificultades a la sociedad en su conjunto.
La problemática no es exclusiva del Uruguay. Aunque es cierto que este país la siente con mayor intensidad que otros, porque su tendencia demográfica, de falta de crecimiento de la población, se anticipó al resto del mundo. Sin embargo, por la reforma de la década del noventa, hasta el momento, el tema fue resuelto mejor que en otros sitios.
La Federación Internacional del Fondo de Pensiones, es decir las empresas que en el mundo financian desde el sector privado pensiones, hacen por año un ranking con la situación de cada país. Por supuesto que se trata de una opinión que tiene sus propios intereses, pero eso no quita importancia al trabajo que se realiza si, como es el caso, se lleva adelante a través de elementos objetivos.
Uruguay está en el lugar 12, entre 44 países del mundo que se analiza esta situación. Es el primero en América. Le sigue Chile (16). Colombia (21), México (29), Perú (30). Después sigue el resto de los países de la región. Sorprende que Argentina se encuentre en el último lugar. Los tres países peor clasificados son justamente Argentina, Tailandia y Filipinas. Argentina en materia de inflación, en el 2022, también está entre los tres países con peor registro en el mundo. Es decir, no se le puede tener en cuenta porque es un verdadero desastre su economía y su conducción.
Lo importante de observar este trabajo, es constatar que Uruguay, a pesar de tener la peor situación demográfica (en buen romance es el que tiene más viejos y menos jóvenes en la región) es el que viene enfrentando de mejor forma esta problemática. Y que por lo tanto la solución de los noventa fue positiva, aunque por supuesto insuficiente. Esa política, que, a través del tiempo, casi treinta años, demostró su bondad, no cayó en la privatización extrema como Chile, ni en la
vuelta alegre e irresponsable al régimen de reparto de la Argentina. Nos situó en el buen sendero. Y en la necesidad de hacer lo que estamos intentando, una nueva y de vuelta inteligente reforma.
Los tres países que figuran en los primeros lugares del ranking que estamos analizando, tienen mucho mayor producto por cápita que Uruguay. Eso les permite contar con mejores alternativas y recursos para encarar el tema. Son Islandia, Países Bajos y Dinamarca. Sin embargo, los tres hacen más o menos lo mismo que nosotros. Con variantes, pero idéntica tendencia. Con tres escalones o forma de asistencia. El primero trata las pensiones de menor ingreso. Que tienen en todos los casos subsidio del gobierno central. El segundo las franjas de ingresos medios. Con sistemas mixtos obligatorios. Por último, queda margen para el ahorro a través de instituciones privadas de los trabajadores que quieran o entiendan necesario incrementar esa pensión con su propio aporte. En el primer escalón los tres tienen aporte estatal, reitero, con una variante, en el caso de Islandia, el mismo es limitado al 6.3% del total de impuestos que recauda el Estado.
El informe de esta organización señala que las reformas que están gestionando Chile y Colombia no son satisfactorias, porque no podrán financiarse y generarán déficit fiscal inmanejables. Que la reciente reforma aprobada en México en cambio sí es favorable. Lo que le permitió a este país adelantarse en nueve sitios en el ranking que estamos considerando con relación al de 2021.
Uruguay está en el camino correcto al plantear una nueva reforma. Acorde a la evolución demográfica del país, la necesidad de mantener e incluso mejorar la calidad de las prestaciones, y salvaguardar el Tesoro nacional y la economía de una contribución que ponga en peligro la estabilidad y el desarrollo que necesitan las futuras generaciones.
Las reformas en materia previsional son muy complejas de implementar en países democráticos porque en general no resultan populares. La gente teme que le toquen justamente lo que piensa será el respaldo económico en sus últimos años de vida. El secreto es explicar bien que es necesario, justamente para consolidar esos derechos. Claro que es bueno que la oposición tenga responsabilidad. Que comprenda lo complejo que es después, si le toca el gobierno, verse en la necesidad de llevar adelante el cambio al que se opuso antes. Es más inteligente a veces dejar que la hagan la tarea a obtener una menor y efímera victoria política inmediata. ¿Qué hubiera sido de la economía y el manejo fiscal del Uruguay durante los gobiernos del Frente Amplio de no haber existido la reforma de la segunda Presidencia de Sanguinetti? ¿Qué limitación se habría encontrado para implementar las políticas sociales que se pusieron en práctica?
Una última observación. Llama la atención que quienes realizaron la reforma jubilatoria en la década del noventa, decisivos en la formulación, diseño, aprobación y puesta en marcha de la misma, no hayan sido llamados en esta instancia para que brinden su opinión. Me refiero a quienes ocupaban por entonces posiciones claves en esta materia. El Cr. Juan Berchesi como Presidente del Banco de Previsión Social, y Myra Tebot, Gerente General de esa Institución.
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