El gobierno anunció que no llevará adelante el proyecto Neptuno, por el cual se construiría en la localidad de Arazatí, una toma de agua, una planta de potabilización y varias obras asociadas. Esta es una decisión muy positiva.
Aquella propuesta despertaba generalizados rechazos por sus impactos locales, estaba repleta de riesgos sobre la calidad y disponibilidad del agua que brindaría, era inconstitucional por ser una privatización de hecho, y también era extremadamente cara. Así es que esta decisión, que sería la primera medida sustancial del nuevo gobierno en materia ambiental, apuntó en el sentido correcto.
Inmediatamente desde los partidos Nacional, Colorado e Independiente, se desataron críticas repletas de slogans y escasa argumentación. Buscando no caer en esa superficialidad, aquí se intenta una evaluación mas rigurosa y con una mirada mas amplia.
Protagonistas que no pueden olvidarse
En primer lugar debe señalarse que estamos ante una victoria de la sociedad civil. Casi en solitario, por lo menos desde 2022, distintos grupos locales en San José, ambientalistas, académicos y miembros del sindicato de OSE, alertaron sobre las implicancias negativas del proyecto. Es imposible no reivindicar el papel del grupo “Los Tucu Tucu”, que no pocos describían como ecologistas exagerados, y que perseveraron en varios frentes, y entre ellos se destacaron sus acciones judiciales. Los productores rurales que alertaban sobre los riesgos con las aguas subterráneas, que muchos consideraban una exageración, finalmente tenían razón. Los colectivos que perseveraron en la denuncia, en acampar en la Plaza Independencia o en marchar hacia Montevideo a pesar de la lluvia y el frío, mantenían la presencia del tema.
Nada de eso fue sencillo. La prensa convencional daba poco espacio a esas alertas, y prevalecía el respaldo del gobierno Lacalle Pou al emprendimiento. Recordemos que el entonces ministro del ambiente, el colorado Adrián Peña, decía que defendería la obra en Arazati con uñas y dientes; las autoridades de OSE circulaban en diarios, radios y televisión recitando las bondades de tomar agua del Río de la Plata; y el referente empresarial, Alejandro Ruibal, alababa un negocio que implicaba que el Estado pagaría unos 900 millones de dólares.
En ese tiempo, la oposición, en manos del Frente Amplio, salvo excepciones, tuvo posturas muy tibias. En 2024, en privado, lo justificaban por la necesidad de no “hacer olas” que pusieran en riesgo las posibilidades de un triunfo electoral. Finalmente hicieron pública su oposición, pero el gobierno Lacalle de todos modos firmó un contrato que condicionó a la nueva administración.
Es así que las organizaciones ciudadanas navegaron con escasos apoyos en oponerse al proyecto, y eso implicaba enfrentarse al gobierno multicolor, sus apoyos partidarios, y las empresas. A pesar de todo, poco a poco, a medida que se sumaban más evaluaciones técnicas, se comparaba con emprendimientos en otros países, y no aflojaba la presión ciudadana, la defensa gubernamental bajo Lacalle, primero quedó en entredicho, y tras las elecciones se derrumbó.
El remolino multicolor
El ahora expresidente Lacalle ahora volvió a defender el proyecto y aprovechó para criticar al Frente Amplio. Se sumaron, cada uno a su manera, Alvaro Delgado y otros nacionalistas, los colorados Andrés Ojeda y el exministro del ambiente, Robert Bouvier, y hasta Pablo Mieres del Partido Independiente. En general se califica la decisión como un grave error, y hasta se lanzan ominosas alertas sobre posibles sequías.
Esos dichos muestran que siguen sin entender las implicancias del proyecto Neptuno. Ni siquiera advierten que ahora sabemos, pongamos por caso, que incluso los técnicos dentro de OSE consideraban que era una obra inadecuada, y que sus voces no fueron escuchadas. Esas evaluaciones contradicen a las anteriores autoridades del ente y del consorcio empresarial, y además, implican un cuestionamiento del permiso ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente bajo la administración Lacalle. Por estas y otras razones, los políticos multicolores deberían haber aprovechado el momento para estar en silencio.
Pero no lo hicieron, y esa tozudez es lo que pasa al primer plano. Lleva a la inevitable pregunta sobre cuáles son las razones por las cuales esos políticos, contra viento y marea, desean pagar unos 900 millones de dólares a un consorcio privado. Una tozudez que es tan estridente como para que todos la vean.
El remolino gubernamental
El cancelar la obra en Arazatí, como se indicó arriba, es positivo. También es un avance que se anuncie que la gestión de las futuras obras estará en manos de OSE, con lo cual se esquiva una inconstitucionalidad. Pero el contrato no se declaró nulo, y eso era lo que se reclamaba. Esta es una limitación que puede ser entendible, tal vez para evitar pagar multas, pero se cae en una situación legal muy vidriosa al esquivarse el llamado a una nueva licitación.
Pero el gobierno (y el Frente Amplio) siguen atrapados ante problemas muy serios. No se saben cuáles serán las acciones para efectivamente descontaminar la cuenca del Río Santa Lucía, posiblemente la más afectada del país. Sumarle plantas de potabilización o represas, sin mejorar la calidad de sus aguas, es muy cuestionable. Tampoco se anunció un plan enérgico de reparaciones de las cañerías de OSE en el área metropolitana. Agregar nuevas obras para que aproximadamente el 40 % del agua se pierda, es mas que un sinsentido, es un pecado. No contamos con un protocolo para enfrentar una sequía, lo que sería indispensable porque todas esas obras llevarán años. Finalmente, los espacios de consulta ciudadana referidos al agua y otros temas ambientales, siguen sin funcionar. Todo esto enmarcado en que la política ambiental del nuevo gobierno sigue siendo una incógnita.
Lastimosamente, ninguno de estos temas está en el primer plano del debate partidario de estos días, como si los políticos, de un lado o del otro, no los comprendieran. Las aguas siguen entreveradas.
