La violencia desmedida perpetrada por policiales en Pocitos contra dos jóvenes, configura otro grave antecedente de la escalada de violencia promovida por el gobierno, incluso antes de la promulgación de la LUC.
Todos vimos un video filmado por un vecino, que denuncia el abuso de autoridad de quienes detentan el uso de la fuerza para proteger a la sociedad pero no para reprimirla. Allí se observa que cuatro policías detienen a dos jóvenes y les exigen –bajo amenazas- que borren el contenido de sus celulares. En ese contexto, uno de los uniformados golpea a uno de los detenidos por la espalda con inusitada violencia y sin justificación.
El video, que no pudo ser manipulado por el Ministerio del Interior para borrar el delito como sucedió en análogas situaciones, confirma que el gobierno instaló un Estado gendarme, como sucede en cualquier dictadura.
¿Cuál es el concepto de libertad pregonado por el presidente, cuando, además de conculcarse el derecho de reunión consagrado por la Constitución, se agrede brutalmente a personas por su mera apariencia?
En ese contexto, la libertad muta en mera entelequia vacía de contenido, en un contexto regresivo que vuelve a implantar el paradigma represivo que todos creíamos ya desterrado.
Si bien el agresor fue sumariado y separado de su cargo porque esta vez el Ministerio del Interior no pudo tapar el sol con un dedo, el responsable de estos desmanes es el gobierno y, en particular, el inefable Ministro del Interior Jorge Larrañaga, quien, desde su alta investidura, desarrolla un irresponsable ejercicio de terrorismo verbal.
Ni el repudio de los sindicatos policiales logra mitigar el daño que se inflige al país, porque esta no es la primera vez que observamos episodios de prepotencia en este año de gobierno del contubernio multicolor.
Estos desbordes de poder amparados por la LUC, no sólo trasgreden los normas del estado de derecho, sino que también paragonan a los policías con meros delincuentes.
Una de las peculiaridades del caso es que el agresor es Marcos Schiappa, quien, en 2004, siendo un adolescente de 13 años, baleó a la joven Fiorella Buzeta en el Liceo Nº 13 de Maroñas, a quien dejó paralítica. La chica que ahora es una mujer, ocupa un escaño de edil en la Junta Departamental de Montevideo por el Frente Amplio.
Sin embargo, en 2017, Schiappa ingresó al instituto policial, porque su antecedente penal había sido borrado, lo cual compartimos. Nadie advirtió que se estaba enrolando a un delincuente en potencia, lo que amerita un tirón de orejas para las autoridades de la época.
Este es apenas uno más de las decenas de casos de abuso policial paridos por este gobierno de corte neofascista, bien camuflados por el Ministerio del Interior y blindados por la complicidad de medios de difusión obsecuentes.
Al respecto, no fue menos grave el allanamiento ilegal practicado en una vivienda de Punta Rubia, en Rocha, cuando un comando policial armado a guerra ingresó por la fuerza y sin orden judicial, rompiendo la puerta de acceso y provocando graves destrozos en la propiedad.
Los moradores fueron amenazados y obligados a firmar una declaración. El pretexto habría sido la existencia de una plantación de marihuana en modalidad de auto-cultivo, cuyo responsable tiene autorización legal para desarrollar esta actividad.
El Ministro Jorge Larrañaga aseveró insólitamente que todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Evidentemente, como abogado se le olvidó la materia que refiere a la presunción de inocencia. Es realmente al revés: todos son inocentes hasta que se demuestre lo contario (in dubio pro reo, en latín).
Estas dos situaciones se suman al adolescente de 16 años baleado el año pasado en Artigas, al procesamiento de dos policías por torturar con picana eléctrica a un detenido, al maltrato a una mujer psiquiátrica que había robado un chocolate y a numerosos actos de represión callejera en plazas.
Amparado por la represiva LUC y con un ministro exacerbado que perdió toda racionalidad, el gobierno prostituye la esencia misma de nuestra democracia.
