A mediados de marzo el incremento sostenido de casos de coronavirus, preanunciado un mes antes como posible trayectoria epidemiológica por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), llevó al Presidente Lacalle Pou a reunir el Consejo de Ministros y adoptar ciertas medidas. Se suspendió la “obligatoriedad” de asistir a clase -suave decisión fundamentada en que solo “el 2,5% de los contagios se dan dentro del sistema educativo”-; se establecieron aforos en el transporte interdepartamental; suspendieron los deportes amateur y cerraron vestuarios; y se limitó en 400 asistentes los espectáculos públicos. Lacalle convocó a la responsabilidad de todos: “si no se mantiene la burbuja, si hacemos asados de veinte, si hacemos fiestas clandestinas, no hay medidas que resista la falta de cuidado de una persona”.
Ese día los nuevos casos de covid-19 habían sido 916, llevando el total de activos a 10.461 personas. Uruguay pasaba a liderar en América Latina el índice de personas con Covid: 323 por millón de habitantes. Los pacientes en cuidados intensivos eran 135, ocupando el 17% de las 792 camas operativas. Ocho personas habían fallecido acercándonos al total de 800 muertes desde que empezara la epidemia.
El GACH alertó que los centros de tratamiento intensivo (CTI) estaban en zona amarilla, se consideraba reducida la capacidad de respuesta y era “esencial tomar un conjunto de medidas para disminuir sustancialmente el número y duración de contactos entre personas”.
Una semana después la situación había empeorado. Los positivos diarios se habían disparado a 1.777, 16 nuevos decesos llevaban el total a 827, los pacientes en CTI eran 202, una ocupación del 25% de las camas disponibles. Tras otro Consejo de Ministros, en nueva conferencia de prensa Lacalle comunicó la suspensión de clases presenciales hasta después de Turismo y el cierre hasta el 12 de abril de la mayoría de las oficinas públicas, clubes, gimnasios, free shop y complejos termales; y la suspensión de todos los espectáculos públicos. Lacalle sostuvo “Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad; que una vez más tienen la acción del gobierno, pero tienen que estar acompañadas por las conductas individuales”.
En pleno crecimiento exponencial, las medidas de control de la movilidad fueron consideradas muy tenues por muchos, entre ellos la mayoría de los científicos asesores. En un reportaje televisivo el coordinador del GACH, Rafael Radi, expresaba esa preocupación lanzando como consigna estratégica “blindar abril”.
La consigna generó apoyos. El propio Lacalle trató de asociarla a las medidas gubernamentales definidas, pero es claro que la estrategia propuesta por el GACH implicaba medidas más restrictivas de la movilidad, como las incluidas en el documento entregado al presidente en febrero en previsión de una evolución agravada de la epidemia. Sin embargo, el gobierno descartó incorporar nuevas resoluciones al paquete definido salvo la extensión de algunas como ser la suspensión de la presencialidad en la enseñanza.
Trascurrido todo abril, hoy es posible evaluar cuál es el resultado del blindaje gubernamental adoptado. Veamos algunos indicadores.
Durante abril se diagnosticaron 92.879 nuevos casos positivos de Covid, casi tanto como los observados en conjunto durante los anteriores 13 meses. Ese promedio de 3.100 por día, es el triple de casos observados a mediados de marzo y nos llevó a ubicar en el podio mundial de casos positivos semanales cada 100.000 habitantes.
Los CTI en máximo stress
Los ingresos totales a CTI durante el mes fueron de 1.394 pacientes, un promedio de 47 por día. Los egresos totales de CTI, sumando fallecimientos y altas médicas, fueron 1.131. Esto indica que día a día se han ido ocupando más camas. En efecto, el primer día del mes había 360 camas con pacientes covid+ y el último día hubo 575. Si a esa ocupación le sumamos los pacientes no covid+ tenemos que a fin de abril había 781 camas de CTI ocupadas. Un número similar al de camas disponibles hasta mediados de marzo. La saturación de camas de CTI hubiese sido total, como había alertado la sociedad de médicos intensivistas, si no se hubiese incrementado la capacidad en 220 camas a lo largo de las semanas. Ese aumento, una medida plausible obviamente, se dio asociada a la suspensión de cirugías y ciertos procedimientos riesgosos, de modo de reducir otras potenciales demandas de camas de CTI. No obstante, estas dos medidas, a principio de mayo de las 54 unidades de tratamiento intensivo distribuidas en el país, un tercio de las mismas están saturadas (tienen del 85% al 100% de las camas ocupadas) y otro tercio presentan una ocupación muy alta (entre 71% y 85%). El sistema de cuidados intensivos, y en particular los recursos humanos implicados que son de alta especialización, está en máximo stress.
Abril: 400 muertos por semana
Murieron 1.642 personas durante abril, en promedio 55 por día, un número que es el doble del total que había fallecido durante los 12 meses previos. Cuatro de cada 10 fallecimientos ocurrieron en un CTI. Hasta el momento no se ha brindado información en qué condiciones o ámbitos ocurren los otros casos. Se considera que mueren internados tras limitado esfuerzo terapéutico por las comorbilidades o fragilidad implicadas, o en la casa o centros de ancianos por decisión de cercanía familiar. De cualquier modo, es un porcentaje muy relevante del que se debería tener información precisa. La contracara de esas decisiones es que han posibilitado que las unidades de cuidado intensivo no hayan sido totalmente desbordadas por la demanda.
Dado que el número de internados en CTI se mantiene elevado, es más continúa incrementándose, y que la mortalidad en esa situación es de 50-60%, es pronosticable que durante mayo seguirán muriendo compatriotas en un número importante.
Era previsible que una vez ingresada la epidemia en una fase de crecimiento exponencial cierto porcentaje de enfermos evolucionarían a la muerte. Establecer en ese momento cuántas podrían considerarse muertes inevitables resultaba difícil por múltiples factores. Pero, sin duda, mucho dependería del monitoreo de la trayectoria y, muy especialmente, de las medidas adoptadas al respecto. Hoy sabemos que “el blindaje de abril” llevado adelante por el gobierno está asociado a una mortalidad promedio de 400 compatriotas por semana. La pregunta es ¿Deberemos seguir escuchando en boca de los informativistas diariamente las mismas cifras de muertes? O por el contrario ¿El gobierno con la información ahora disponible aspira a modificar esa realidad? ¿Es cierto, como sostienen algunos, que el gobierno ha decidido aceptar ese costo en vidas humanas como inevitable, como inherente a la situación actual, y en todo caso atribuirlo a la irresponsabilidad ciudadana?
Mal que les pese a ciertos voceros oficialistas, y a los que se alinean con sus dichos, los muertos no son responsabilidad de todos, pues no todos los ciudadanos pueden definir determinadas medidas que los eviten. Muertes evitables hubo, hay y habrá unas cuantas, y son responsabilidad de quienes por acción u omisión no las adopten. En primer lugar, el gobierno.
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