A diario tomamos conocimiento, sea a través de conversaciones, redes sociales o la prensa, sobre ciertas decisiones en la órbita pública que interpelan el accionar de algunos políticos y funcionarios públicos. Un escáner para el control de contrabando y narcotráfico que accidentalmente se destruye. Un dirigente político que le fue mal en las elecciones, pero logró que lo “acomoden en un cargo”. Otro que aprovecha su posición de poder y los recursos públicos a su alcance para otorgar prebendas y “comprar” adhesiones. También están aquellos que priorizan “colocar” en la administración pública a sus allegados o familiares sin pasar por los mecanismos de concurso. También los que consiguen financiamiento para las campañas electorales, pero no las declaran. Funcionarios que facilitan el acceso a determinados servicios públicos sin cumplir las exigencias legales. En este anecdotario meramente ilustrativo pueden entrar distintos tipos de vicios que erosionan el sentido virtuoso de la política y la función pública a través del nepotismo, el clientelismo, patronazgo, lobby corporativo, irregularidades en la gestión pública, o incluso corrupción.
Uruguay tiene la virtud de presentar en la región la mejor valoración en cuanto a los más diversos índices de medición de democracia y corrupción. Sin ir más lejos, nuestro país consolida su posición en el Índice de percepción de la corrupción 2022 de Transparencia Internacional. Sin embargo, quien lee esta nota seguramente conoce varios ejemplos concretos de las prácticas que fueron mencionadas. El problema con ello es que, este tipo de prácticas, en sí mismas repudiables, suelen ser, además, el caldo de cultivo propicio para el florecimiento de los líderes populistas. Máxime, en una región fuertemente presidencialista como América Latina que se ha mostrado proclive a estos liderazgos. Per se, no alcanza con que ocurran este tipo de prácticas para que se proyecte un líder populista que ponga en riesgo la estabilidad democrática. Pero debemos advertir que, como todo, los riesgos deben ser monitoreados y gestionados antes de lamentar males mayores.
Para pasar de un conjunto de casos aislados de irregularidades a un escenario de descrédito de la clase política, alcanza con que surja un outsider populista dispuesto a capitalizar las miserias del sistema político y convertirlas en la punta de lanza de su discurso.
Hoy, decir esto nos remite a las más recientes experiencias de Brasil con Bolsonaro, El Salvador con Bukele, Estados Unidos con Trump, Chile con Kast, Paraguay con el “paya” Cubas, Ecuador con Correa, Venezuela con Maduro o Nicaragua con Ortega. A nivel discursivo también se puede incluir por el momento a la Argentina con Milei. Naturalmente hay que advertir de las diferencias en el caso a caso. Pero en el denominador común el descrédito de la clase política es un factor crítico, junto a otras variables como el deterioro de los indicadores sociales y económicos que activan la demanda de la ciudadanía por un cambio político.
Uruguay no ha sido ajeno a un proceso de este tipo. Por eso en una nota anterior en este espacio, con motivo de los 50 años del golpe, advertía que “no alcanza solo con conmemorar”. Dejando al margen los gritos de tribuna, la polémica por la gestión en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el pasaporte expedido a Marset y el caso Astesiano, como también lo fueron las operaciones de venta de PLUNA, la capitalización de ANCAP, Gas Sayago, entre otros, dan cuenta de la opacidad con la que se puede llegar a gestionar el Estado.
Defender a los partidos y sus políticos no significa tener que ser indulgentes con ellos y cargar con todos los males sobre los líderes antisistema. Esa es una postura que en general termina siendo contraproducente. Bajo ese sesgo analítico, implícitamente, se resta responsabilidad al sistema político, que es justamente lo que la ciudadanía les reclama. Si la élite política es importante para cerrar el paso a los outsiders populistas -como se suele señalar a nivel académico- entonces lo esperable es que se legisle para “blindar” la toma de decisiones públicas de ese tipo de prácticas que corrompen a políticos y funcionarios públicos.
Si bien existe institucionalidad al respecto, la misma es débil y existen espacios donde es necesario actuar con mayor contundencia, dando una señal clara a la población. Ejemplo, los recientes reclamos de las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) que en su comparecencia a comisión en el Senado han advertido sobre el escaso presupuesto y la necesidad de “apoyo político”. Tiene entre sus cometidos nada menos que la fiscalización de las declaraciones juradas que exige la “Ley de cristal de los funcionarios públicos”.
El fomento de la transparencia a través de la conocida Ley de acceso a la información pública también evidencia una notoria debilidad según la Unidad de Acceso a la Información Pública. El mayor riesgo se da en los gobiernos departamentales. Este dato no es menor si tenemos en cuenta que a mayor nivel de transparencia en la gestión pública, disminuye los riesgos de desvío de fondos públicos, lavado de activos y el riesgo de captura del Estado por intereses particulares. A este respecto, el Compromiso de Lima (2018) “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” es claro en uno de sus informes al señalar en el caso de Uruguay que “no se ven mayores avances en la regulación de la financiación de los partidos para asegurar la legitimidad de los fondos con los que estos se financian” y “tampoco se ha avanzado en la generación de indicadores de monitoreo sobre las políticas de lucha contra la corrupción” .
Por último, y no menos importante, se sigue sin avanzar en una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos. Esta normativa se viene estudiando desde la legislatura anterior sin los votos necesarios. Si bien se creó en 2020 una comisión en la Cámara Baja lo cierto es que al día de hoy no se cuenta con los avances necesarios – a pesar de lo que se había previsto- como para tener una nueva legislación aplicable de cara a las próximas elecciones.
Ante la sorprendente obviedad del avance de los liderazgos populistas, los partidos políticos no deberían estar en piloto automático. Estos riesgos deben ser combatidos y minimizados.
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