La flexibilización de la política antitabaco por parte del gobierno con una medida que favorece explícitamente a la industria según lo reconoció con desparpajo el propio presidente Luis Lacalle Pou, pone sobre el tapete el concubinato entre la oligarquía empresarial y el oficialismo.
En efecto, el decreto del 2 de setiembre que autoriza la comercialización de cigarrillos en caja blanda y hasta la identificación de estos con sus logos y marcas, supone un dramático retroceso en los avances registrados durante los gobiernos del Frente Amplio, con el propósito de combatir una de las adicciones más letales del planeta.
La medida, que ameritó duras críticas de la oposición pero también de la academia, fue homologada por el Ministerio de Industria y Energía y Minería, sin que se hubiera recabado previamente la opinión de los técnicos de Salud Pública.
En tal sentido, el polémico decreto, que fue defendido a rajatabla por el Ministro Omar Paganini, está fundamentado únicamente en la necesidad de amparar los intereses comerciales de la industria que produce este letal veneno y no en la protección de la salud pública, que debería ser la prioridad gubernamental.
El pretexto perfecto es que casi el 40% de los cigarrillos que se consumen en nuestro país proceden del contrabando, lo cual, en término de mercado, sería una competencia desleal para la industria.
Empero, si la justificación de Paganini fue realmente lamentable peor fue la del Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien avaló la medida en la necesidad de regular la calidad del producto y en advertir a los eventuales consumidores. Obviamente, esta no es la reflexión de alguien bajo cuya responsabilidad está la salud de la población, sino la de un empresario que defiende intereses comerciales.
Empero, lo que despierta realmente las mayores suspicacias es el vínculo de piel que parece haber entre el gobierno, concretamente el herrerismo, y el negocio tabacalero, en este caso representada por Compañía Industrial Montepaz S.A, que es propiedad del poderoso y multimillonario clan Mailhos y ejerce el cuasi monopolio de la comercialización de estos productos en nuestro país.
Al respecto, se supo, de fuentes de la Corte Electoral, que la empresa donó dinero para la campaña presidencial del actual mandatario Luis Lacalle Pou y que, uno de sus hombres de confianza, ex asesor y actual Director de Secretaría del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, mantuvo un encuentro el 28 de abril con directivos de la empresa e incluso difundió fotos del coloquio en su cuenta de Instagram, acompañadas de un mensaje que elogia a la empresa, a la cual considera una suerte de modelo.
No en vano, Montepaz venía reclamando desde hace un buen tiempo la flexibilización de la política antitabaco cuyo artífice fue el ex presidente Tabaré Vázquez, porque obviamente perjudica su ominoso negocio. Durante la legislatura pasada, el entonces senador nacionalista Luis Lacalle Pou votó en contra la ley 19.723, que establecía pautas muy concretadas al empaquetado de los productos tabacaleros.
Tal vez esa actitud indujo a los industriales a donar dinero para apoyar su campaña. Todo parece indicar que este decreto, que va claramente contra el espíritu de la política antitabaco que transformó a nuestro país en referente a nivel mundial, sería un pago de favores por la dádiva recibida.
Este decreto se suma al aprobado el año pasado, cuando el gobierno autorizó la importación y la venta en el mercado interno de los denominados cigarrillos electrónicos, cuya comercialización estaba terminantemente prohibida en el país.
En efecto, existen sobradas evidencias científicas que estos dispositivos no contribuyen a combatir el consumo, sino que lo potencian e incluso constituyen una puerta de entrada a esta mortal adicción.
No en vano, este producto es fabricado por la propia Philip Morris, la multinacional tabacalera más poderosa del mundo que en el pasado litigó a nuestro país mediante una demanda millonaria, que miente impunemente, compra voluntades y seduce a los jóvenes con atractivas presentaciones y sabores, procurando capturar un mercado ingenuo pero muy lucrativo.
El tabaquismo, que es una pandemia aun más letal que el Coronavirus a nivel global, expone al eventual fumador a no menos de 7.000 químicos, muchos de ellos tóxicos y de efectos devastadores para la salud humana.
A título de ejemplo, cada unidad contiene cianuro de hidrógeno, acetona, amoníaco, arsénico, benceno, butano, cadmio, monóxido de carbono, nitrosaminas, insecticidas, plomo, nicotina, polonio 210 y monóxido de carbono derivado de su combustión, entre otros productos y sustancias no menos dañinas.
La adicción anualmente mata a 8 millones de personas en todo el planeta. En ese contexto, más de 7 millones de defunciones son consecuencia del consumo directo y más de un millón por la inhalación involuntaria del humo ajeno.
Aunque el consumo a nivel mundial sigue disminuyendo por el compromiso de la Organización Mundial de la Salud, las cifras aun son alarmantes.
En Uruguay, a partir de las medidas homologadas durante el primer gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez, cayó radicalmente el número de fumadores. Sin embargo, el Ministerio de Salud Publica reporta 6.500 muertes al año a causa de patologías derivadas de este hábito pernicioso.
Esta medida, que banaliza el tema, conspira claramente contra la salud pública y es funcional a los intereses comerciales de la industria tabacalera, cuyos propietarios son los “malla oro de la muerte”.
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