La confesión del Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que una eventual mayor reducción de la movilidad pudo haber evitado el 15% de los fallecimientos por Coronavirus, constituye un elocuente testimonio de los flagrantes horrores perpetrados por el gobierno y de su responsabilidad en la tasa de letalidad derivada de la devastadora patología.
La revelación, formulada en el marco de la interpelación promovida por el Frente Amplio en el Senado, convalida la opinión de la oposición y de la ciencia acerca de las eventuales muertes evitables.
Aunque nadie niega el éxito de la campaña de vacunación y la radical caída de los contagios y los decesos registrada en las últimas semanas, lo cierto es que hay casi 6.000 uruguayos que ya no están entre nosotros y esa circunstancia no pude ser remediada ni debe ser soslayada.
El 15% de esa cifra, que es oficial, son casi 900 personas, que hoy podrían estar vivas si se hubieran adoptado medidas de restricción a la movilidad más rígidas, con el correspondiente respaldo económico para evitar un mayor incremento de la pobreza. Evidentemente, lo que sucede en el presente no borra las tragedias de la historia reciente.
Al respecto, el senador comunista Oscar Andrade salió al cruce del insólito exitismo oficialista, afirmando que “nadie sensato puede pensar que este 2021 fue un éxito”, ya que, según explicó, solo Perú, República Checa, Eslovaquia y Bosnia registran en lo que va del año más muertos por millón de habitantes que Uruguay.
Naturalmente, el Ministro Salinas –que está atornillado a su cargo por el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos- no es responsable de lo que pudo haberse evitado, porque no fue quien tomó las decisiones que originaron el desastre. La responsabilidad recae directamente en el presidente Luis Lacalle Pou, quien ignoró olímpicamente las recomendaciones de sus asesores científicos y siguió adelante con su enrevesada tesis de la libertad responsable.
Naturalmente, el llamado a sala, que también incluyó a la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, propició otras controversias entre el bloque multicolor y el progresista representados en el parlamento nacional.
En ese contexto, la Secretaria de Estado, quien defendió a rajatabla las políticas de ahorro del gobierno en plena crisis, acusó al Frente Amplio de “estar más enamorado del gasto que de los resultados”.
Se trata de una reflexión obtusa, que confunde gasto con inversión en políticas sociales de protección a la población en situación de mayor vulnerabilidad. No en vano, Uruguay fue el país de la región que destinó porcentualmente menos recursos a enfrentar la crisis devenida de la pandemia.
¿A qué resultados económicos se refiere Arbeleche, en un contexto tal complejo? ¿De qué puede jactarse? Los propios números oficiales demuelen su insólita tesis.
Realmente, los resultados, por lo negativos, dan para avergonzarse: una tasa de desempleo de dos dígitos, 60.000 puestos de trabajo perdidos en un año, 100.000 pobres más, rebaja salarial y de jubilaciones, dos aumentos de tarifas en diez meses y tres ajustes del precios de los combustibles en un semestre.
A ello hay que sumar el desalentador resultado del primer trimestre de 2021, que registró una contracción del 2,8% del PBI, pese al crecimiento del agro y la mejora de las exportaciones en precios y volumen. Este guarismo da por tierra con el desmedido optimismo del oficialismo.
Con su habitual solvencia, el senador socialista Daniel Olesker, quien ofició como miembro interpelante, denunció el insuficiente apoyo económico que recibieron las familias a través de transferencias, lo cual se tradujo en apenas $ 1.500 por persona. Todo parece indicar que invirtiendo apenas un 0,5% del Producto Bruto Interno adicional se pudo evitar el dramático crecimiento de la pobreza.
Por supuesto, el llamado a sala volvió a revelar la irreconciliable dicotomía entre los antagónicos proyectos de país sustentados por el bloque conservador oficialista aliado al gran capital y el bloque izquierdista nucleado en el Frente Amplio, que tiene una fuerte afinidad con el movimiento sindical y las organizaciones sociales.
En efecto, en plena crisis, existen realidades en el país que son radicalmente diferentes, al amparo de una política económica que prioriza claramente a la clase privilegiada y al sector empresarial, en detrimento de los sectores de ingresos fijos, que, para sustentarse, dependen de salarios y jubilaciones deprimidas por la política de congelación impuesta por el gobierno.
En efecto, crecieron sustantivamente los ingresos de la franja más rica de la población- que equivale a apenas un 5%- a raíz de un incremento del 32% en las exportaciones en 2021 con respecto a 2020 y de un 18% con relación a 2019. Esta perversa estadística, que es naturalmente oficial, constituye un cabal testimonio de la profundización del modelo concentrador en plena debacle social.
Los únicos beneficiarios de esta suerte de “bonanza” en un contexto de desastre, son los “malla oro”, según las expresiones del presidente de la República Luis Lacalle Pou.
¿Qué aportan estos señores para mitigar el padecimiento de miles de uruguayos pobres y excluidos, muchos de los cuales duermen a la intemperie con temperaturas bajo cero?
Muy por el contrario, estos miembros de la oligarquía patronal, que no generan empleo de calidad, siguen disfrutando de escandalosas exoneraciones y beneficios fiscales y embolsando la mayor porción de la renta que producen sus trabajadores.
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