Si parte del público se atiene solo a lo que le informan los medios sobre migración, compondrá su opinión exclusivamente con lo que acontece en la frontera estadunidense-mexicana con intentos centroamericanos, del norte sudamericano y del Caribe de trasponerla, frente a las acciones de la Casa Blanca (Biden, con apoyo de integrantes del Capitolio y el Poder Judicial) mientras esconden cifras de otros organismos precisando que millones de seres en el mundo por diversas razones deben abandonar sus países.
En el pasado me referí ampliamente al tránsito por el Mediterráneo, convertido desde hace unos años en un panteón de migrantes NN de partes de África y del Cercano Oriente. La ausencia de políticas de los 27 -en particular- para enfrentar la situación de emergencia de millones de humanos no se zanja con la actitud solidaria y desinteresada de organizaciones civiles que se hacen a la mar a rescatar obligados seres errantes. Para el caso europeo, Italia y el último episodio de sus normas dan idea de las formas y la victimización que infligen a los migrantes -de cualquier sexo y edad- que intentan llegar a su territorio.
Pareciera que el gobierno presidido por la derechista Meloni (complementado por otras formaciones de igual signo como las de Salvini y Berlusconi), no comprenden que el mantener una política hacia los migrantes que desembarcan en territorio italiano con crecientes restricciones y recorte de garantías, no pasa por una declaratoria de emergencia, aplicada en el pasado para casos de pandemia, terremotos o guerra. Como señalan los analistas, las medidas coercitivas que las autoridades han aprobado intentan, en primer lugar, dos cosas: instalar un mensaje entre los ciudadanos de que el gobierno trabaja sobre el fenómeno y comienza aprobando la emergencia y, subsidiariamente, salvarle el pellejo al criticado ministro del Interior, Piantedosi, acusado de ser el autor intelectual de la muerte de 93 migrantes en aguas de Calabria el pasado febrero. Llegado este punto conviene que se indiquen algunas cosas: la escogencia de Italia tiene que ver con que la vía marítima a través del Mediterráneo, aunque es una de las principales (seguramente la primera) es la más “barata”, pero no es el único acceso; 18 países de los 27 tienen normativas parecidas a las italianas en materia de “regulaciones” migratorias; la relación histórica y cultural del “paisito” (como le nombramos los bien nacidos que lo habitamos y no) junto con mi herencia y personal interés por dicho país.
Como una especie de frase para precipitar el entierro, Nicola Molteni, subsecretario de Interior e integrante de la derecha gubernamental, refiriéndose al estatuto previo, pronunció el definitivo epitafio: “La protección especial crea condiciones atractivas para la inmigración y vamos a eliminarla”. La eliminación de la protección supone que la nueva forma que adopta la norma limita el acceso al borrar criterios acerca de vínculos con naturales o familiares extranjeros residentes y para los casos en que se pueda aducir algún grado de integración económica.
Otro considerando de la nueva legislación aprobada, indica que “si una persona no corre un riesgo terrible en su país de origen, pero entretanto ha formado una familia o ha tenido hijos en Italia, la comisión que evalúa el estatuto de residencia no lo tendrá en cuenta”, de acuerdo a como lo interpreta Paolo De Stefani, docente de derecho en la Universidad de Padua. Asimismo, aquellos sujetos que salieron de sus hábitats debido a imprevistos naturales o se traten por alguna cuestión con médicos o clínicas italianas tendrán recortado su acceso de protección y no podrán -al término o durante su tratamiento- solicitar permiso de trabajo. De la
misma forma de “extirpación” normativa se anularán los cursos de idiomas y el asesoramiento jurídico en los lugares donde se realizan trámites de ingreso.
Se advierte que los recortes a la protección personal de las normas harán que los migrantes se ubiquen al margen de la ley, con una existencia laboral explotada e indocumentada.
Aquel país (y me refiero muy concretamente a sus actuales autoridades) parece ignorar la historia que señala que salieron de su territorio entre la Unificación y 1985, -oficialmente, según estadísticas propias- unos 29 millones de personas que fueron acogidas por países de todos los continentes. En dicha diáspora, egresaron antes de la primera Guerra Mundial más de 16 millones de italianos (unos 300 mil por año) y del total de emigrados y exiliados casi 65% no retornó a residir en Italia. Entre los emigrados y exiliados se deben contabilizar en el caso de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile al “héroe de dos mundos” (más allá de las opciones políticas por las que optó) Giuseppe Garibaldi, conjuntos familiares y -ntre ellos- el mío propio.
Dado el paso con la declaratoria de emergencia, el gobierno no encontró demasiadas resistencias para que el parlamento aprobara una nueva normativa para migrantes que resultó ser más que nueva un reajuste sobre la ya existente.
Durante una visita al país (2002) el político Massimo D’Alema sostenía que en el Uruguay, 44% de sus habitantes tenía por lo menos un apellido de origen peninsular y se sostiene que después de Italia, este país -con su escasa población- es la nación que alberga porcentualmente más italianos, que extienden su nacionalidad a familiares (hasta la 2ª generación por ellos mismos) a quienes no nacieron en la península pero que la ley los considera “oriundi” (oriundos), les concede la ciudadanía y el derecho a intervenir políticamente mediante el sufragio. Autoridades del país que ahora agrava la negativa de protección a los migrantes y a sus hijos nacidos en su suelo, habilitó según el padrón electoral, a votar en las elecciones italianas a unos 70 mil residentes en Uruguay.
Permítaseme aprovechar la oportunidad de hacer público que en los 80 las embajadas de la dictadura uruguaya se negaron a documentarme, por lo que agradezco a las autoridades mexicanas e italianas que sí lo hicieran.
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