La comparecencia del Director de Prensa de TV Ciudad Eduardo Preve ante una sede judicial, por una denuncia de la Secretaría de Inteligencia del Estado, constituye un grave precedente que amenaza con erosionar la libertad de expresión garantizada por la Constitución de la República.
Si bien el periodista fue citado por la Fiscalía en calidad de testigo y no de indagado, el episodio pone en jaque uno de los derechos más sagrados que debe regir en todo sistema democrático: el derecho a informar, que para un profesional de la comunicación es casi una insoslayable obligación y un compromiso con la sociedad.
Obviamente, el derecho a informar es ciertamente tan importante como el derecho a informarse, que es, aunque parezca redundante, un derecho humano de la ciudadanía en su conjunto.
El problema se originó con la denuncia de la eventual filtración parcial del programa de inteligencia, formulada por el titular de dicha unidad ejecutora dependiente de la Presidencia de la República, Álvaro Garcé, en un encuentro reservado que transcurrió en el Senado de la República. El hecho fue insólitamente calificado por jerarcas de gobierno y legisladores oficialistas como una suerte de atentado contra la seguridad nacional. Incluso, los reaccionarios más recalcitrantes, incluyendo al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no dudaron en tildarlo de “traición a la patria”.
Ahora, parece que el documento difundido públicamente no es el mismo que fue entregado a los parlamentarios y que habría sido filtrado desde la propia Torre Ejecutiva, lo cual pone bajo la lupa a otras dependencias estatales.
Como se recordará, Eduardo Preve fue cesado el año pasado como coordinador del informativo Subrayado de Saeta de canal 10, sin que se hubieran revelado los motivos de la decisión.
Aunque la Asociación de la Prensa denunció que la destitución fue promovida por presiones del gobierno, dicha imputación nunca pudo ser fehacientemente probada.
Sin embargo, la inefable senadora oficialista Graciela Bianchi, en el marco de su furibundo ataque al Poder Judicial y a los periodistas y un inconsciente rapto de sinceridad, afirmó que en su oportunidad se “encargo de Preve”, a quien calificó de operador político.
Aunque por supuesto la irascible legisladora –que no tiene filtro y suele tener actitudes de barra brava- nunca explicó el alcance de sus dichos ni nadie naturalmente se lo requirió, su afirmación parece ser una confesión de que el oficialismo tuvo mucho que ver con el despido del comunicador.
Naturalmente, esta situación se suma a otras denuncias de supuestos “aprietes” contra trabajadores de la prensa. Al respecto, el año pasado, el presidente de la APU, Fabián Cardozo, a raíz de la remoción de Preve y de la furibunda reacción de voceros del gobierno, que fustigaron al conductor del informativo de canal 12, Aldo Silva, por algunos comentarios formulados al aire, cuestionó los embates y los ataques verbales contra periodistas provenientes de legisladores y voces cercanas al gobierno.
Incluso, manifestó su preocupación por la afectación de 600 puestos de trabajo a raíz de la pandemia, entre despidos y seguros de paros. Casi un 40% de los periodistas afectados se quedaron sin empleo. Al respecto, destacó que entre los comunicadores despedidos figuran varios sindicalizados y dirigentes de la Asociación de la Prensa, a lo cual calificó de “barrida”.
A ello hay que sumar, naturalmente, la digitación de acreditaciones para la cobertura de las numerosas conferencias de prensa convocadas por el inquilino de la Torre Ejecutiva, durante la fase más álgida de la epidemia.
Esta nueva denuncia que originó la concurrencia de Preve a una sede judicial, es parte de una ofensiva del gobierno contra los comunicadores que no son obsecuentes, quienes, con su trabajo, le otorgaron visibilidad a los escándalos del otorgamiento del pasaporte al narco Sebastián Marset y a los delitos del excustodio del presidente de la República Alejandro Astesiano.
Fue tan intensa y removedora la repercusión de ambos episodios que ni siquiera el blindaje mediático del que gozó el gobierno en sus dos primeros años de gestión, logró detener el imparable tsunami.
Álvaro Garcé, ex Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario y hombre de extrema confianza del presidente Luis Lacalle Pou, quedó expuesto a raíz de estos dos hechos con apariencia delictiva no suficientemente investigados, que han afectado la imagen internacional del país.
Tras estos dos resbalones que ponen en tela de juicio su idoneidad para desempeñarse con solvencia en el alto cargo que ostenta y corroboran que la Secretaría de Inteligencia del Estado es un auténtico colador, el funcionario intentó recomponer su imagen presentando un plan de acción ante el Poder Legislativo.
Como se recordará, el propio Garcé confesó en el Senado de la República, que le advirtió al presidente Luis Lacalle Pou sobre el prontuario del ex custodio Alejandro Astesiano. Aparentemente, el llamado de atención no fue advertido por el mandatario.
Esta es una nueva cortina de humo mediática del gobierno para ocultar los verdaderos problemas del país, poniendo en el banquillo de los acusados a un reconocido comunicador, quien conduce un equipo de prensa de un canal que molesta al oficialismo, porque denuncia lo que otros callan.
En ese contexto, es también un avieso intento de soterrada censura y mordaza y un nostálgico resabio de la dantesca “caza de brujas” del pachecato y la dictadura, que conculcó la libertad de expresión.
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