En un contexto de desastre devenido de la epidemia, el gobierno de derecha instalado hace menos de tres meses, está abocado a consolidar su hegemonía en todas las dimensiones mediáticas, con el propósito de construir su propio relato restauracionista y abolir las voces del disenso y las expresiones opositoras.
No satisfecho con negar la cadena de radio y televisión al PIT-CNT para que emitiera su plataforma reivindicativa el pasado 1º de mayo e incurrir en el mismo desplante con las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura, el oficialismo se apropia ahora de un nuevo botín de guerra: los medios de comunicación públicos, que son de toda la sociedad,
Uno de los síntomas más preocupantes de esa compulsión por distorsionar la verdad e instituir la falacia- práctica habitual del bloque conservador en los últimos quince años- fue la resistida designación del periodista Gerardo Sotelo como Director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN), que gestiona todos los servicios comunicacionales estatales.
No en vano, en su primera resolución, Sotelo ordenó, mediante una circular interna dirigida a los responsables de Televisión Nacional del Uruguay y de las emisoras radiales que integran el conglomerado mediático, que todos los contenidos deben ser consultados y aprobados por el coordinador periodístico Jorge Gatti.
Al respecto, aludió a la necesidad de “establecer principios y criterios profesionales comunes”, con el presunto objetivo “de servir al interés público, balancear las opiniones y reflejar todos los puntos de vista relevantes para la comprensión de los hechos y presentarlos de forma imparcial”.
Bien sabe Sotelo, que tiene una vasta experiencia en esta profesión, que en periodismo la objetividad es casi una suerte de entelequia -él mismo es un ejemplo de obsecuencia- porque los trabajadores siempre deben responder a los mandatos de sus patrones.
Desde ese punto de vista, sus argumentos carecen de sustento y pecan de meramente baladíes, porque la independencia y la ética del comunicador siempre están condicionadas a los intereses sectoriales, económicos y políticos de los propietarios de los medios de comunicación masiva.
Alguien -que no voy a mencionar para no despertar innecesarias polémicas, pero que sabe mucho de este negocio- afirmó, en reiteradas oportunidades, que en Uruguay no existe la libertad de prensa sino la libertad de empresa.
Si bien parece una definición catastrofista, es evidente que la concentración de medios –particularmente audiovisuales en manos de poderosas familias patricias y ultraconservadoras- ha posibilitado la instauración, por la vía de los hechos, de una suerte de dictadura mediática.
No en vano, los permisarios de los señales de televisión abierta son los mismos desde hace seis décadas y el servicio para abonados también está en manos de dichos grupos económicos.
Todas las adjudicaciones del usufructo de frecuencias sin fecha aparente de caducidad, al igual que las de las más importantes emisoras radiales, fueron realizadas por los gobiernos de los partidos tradicionales.
Obviamente, los beneficiarios son, en todos los casos y casi sin excepciones, empresarios de filiación blanca o colorada y meros amigos o socios ideológicos de una derecha que, por supuesto, siempre ha ostentado el favor de los medios.
Ese matrimonio por conveniencia, que tiene más de sesenta años, es una suerte de negocio, que en muchos casos en el pasado incluyó millonarias pautas publicitarias, exoneraciones y, por supuesto, adjudicación de permisos de usufructo que redundan en cuantiosos réditos económicos.
A cambio de esos favores, ese empresariado oligopólico le paga a la derecha política con alta visibilidad –particularmente durante los ciclos electorales- y ha participando en el operativo de mentiras montado por el hoy nuevo oficialismo, que resultó decisivo en el desenlace electoral.
En ese contexto, los denominados partidos fundacionales que encabezan el gobierno multicolor junto a la derecha de extracción militarista, ejercen -entre bambalinas- una suerte de control que les garantiza una total impunidad para operar políticamente, mentir y prostituir la verdad a niveles de absoluta impudicia.
Esa suerte de soterrado poder orwelliano ha quedado elocuentemente testimoniado durante la presente emergencia sanitaria, con conferencias de prensa e informes oficiales minuciosamente digitados, donde hasta los medios y periodistas son cuidadosamente seleccionados. Obviamente, la clave es que no haya preguntas incómodas, repreguntas y menos aun salidas del libreto, que son una suerte de pecado capital.
A los que tenemos ya unos cuantos a años de vida y conocimiento histórico, esas puestas en escena –que constituyen flagrantes expresiones de alcahuetería- nos recuerdan a las cadenas de las Fuerzas Conjuntas de la dictadura, que debían ser reproducidas obligatoriamente por todas las radios y canales de televisión.
A esa diseñada arquitectura maquiavélica de sumisión de impronta autoritaria, se suma ahora la censura previa en los medios estatales, que evoca los sombríos tiempos del pachecato y de la tiranía liberticida.
Otra perlita es la derogación de la Ley de Medios y la inminente instauración de una nueva normativa, funcional a la concentración de la propiedad oligopólica en manos de empresarios de la comunicación afines al bloque conservador. Por supuesto, lo que está en riesgo es -nada menos- que la libertad de expresión, inherente al sistema democrático, la cual está consagrada por el artículo 29 de la Constitución de la República.
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