¿Epidemia de plebiscitos?

Nos encontramos con una avalancha de iniciativas para someter a votación popular varios plebiscitos en octubre de este año. Parece que muchos consideran que lo mejor para impulsar sus propuestas es agregar cosas a la Constitución. ¿Es correcto utilizar la democracia directa permanentemente? ¿No se desvaloriza el instrumento del plebiscito de esa forma? ¿O por el contrario es el mejor método para salvaguardar las conquistas que se puedan lograr? ¿No complica la elección nacional la existencia de tantas consultas en forma simultánea? ¿Vale trata de ganar en la liga lo que se perdió en el partido? ¿No sería mejor hacer una reforma constitucional en serio a mitad del periodo de gobierno? ¿Se busca perfilismo electoral con este tipo de acciones? ¿La constitución es un chicle?

¿Quién le teme a los plebiscitos? Por Benjamín Nahoum

1. “La historia de las asambleas es la historia de la libertad”, decía don José Batlle y Ordóñez, la herencia de cuyo pensamiento socialdemócrata se disputa ahora, aunque quizá deba declararse vacante. Por eso los griegos, que inventaron la democracia, resolvían todo en grandes asambleas. Ahora somos demasiadas y demasiados para que eso sea posible, pero aun así es válido que es mejor decidir las cosas importantes entre todos, que decidirlas entre pocos, aunque a esos pocos los hayamos elegido para representarnos. Porque, contra lo que dice el refrán, en este caso lo que se dio se puede quitar. Y para eso las democracias modernas tienen las formas de participación directa de la ciudadanía: la iniciativa popular, los referendos y los plebiscitos constitucionales. El gobierno se delega en los representantes del pueblo, pero éste lo retoma para ejercerlo por sí mismo cuando lo considera necesario. Y eso no es un problema, sino una fortaleza. Ya lo dijo Artigas, otro que no dejó herederos: “Mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana”.
2. En la primera mitad del siglo XX, ya pasadas las turbulencias de la centuria anterior, se decía del Uruguay que era “la Suiza de América”. Se hacía referencia así a que la estabilidad política, la organización democrática y el funcionamiento de su sociedad hacían que el pequeño corazoncito latinoamericano recordara a la aún más pequeña nación europea. Suiza es un país federal, en buena parte porque es un crisol de comarcas y nacionalidades. Para llegar a una forma de gobierno que hasta hoy se considera como ejemplar, y que fuera adecuada a toda esa diversidad, Suiza ha encontrado una herramienta insuperable: los plebiscitos. En 2022, por ejemplo, según nos enseña Wikipedia, se realizaron tres instancias plebiscitarias en diferentes fechas, resolviendo sobre un total de diez cuestiones. Una de ellas, casualmente, fue la autorización para aumentar el IVA para financiar las jubilaciones, lo que fue aceptado por el 55% de los votantes.
3. El Uruguay también tiene una importante experiencia en someter cuestiones a la decisión del conjunto de la ciudadanía: por esa vía se ha modificado la propia Constitución, varias veces, incluida la heroica de 1980 en que el pueblo uruguayo rechazó la propuesta de instaurar un gobierno tutelado, lo que hubiera continuado la dictadura por otros medios, como diría Von Klausewitz. Y, en particular, en dos plebiscitos convocados juntando cientos de miles de firmas, se aprobó, en 1984, incorporar a nuestra carta magna la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, seguros sociales o previsión social que se intente realizar en leyes presupuestales o de rendición de cuentas. y en 1989. disponer que los aumentos jubilatorios acompañen el incremento medio de los salarios y ratificar -nada menos- que es obligación del Estado cubrir los desequilibrios que pudiera tener el sistema previsional. En estos dos casos, en particular, los resultados fueron más que amplios y alinearon a los grupos principales de todos los partidos políticos, con excepción de los neoliberales ultraortodoxos y algún grupo de izquierda despistado.
4. Al someter estas cuestiones a la decisión popular, ¿se desvaloriza el instrumento del plebiscito? Un suizo respondería que todo lo contrario: que es la mejor forma de resolver problemas complejos, en los que se cruzan intereses e ideologías, y que también es la mejor forma de asegurarse que lo que se haga, se hará por el interés de las mayorías.
5. ¿Complica la elección nacional la existencia de una o más consultas plebiscitarias en forma simultánea? Bueno, pues es lo que dispone la Constitución, y si ésta no se modifica (por un plebiscito, claro) no hay otra forma de proceder. Pero ¿qué podría colaborar más en que la elección nacional se haga en un contexto de discusión de los grandes temas; qué serviría más para dar un mandato claro al gobierno que sobrevendrá que ponerlos simultáneamente a decisión de la soberanía? ¿Qué cosa le importaría más a un ciudadano sobre el partido o la persona que va a votar, que saber si está de acuerdo o no con hacerlo trabajar cinco años más para jubilarse, con mantener las prestaciones en valores irrisorios, o con dejar todo el sistema jubilatorio en manos de empresas privadas cuyo único interés es su propio lucro?
6. ¿Es mejor dejar estas cosas para más adelante, o resolverlas ahora, ya, antes que las malas soluciones que se han dado sigan causando perjuicios a la gente? ¿Hay que aceptar que en el Parlamento no existan las mayorías que existen en el pueblo, o éste debe tomar las riendas y resolver en el sentido que beneficia a quienes más lo necesitan? Y, en último caso, ¿quién asegura que en la próxima legislatura cambiarán los pareceres y lo que no salió ahora, salga entonces? Por de pronto, en estos días el senador frenteamplista y precandidato presidencial Mario Bergara ya avisó que él confía que las AFAP privadas administrarán los ahorros de la gente con mayor garantía que el Estado y por lo tanto ahí habrá un voto para que las AFAP permanezcan. Aunque ello sea una curiosa profesión de fe por parte de quien fue ministro de Economía y presidente del Banco Central de gobiernos de izquierda y ahora revela que se queda más tranquilo con el capital al volante que si el conductor es él mismo.
Por todo eso, es muy importante que sigamos usando la herramienta del plebiscito cuando sea el recurso que nos quede. Así fue como pudimos impedir que se pusiera al país bandera de remate en los noventa y así es como podemos impedir ahora que continúe el desmadre aprobado por la coalición que nos gobierna, que es rechazado por la gran mayoría de la población, como establecen las encuestas. Y conseguir que se implante la transparencia en la provisión de cargos públicos, aunque a algunos políticos no les guste, porque prefieren dárselos a sus amigos.

Pierden en la cancha y pretenden ganar en la liga
Por Carmen Asiain
Todo apunta a que los electores deberemos decidir en las elecciones nacionales de octubre por lo menos sobre cuatro reformas constitucionales, una verdadera epidemia de plebiscitos.
Sin entrar en el fondo del asunto planteado por cada iniciativa reformadora, la primera y más evidente dificultad para cada uno de nosotros votantes será la de poder identificar con claridad de qué trata cada proyecto para reformar nuestra carta fundamental, porque mucho se juega cuando se habla de cambiar nada menos que la Constitución de la República. La tarea de lograr saber qué entraña cada reforma no es nada fácil, especialmente en el caso de las propuestas contenido muy técnico -como las vinculadas al borrón con plumazo del sistema previsional común sobre seguridad social y a la que implica un perdona tuttis de las deudas, interviniendo los contratos y calcificando los intereses en la rigidez de la Constitución.
La reforma de la seguridad social llevó dos años y medio de estudio por parte de expertos, en consulta con los diversos estamentos de la sociedad civil y asociaciones de trabajadores, empresarios y pasivos, profesionales y catedráticos. Llevó no menos de seis meses de estudio y negociación en el parlamento. Y todo el complejo bagaje técnico que implica la propuesta sobre la que deberemos decidir, nos la deberemos deglutir sin saborear entre jingles derrochadores de esperanza, debates cuando no acusaciones entre candidatos y la contaminación visual de las pancartas y cartelería. Ni hablar de los spots que ahora invaden también las redes.
De los cuatro plebiscitos sobre los que nos deberemos pronunciar -y no hablo de decidir, pues decidir implica un proceso con etapas que incluyen informarse, evaluar, ponderar alternativas, nada de lo cual será posible. salvo para unos pocos- de esos cuatro plebiscitos, tres han transitado procesos legislativos y han salido perdidosos en ese ámbito que es el natural de discusión de las leyes: los dos ya mencionados y el de ingreso a los gobiernos departamentales obligatoriamente por concurso. En el caso de la reforma seguridad social, fueron las mayorías parlamentarias, o sea los representantes, los que le dieron rango legal. En el caso del plebiscito mal llamado “deuda justa”, tras casi dos años de estudios de diversas alternativas y negociaciones y de escuchar a expertos, quedó por el camino por falta de acuerdo en el parlamento. En el caso del proyecto del extinto Senador Peña sobre ingreso a los Gobiernos Departamentales, no logró reunir la mayoría necesaria de voluntades de los legisladores para ser ley.
¿Fracasó el principio representativo? ¿O es que quienes pierden en la cancha del parlamento -ámbito propio para la discusión y negociación- quieren ganar en la liga, o sea fuera de la cancha? Nuestra Nación adoptó para su Gobierno la forma democrática republicana y encomendó a los Poderes representativos el ejercicio indirecto de la soberanía -esto lo establece la propia Constitución en su parte dogmática, donde se plasman las bases fundamentales de nuestra nacionalidad-. ¿Los representantes no representan?
Por otro lado, en el caso de los tres plebiscitos referidos, su contenido difícilmente puede considerarse materia constitucional. Se pretende blindar bajo llave y el candado dentro de la Constitución, soluciones que son de típico resorte parlamentario, más adecuado a los cambios y avatares. Las enmiendas son así estrujadas para caber donde no pertenecen, y son vendidas al incauto votante mediante propaganda reduccionista que quiere hacer caber lo que llevó más de trescientos artículos de la Ley del Sistema Previsional Común, en un eslogan de tres palabras. Y seguimos sin ingresar en el fondo o contenido propuesto.
Da piedad visualizar mentalmente al votante ingresando al cuarto secreto, enfrentado la multiplicidad de opciones de candidatos y listas -a lo que más o menos está acostumbrado- y además en esta oportunidad, cuatro papeletas que dirán “SI” en letra grande, con una brevísima referencia a la reforma que no logrará desasnar al pobre elector. Tendrán colores para distinguirlas, suponemos, con lo cual el partido se va a definir más dependiendo de lo que los clubes partidarios y dirigentes ensobren o fidelicen identificándose con tonos como pasó con los rosados y celestes últimos.
Otra interrogante que me acecha desde que surgieron las primeras iniciativas: ¿los impulsores de las reformas, de veras querrán ser gobierno en caso de que éstas prosperen? Los plebiscitos así instrumentalizados para intentar ganar las elecciones, se volverán en algunos casos, contra las posibilidades de cualquier facción de gobernar efectivamente. ¿No importa?
Pierden en la cancha, quieren ganar en la liga y al final, perdemos todos.

La coyuntura de los candidatos no debe estar en la Constitución por Gonzalo Baroni
La amplia participación ciudadana en Uruguay, respaldada por un sistema de voto obligatorio y una sólida tradición democrática, ha consolidado al país como un referente de estabilidad política en la región y a nivel mundial. Esta estabilidad se refleja en la confianza en las instituciones democráticas y en el respeto por el Estado de derecho.
En este contexto, la reciente avalancha de iniciativas para someter a votación popular varios plebiscitos en octubre de este año plantea desafíos y oportunidades para fortalecer aún más nuestro sistema democrático. Si bien la inclusión de temas en la Constitución puede ser vista como una forma de garantizar conquistas sociales y actualizar nuestro marco legal, es crucial abordar estas consultas de manera reflexiva y considerada. La coyuntura política individual debe dejarse de lado.
Uruguay cuenta con un sistema político en el que buena parte de sus candidatos son verdaderos representantes de la ciudadanía, lo que brinda una base sólida para la toma de decisiones democráticas. En este sentido, es fundamental que los plebiscitos sean utilizados como un complemento de este proceso representativo, permitiendo a la ciudadanía expresar su voluntad sobre temas de importancia nacional.
Sin embargo, es importante evitar la sobrecarga del proceso electoral con demasiadas consultas simultáneas, lo que podría diluir la atención de los ciudadanos y generar fatiga política. Que a Uruguay le vaya bien en estas ligas, no significa que debamos abusar del instrumento. En lugar de ello, se podría considerar un enfoque más estratégico, convocando plebiscitos en momentos oportunos y abordando las reformas constitucionales con la seriedad y la deliberación que merecen.
La Constitución no debe ser tratada como un documento maleable al servicio de carreras ideológicas de turno, sino como la piedra angular de nuestra democracia, que debe ser actualizada con responsabilidad y visión de futuro. En este sentido, el proceso de reforma constitucional debe ser guiado por el respeto por los principios democráticos y el compromiso con el bienestar de todos los ciudadanos.
Para otro capítulo deberíamos dejar la falta de criterio republicano a la hora de querer incorporar determinados temas en la Constitución.
En resumen, Uruguay, como democracia estable y referencia en el mundo, tiene la oportunidad de utilizar los plebiscitos como una herramienta complementaria para fortalecer su sistema democrático. Sin embargo, es crucial mantener un equilibrio entre la participación ciudadana directa y la representación política, garantizando así un proceso democrático sólido y efectivo que refleje verdaderamente la voluntad del pueblo uruguayo.

El último recurso por Cristina de Armas
La política repite y repite hasta lograr su objetivo ya sea a través del convencimiento de la ciudadanía o hasta que la encuentre lo suficientemente desprevenida, indiferente o cansada para detenerlo. Esta nueva ola de plebiscitos tiene una motivación más práctica de lo que plantea. Si logran la votación necesaria es una cucarda, un gol político, pero aún si no lo logran es una forma de marcar sus votos, recuerde siempre que los votos se pagan, muestran fuerza política y se negocian por cargos, siempre. Verá lector que cada partido plantea el suyo; por eso los cuestionamientos en las internas partidarias si los plebiscitos no son presentados por el partido político en su conjunto. Se le pide al ciudadano que decida entre varios temas en medio de una elección mayor. Los temas propuestos en los plebiscitos son siempre de fácil comprensión para el elector -aparentemente -, que al comprender puede formar su opinión y sentir que influye más con ese voto que en la elección mayor. Eso puede hacer que el elector – y es lo que el político espera- decida votar en la elección mayor al mismo partido que propuso el plebiscito que votó. Todo lo dicho no va en contra de la herramienta de democracia directa que nos dejó José Batlle y Ordóñez, al contrario, pero, siempre se puede contar con la picardía política. Pero dejando esto de lado lo importante una vez más es la Constitución. Cada vez que los políticos en su juego intentan desde su lugar de oposición u oficialismo modificarla, yo digo: la Constitución no es un librito. Hace referencia a una anécdota que se cuenta sobre nuestro primer presidente Fructuoso Rivera cuando al terminar su mandato quiso ir por la reelección y alguien le dijo que la Constitución se lo prohibía. Se dice que él respondió: Ah! ¡El librito! Insisto en que el estudio de la Constitución de nuestra república debería ser obligatorio en todos los años de enseñanza primaria y secundaria, que debería estar en cada hogar al alcance de la mano y que el ciudadano debería erizar la piel cada vez que escucha que un político la nombra. Es que lector, la Constitución es la forma en que vivimos nuestra vida en sociedad, es la columna vertebral de nuestras instituciones, es nuestro derecho, nuestro deber, pero, sobre todo, nuestra garantía. He hablado en profundidad en otros artículos sobre los temas de plebiscito. Le pido que recuerde que hasta los regímenes autoritarios y las dictaduras intentan siempre manejarse al filo o legitimarse de alguna manera en la Constitución de su país. Por algo es. En cuanto al plebiscito sobre deuda, lo dicho; quién puede estar en contra del fondo del tema, pero no es la forma, hay otros caminos para conseguir lo mismo y son los que se deben seguir porque, Lector; si existe otro camino, tocar la Constitución debe ser siempre, el último recurso.

“QUÉ TOUPET” por Maia Amondarain

El año electoral, para quienes coexistimos en veredas políticas, es una época de emociones alborotadas, incertidumbre, cambio, dudas; y lo sabemos desde que asume un nuevo gobierno. Cada año legislativo tiene su particularidad, pero especialmente, en el último, vivimos con una incerteza que se vuelve normalidad; hasta que se cierran las listas, hasta que queda escrutada la última urna. Existen otros extremos fácticos que se integran, también, a esa normalidad; y si hay algo que se ha vuelto una certeza para los uruguayos, es que cuando se acerca este año, va a haber alguien a quien se le va a ocurrir “toquetear” la Constitución de la República.
Se ha convertido en una -mala- costumbre de muchos, y de todos los colores, proponer reformas constitucionales como “manotazo de ahogado”, ante panoramas electorales y/o políticos pocos auspiciosos. Antes de que quienes impulsan y militan plebiscitos este año se sientan heridos en su susceptibilidad, me detengo a recordar la propuesta de reforma de Larrañaga en 2019, año en que se posicionó tercero en la interna del Partido Nacional. Para ese entonces, pronunciarse en contra del plebiscito, ante el escenario de inseguridad que se vivía en nuestro país, era para algunos defensores de la reforma, casi lo mismo que ser un amigo del delito. Nada parece cambiar: hoy te pueden calificar desde empobrecedor de personas mayores, hasta de lacayo del señor feudal clientelista.
Parecería como si los defensores de las reformas constitucionales llevaran la capa de la moralidad y de la justicia, y el monopolio del tema de fondo. Por supuesto que quienes nos opusimos a la reforma en 2019 estábamos preocupados por la seguridad, el crecimiento del narcotráfico y la integridad de todos los compatriotas; simplemente no creíamos que esa fuera la forma. Ni que hablar que nos ocupa la seguridad social, que el trabajo de una vida pueda sostener la tranquilidad de una tercera edad digna y libre. También, entendemos que es fundamental establecer mecanismos cada vez más transparentes para la contratación de funcionarios públicos en los Gobiernos Departamentales, pero, ¿reformar la constitución es realmente la solución a estas problemáticas? ¿Acaso los concursos para contratación de funcionarios públicos han erradicado el clientelismo en el Poder Ejecutivo o en Servicios Descentralizados? No lo sé, pero sin dudas, es más atractiva y tiene más contundencia a la hora de pedir el voto, la propuesta de una reforma constitucional, que medidas específicas en los programas de gobierno.
Hace tiempo dejé de usar el concepto “vieja política” solamente para hacer consideraciones negativas. Creo que hemos avanzado – y debemos siempre seguir en esa línea– y superado algunos aspectos negativos del pasado político, pero quizás eso nos lleva, muchas veces, a dejar atrás e ignorar características notables de la historia que tenemos como comunidad política. Los y las grandes doctrinas de derecho, legisladores y legisladoras, sus parlamentos y rigurosidad jurídica, su poder de negociación y capacidad de consenso que nos llevó a superar los momentos más oscuros de nuestro país; y podría seguir. El problema de fondo no es, exclusivamente, de derecho constitucional, sino la incapacidad que presenta el sistema político para proponer y solucionar los problemas de la gente.
El uso de estos mecanismos de democracia directa cuando se acercan los años de elecciones, la hiperinflación de leyes de ideas fantásticas, la falta de rigurosidad jurídica; solo son muestras de cómo el oportunismo político nos aleja de lo importante. Los operadores de derecho necesitamos dejar de hacer malabares con la cuestionable técnica jurídica que se maneja en el Palacio Legislativo, justamente, para poder facilitar y mejorar la vida de las personas.
Los y las uruguayas deben ser el foco. La comunidad, su realidad, su vida. Se presentan ciertas propuestas como las soluciones mesiánicas a las distintas problemáticas, desde un escritorio en Montevideo, como expresiones de deseo, que a veces no se ajustan a la realidad de los territorios o de los trabajadores.
Con esto no quiere decir que no haya que acudir a los mecanismos de democracia directa como el plebiscito, y tampoco mi intención es deslegitimar o subestimar a quienes firmaron o juntan firmas para reformar la Constitución; nada fuera de ella. El soberano será quien, en las elecciones nacionales, decida qué es lo mejor para el interés general. No obstante, esta es una invitación a la reflexión para todos los actores políticos de nuestro sistema, y, especialmente, a los legisladores, elegidos por los mecanismos democráticos previstos en nuestra Carta Magna. ¿Están proponiendo sus mejores ideas, con la honestidad intelectual que desearían? ¿Son conscientes del equilibrio que tiene que haber entre los intereses políticos partidarios y el bien común? ¿Priorizan la evidente necesidad de la gente o sus propios caprichos? Estas preguntas trascienden a la discusión de si corresponde o no reformar la Constitución este año.
La Constitución es el pacto social de nuestra gran nación. Sin dudas el dinamismo y la evolución deben verse reflejados en ella. Es claro que hay varios temas por los que debería haber una reforma constitucional, y eso queda para otro artículo, pero es muy importante que esto se haga con la responsabilidad y el tiempo que merece. Las reformas constitucionales han marcado hitos en nuestra historia. ¿Cómo no va a ser esto así, si estamos hablando de las bases de nuestro funcionamiento como sociedad? Necesitamos menos liviandad y oportunismo, y más consenso nacional y seguridad jurídica.

Poder popular por Juan Pablo Grandal
Los mecanismos de democracia directa son tan válidos en nuestro sistema de gobierno como cualquier otro para modificar la normativa vigente en el Uruguay. Eso no cambia al ser los distintos proyectos muchos, o pocos. Ni que hablar de que lo que cada uno defina como “mucho” o “poco” es absolutamente variable.
Mi sospecha es que quienes ejercen esta crítica lo hacen porque tienen miedo de que iniciativas que surgen de varios sectores de la sociedad no pueden ser sofocadas en las discusiones intrapartidarias o en los pasillos del Parlamento.
En este año electoral en particular, existen dos propuestas con posibilidades realistas de llegar al número de firmas necesario para ser sometidas a consulta popular: la reforma constitucional contra la usura impulsada principalmente por Cabildo Abierto; y la reforma constitucional contra la reforma de la seguridad social impulsada principalmente por el PIT-CNT y varias organizaciones sociales (valga la aclaración, que mi definición del contenido de ambas propuestas las simplifica al extremo). Y otras, como la propuesta de reforma constitucional de Uruguay Soberano, lamentablemente con menos chances.
En mi caso particular consideraría extremadamente positivo para el país que cualquiera de ellas pueda ser sometidas a la consulta popular, y que cualquiera de ellas triunfe. Firmé por todas ellas y votaría por todas ellas el día de la Elección Nacional. Y lo haría con un entusiasmo exponencialmente superior que el que me llevaría a votar por cualquiera de los actuales candidatos a la Presidencia.
Hablando, de nuevo, desde mi propia perspectiva, es poco lo que se encuentra en puja entre ambos bloques electorales. Obviamente tengo mi preferencia, leve. Pero no veo claramente dos proyectos de país realmente contrapuestos, distintos. Veo dos proyectos de país similares, con ciertos matices. Pero en estos proyectos de reforma constitucional si se encuentran en juego visiones bastante transformadoras de la realidad del país, lo cual todos podemos admitir, estemos a favor o en contra.
¿Qué es a fin de cuentas más legítimo? ¿Votar a favor o en contra de propuestas transformadoras, o votar por un candidato u otro con proyectos de país similares? ¿Dónde el ciudadano puede realmente elegir, optar, decidir? ¿Por qué sería un problema que haya más instancias en las que el voto ciudadano sea realmente importante? Puede que hable desde mi perspectiva personal, pero dudo sea el único que siente más expectativa por el resultado de estas propuestas de reforma constitucional que por los resultados de las elecciones internas, nacionales, o un posible balotaje. Quizás mejor, deberíamos cuestionar el absoluto conformismo ideológico en el que se mueve la política partidaria y el inmovilismo de nuestro sistema político-partidario, aparentemente alérgico a cualquier proyecto transformador de la realidad. Con honrosas excepciones. Y alérgicos a que el pueblo ejerza su poder como soberano sin pedirles permiso.

La carta magna en la manga por Leo Pintos

No debiera ser necesaria la aclaración, pero por si acaso es bueno empezar diciendo que la voluntad popular es siempre la última palabra en los grandes temas nacionales. Y en ese marco, el proceso de movilización para alcanzar las firmas necesarias debe verse como una parte esencial de la vida democrática. Lo que no significa que ese recurso sea siempre un acierto. Porque reformar la Constitución puede resultar inconveniente, o en el mejor de los casos, una inocua muestra de voluntarismo.
El problema viene cuando la propuesta de plebiscito es hija del oportunismo electoral. Y eso es lo que viene sucediendo con la media docena de propuestas que se buscan plebiscitar en la próxima elección. Verdaderos actos de irresponsabilidad por parte del sistema político y de las organizaciones sociales que las promueven. Y esta proliferación de propuestas parece ser la renuncia tácita a la búsqueda de consensos políticos, para lo que en definitiva delegamos en los gobernantes la tarea de resolver los grandes problemas. Querer «intervenir» la Constitución con disposiciones que topeen las tasas de interés de los créditos, fijar la edad para jubilarse y el monto de la jubilación mínima y otros tantos disparates propuestos son la demostración de que no se tiene una visión común de los problemas, ni de las soluciones.
El oportunismo y la demagogia, el Lennon y McCartney de la política, elección tras elección han intentado colar disposiciones en la Constitución en lo referido a la seguridad pública. Así como antes fue la inimputabilidad adolescente o el mantra «vivir sin miedo», hoy son los allanamientos nocturnos. Nuevamente la firma inconfundible del mismo dúo de autores. Otra vez la pereza intelectual, otra vez el atajo para llegar antes a ninguna parte.
El Partido Colorado vino a demostrar que aún estando en el CTI se puede dar vergüenza ajena. Porque eso es lo que provoca la propuesta de incluir en la Constitución el ingreso por concurso o sorteo en las intendencias. No sé si somos conscientes de lo patético que es que el sistema político reconozca que el clientelismo y la corrupción han campeado a lo largo y ancho del Estado. Cierto es que esta disposición no es perjudicial en sí misma, pero sería doloroso comprobar que como es de estilo en Uruguay, hecha la ley, hecha la trampa.
Volviendo al principio, no es malo apelar a la consulta popular en ciertos temas. Lo que no está bueno es abusar del mecanismo. Quizá la receta pase por promover la capacidad de análisis crítico de las sociedades del siglo XXI, unida a una buena, detallada y honesta información a la hora del debate. Corremos el riesgo de que la polarización estreche demasiado el campo de actuación política y se termine apelando al instituto de la reforma constitucional como último recurso de ciertos sectores de la sociedad, que no ven en la política la solución que buscan.

Plebiscitos por doquier por Rodrigo da Oliveira

Cinco proyectos de reforma constitucional se perfilan para las elecciones nacionales de octubre de este 2024 en curso. Cinco oportunidades para ejercer la llamada democracia directa, eludiendo la intervención de los legisladores, asumiendo dicha tarea la propia ciudadanía.
También cinco oportunidades de generar confusión entre los votantes; máxime en aquellos en quienes la cuestión electoral es un mero trámite o formalidad.
De modo que, así planteadas las cosas, cabrá a las diferentes agrupaciones que apoyan uno u otro intento de reforma, el «ensobrar» tales papeletas. Esto es colocar junto a las boletas partidarias, aquellas de apoyo a el o los plebiscitos que sustente tal agrupación o corriente política.
La cuestión es algo más compleja, desde que no parece haber alineamientos claros de adhesión a tales proyectos, por parte de los diferentes actores políticos. Algunos lo hacen a título personal, otros dudan todavía sobre qué posición tomarán finalmente.
Uruguay tiene un largo historial en esta materia, desde aquel 1917 en que se votó un plebiscito por primera vez, referido esa vez al cambio de régimen de gobierno (pasando al del Consejo Nacional de Administración), se han ido sucediendo sobre diversos temas y materias, no necesariamente de índole estrictamente constitucional. Pero tomando esa opción se actuó, muchas veces, a lo largo del siglo XX.
Hoy mismo, parece seguir representando una herramienta válida; ya por sus alcances, ya por la facilidad de su acceso y puesta a consideración de la población votante.
Comparado con un referéndum, que solicita un 25% de firmantes, el 10% que requiere un plebiscito es de mucha más sencilla concreción.
Planteadas así las cosas, para octubre tendremos unos cuartos secretos tapados de listas y papeletas, haciendo difícil que se distinga cuál es para qué propuesta, cuestión esta que termina empujando al elector a no optar por ninguna, excepto que la lleve ya desde su casa.
Mala cosa, abusar del mecanismo no en el fondo, sino en la forma, es el panorama frente al que nos encontramos hoy.
¿Deberían estas cuestiones dirimirse en etapas diferentes a las de las elecciones generales? Es posible, permitiría otro acceso a la información sobre las propuestas, un debate más profundo y una mayor calidad democrática.
¿Quiere la ciudadanía mayor cantidad de instancias de este tipo, generando además mayor gasto? Posiblemente la respuesta sea no, que ya son suficientes las cuatro elecciones seguidas ordinarias, para encima obligar a concurrir más veces a sufragar.
¿Podría hacerse tal, sin la obligatoriedad del voto? Otra materia a debatir.
¿Planteamos una consulta, acerca de voto obligatorio sí o no?
¿Para una democracia fuerte y sana, necesitamos una concurrencia compulsiva del cuerpo electoral?
Más dudas que certezas, pero estos debates enriquecen, a través de las diversas voces.

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