Grupos activistas que promueven la legalización de la eutanasia, junto a algunos legisladores que les apoyan, se han quejado públicamente de una supuesta demora injustificable en la Comisión de Salud del Senado. Se acusa a algunos de los legisladores integrantes de la comisión, como si hubiera una deliberada intención de no tratar el tema. Al mismo tiempo, lo expresan como una urgencia, como un reclamo social, como una necesidad impostergable. Y, además, se crea una falacia de hombre de paja, etiquetando a cualquier oposición al proyecto como “enemigos de la libertad”, de “falta de espíritu democrático”, de “conservadores” o de “querer imponer las propias convicciones morales” al resto de la sociedad. De este modo, se predispone a etiquetar cualquier crítica al proyecto de eutanasia, como oposición a valores humanistas. Este relato de ficción, de tanto repetirse, se vuelve un mito que da sentido a las teorías conspirativas y justifica hacer oídos sordos al diálogo crítico y a un debate responsable, que tome en cuenta las críticas y no fabrique fantasmas donde no hay. Me detendré a analizar brevemente estas afirmaciones infundadas y reiteradas, que solo son funcionales a un relato que da la espalda a la realidad y que busca evitar que se escuchen otras perspectivas, simplemente estigmatizándolas de “dogmáticas”, sin atender racionalmente a los argumentos.
¿Demora en el Senado?
Es de acceso público la lista de proyectos anteriores al de eutanasia que todavía no han sido tratados en la Comisión de Salud del Senado. Alcanza con entrar a la web para ver los más de 20 asuntos pendientes por tratar. El senador Amin Niffouri, que no se ha pronunciado respecto al proyecto, ha explicado públicamente en una entrevista radial que el tema está en la agenda para ser tratado.
Por otro lado, extrañamente hay una resolución de la Comisión de poner el proyecto de eutanasia en primer lugar para tratarse próximamente, cuando hay otros proyectos que por razones de justicia y relevancia social deberían tratarse antes, como el que contempla la situación de los celíacos. Aparentemente, la presión de unos pocos puede invertir las prioridades del tratamiento de asuntos que afectan a la salud de muchos uruguayos.
¿Es urgente aprobar la eutanasia?
Uruguay tiene dos leyes que hacen la diferencia a la hora de asegurar una vida digna hasta la muerte y un morir sin sufrimientos. En primer lugar, tenemos desde 2009 una ley de Voluntades Anticipadas (18.473), por la que “toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria tiene derecho a oponerse” a que se “le apliquen tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de su calidad de vida”. Tenemos derecho a solicitar anticipadamente que nos dejen morir en paz y que no nos prolonguen la vida artificialmente, cuando ya no podamos consentir.
Por otra parte, tenemos recientemente aprobada (20.179) una ley de acceso universal a Cuidados Paliativos. Eso significa que -como ya lo han explicado desde el MSP- en menos de dos años todas las personas de nuestro país podrán contar con el alivio y el cuidado que merecen, especialmente al final de la vida. Porque nadie tiene que sufrir cuando es posible aliviar el sufrimiento. Es de amplio conocimiento por los expertos en Cuidados Paliativos que pacientes derivados tardíamente o que han sufrido mucho y piden morir, cuando son bien tratados, aliviados y bien acompañados, desisten de la idea, porque lo que quieren no es morir sino dejar de sufrir. ¿Qué pasaría si pacientes que sufren no acceden a Cuidados Paliativos de calidad? ¿Solo se les ofrecerá acabar con sus vidas como una salida liberadora?
Los paliativistas a quienes he podido entrevistar confiesan que durante toda su vida han tenido muy pocos pedidos de eutanasia, y que la mayoría de esos casos excepcionales cambian con una mejora en la atención. Uno de los dos únicos casos mediáticos por el que el tema se ha puesto en discusión, cambió su deseo de morir gracias a un buen proceso de prepararse para morir, acompañado por un experto en Cuidados Paliativos.
Lo que es urgente en Uruguay es que todos tengan el alivio que necesitan, el cuidado que merecen. Y cuando eso efectivamente sea posible, se podría discutir con objetividad si hay casos excepcionales que admitan la discusión, de si en Uruguay habría necesidad de legislar sobre formas de suicidio asistido o de eutanasia. Todo parece indicar que no hay reclamo social, aunque el desconocimiento del tema hace que muchos al preguntarles digan que están a favor, porque no quieren sufrir y porque antes de imaginarse deteriorados o de ser una “carga”, preferirían adelantar la muerte. Pero poco se entiende la diferencia entre rechazo de tratamiento, sedación paliativa y eutanasia.
Apurar una ley de eutanasia sin una profunda discusión, sin un acceso universal y real a Cuidados Paliativos, solo ofrecería la muerte anticipada a personas que bien atendidas no desearían morir. ¿No sería más adecuado esperar a que los Cuidados Paliativos alcancen a toda la población para empezar a discutir si es necesaria una ley de eutanasia? ¿No es irresponsable políticamente? Y si me preguntan: ¿y qué le decimos mientras tanto al que sufre? La respuesta es clara: hagamos todo lo necesario por atenderlo y aliviarlo.
Ninguna garantía, menos derechos
Lo más nefasto de todo es que el proyecto da garantías solo a quien provoca la muerte, pero no al paciente.
La Académica Nacional de Medicina, la FEMI, el Colegio Médico, el MSP y varias organizaciones sociales, han advertido sobre los riesgos del proyecto aprobado en diputados. De hecho, médicos que no se oponen a la eutanasia en algunas excepciones, manifestaron con preocupación la falta de garantías del proyecto que quieren apurar para discutir en el Senado.
No cuenta con nada de garantías para el paciente que sufre: solo unas formalidades administrativas. Por ejemplo, es sumamente irresponsable que se plantee que la comisión de ética que evaluaría los casos de eutanasia lo haga postmortem, y no antes de la eutanasia. De encontrarse alguna irregularidad, el paciente ya habría fallecido. Además, los candidatos no son pacientes moribundos como se repite, sino cualquier adulto con una enfermedad crónica, incurable e irreversible que le provoque sufrimientos o tenga condiciones de salud que afecten gravemente su calidad de vida. Bajo esta categoría casi cualquiera que sufra y tenga patologías crónicas tendría “derecho” a pedir la muerte. “Se le informará” que existen los Cuidados Paliativos (como una opción), pero no se le asegura una auténtica experiencia de cuidados que alivien su sufrimiento efectivamente, sino que, estando en pleno sufrimiento, puede ir directo a pedir la muerte, con lo cual muere sufriendo y no aliviado, ni valorado ni acompañado.
No hay psiquiatra, ni psicólogo, ni asistente social, que pueda evaluar efectivamente la libertad del paciente que puede sentirse una carga, o simplemente sentirse abandonado, deprimido y sin ganas de vivir. ¿Solo dos médicos generales van a hacer toda la evaluación del deseo de morir? Parece que sí, lo cual es un escándalo para cualquiera que entienda del diagnóstico y abordaje del Deseo de Adelantar la Muerte (DAM) como síntoma reversible y tratable, por equipos especializados de Cuidados Paliativos.
La lista de falta de garantías es larga y escandalosa, pero insisten en repetir con slogans que es “garantista”. Alcanza con leer el proyecto y pensar en la real situación de los pacientes para darse cuenta de que solo da garantías a quien provoca la muerte, no a quien está sufriendo. Quienes no reparan en el tema son convencidos por frases sueltas como “es un nuevo derecho”, “es un tema de libertad personal, donde cada uno decide” y espejismos de toda clase, cuando de lo que se trata es de un grave desprecio por las vidas que se consideran menos productivas, menos valiosas y que sería un acto de “compasión” y de “respeto por su libertad”, eliminarlas.
“Es una decisión personal” repiten muchos. Pero, que quede claro, el paciente ni siquiera decide, solo expresa su voluntad. La decisión de a quién aplicar prevención del suicidio y a quien causar la muerte recae en los médicos o en quien ellos deleguen, con el atentado a los Derechos Humanos que eso implica.
Mayorías desinformadas
La supuesta mayoría favorable a la eutanasia es bastante cuestionable, especialmente cuando gran parte de la población, incluso varios legisladores, no distinguen las Voluntades Anticipadas o la sedación paliativa de la eutanasia. Esto es algo que he comprobado en conversaciones con legisladores. Al entender de qué se trata, varios cambian de opinión, evidenciando que es una cuestión de darle tiempo al estudio responsable. De lo que estaban a favor era de no morir sufriendo, de tener una muerte digna, de elegir que no se prolongue la vida inútilmente ni se cause sufrimiento, y no de la eutanasia (inyección letal).
No profundizar en el tema hace que todo quede en slogans que distraen de lo que está en juego, avanzando por el complejo camino de legitimar social y jurídicamente una forma de dar muerte a las personas más vulnerables con “su consentimiento”.
Es preocupante que todavía se escuche a legisladores opinar que “la eutanasia es un secreto a voces” que ya se practica. Esto es falso, y una confusión con la sedación paliativa. Todavía se escucha a legisladores decir que hay sufrimientos que los Cuidados Paliativos no pueden tratar, como si la eutanasia fuera un tratamiento. Es obvio que es más humano dormir a un paciente cuando no se puedan controlar sus síntomas, que matarlo. ¿En qué clase de sociedad nos queremos convertir? La eutanasia y los Cuidados Paliativos no son dos opciones equivalentes, ni médica ni moralmente: los Cuidados Paliativos son un derecho, mientras la eutanasia es desconocer un derecho humano fundamental y despreciar la vida de quien sufre.
¿Una sociedad humana y que progresa?
Una sociedad humanista y que piensa en lo mejor para sus ciudadanos es la que respeta el derecho de cada uno a decidir aceptar o rechazar un tratamiento, y a planificar los cuidados que desea (y los que no), para cuando no pueda consentir. Una sociedad que progresa es aquella que honra el derecho universal a los Cuidados Paliativos, garantizando una atención que nos ayude a vivir y morir en paz, valorados y bien cuidados.
Si la eutanasia fuera una opción sin tener implementados los Cuidados Paliativos para todos, ¿no estaríamos condenando a muerte a personas que sufren y que no conocen el alivio? Si el sufrimiento físico se puede aliviar al 100%, pero no se puede aliviar todo padecimiento existencial, ¿la salida es proponer una forma de suicidio asistido a quien aún aliviado quiera morir?
Si fuera realmente un “nuevo derecho” como dicen, ¿no tendría derecho todo ciudadano a pedir que le provoquen la muerte antes de intentarlo por sus propios medios? Y dicen: “no es lo mismo”. No entiendo por qué no es lo mismo. ¿O acaso se considera a los ancianos y enfermos crónicos como vidas de menor valor? ¿No es una legitimación cultural del suicidio, pero solo de las vidas que insolidariamente se consideran prescindibles? ¿No hay otras urgencias que los legisladores deberían tratar antes de tomar un rumbo tan riesgoso para con los que sufren? Si algo implica la responsabilidad política es no decidir por los propios sentimientos u opiniones, sino pensando en el bien común y en el impacto sobre los más vulnerables. La apuesta política por mejorar la atención en salud y porque los buenos cuidados lleguen a todos, debería ser la más importante para una vida digna hasta el final. En este debate será fundamental no perder la perspectiva, estudiar su complejidad y sus riesgos, así como las mejores opciones para dar una vida digna a los uruguayos, también cuando les toca morir.
Oponerse por razones de humanismo
La defensa de los Derechos Humanos implica proteger a los más vulnerables, incluso de sí mismos. No se obliga a vivir a nadie, porque la gente quiere vivir, pero no quiere sufrir. Esquivar la discusión diciendo que oponerse a la eutanasia es obligar a vivir, es no entender que de lo que se trata es de aliviar, no de matar a la gente que no recibe el tratamiento que merece. Incluso quienes están a favor de la eutanasia filosóficamente, deberían honestamente aceptar que, sin acceso garantizado al alivio, sin una debida atención al sufriente, la eutanasia es una hipócrita salida para no hacernos cargo del sufrimiento y de la soledad del otro, abandonándolo a “su decisión”, como si su sufrimiento no dependiera de sus vínculos y de la calidad de su atención. Por eso insisto: lejos de un asunto de libertad, esta es una cuestión de justicia social, de reconocimiento del valor de la dignidad de toda vida humana, sin discriminación ni abandono de los más necesitados.
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