El pasado 10 de abril, comparecí ante la Comisión de Salud del Senado, en la que presenté mis principales críticas al proyecto de eutanasia que se pretende votar este año. Por esa razón, comparto con los lectores el contenido de lo que expuse:
Quienes defienden la eutanasia no quieren matar gente y quienes se oponen tampoco quieren obligar a nadie a vivir, ni menos a sufrir. Es tan absurdo como simplista, el problema en estos debates es la complejidad de los asuntos que tratan, y en tiempos de poca profundidad en el análisis de cuestiones complejas, es preciso detenerse a pensar en todas las dimensiones del problema.
Me parece grave que se sigan escuchando en los medios y entre legisladores opiniones que desconocen cuestiones científicas, jurídicas y bioéticas fundamentales en este debate y ampliamente tratadas:
No hay que confundir la sedación paliativa con eutanasia, porque la sedación, mal llamado “cocktail” no mata ni adelanta la muerte. Es un dato científico, no una opinión.
No hay que confundir el derecho a una muerte digna ya presente en la ley de derechos del paciente (18.335) donde tenemos derecho a que no nos alarguen la vida inútilmente provocando mayores sufrimientos. Ya está previsto por nuestra legislación que tenemos derecho a una muerte en paz y de forma natural, oponiéndose a la obstinación terapéutica y a la eutanasia.
Las razones de oposición a la eutanasia no son como suele decirse, por motivos religiosos, porque en un país laico como el nuestro nuestras leyes no condenan el homicidio o la ayuda al suicidio por motivos religiosos. Creo que está más que claro que el problema de fondo es que se permita matar a pacientes con su consentimiento, es un problema de derechos humanos, de discriminación de unas vidas frente a otras consideradas valiosas para la sociedad, de relativización de la dignidad humana ante condiciones de salud determinadas.
Al ser una forma de homicidio, está penalizada en la mayoría de los países del mundo, por la sencilla razón de que, al proteger el derecho a la vida, incluso cuando alguien quisiera atentar contra su propia vida libremente, nadie tiene derecho a quitarle la vida o a colaborar con el suicidio, por respeto a su dignidad como ser humano. Porque siempre es un tercero que tiene que matar porque otro se lo pide. Y, por ello, esta práctica es contraria a la ética médica en todos los códigos deontológicos y en las declaraciones de la Asamblea Médica Mundial.
No es cierto que la eutanasia sea una muerte sin sufrimiento. Porque, aunque se romantice mucho en películas y en algunos casos mediáticos, no está exenta de sufrimientos para la persona que va a morir, para sus allegados, que no siempre procesan con paz una forma de colaboración con el suicidio, y para el personal de salud que debe cumplir un reclamo que va en contra de la ética de su profesión.
UNA INCONCEBIBLE INJUSTICIA SOCIAL
Hay unas condiciones previas que empujan a la decisión de morir, que, si uno estudia los casos, se da cuenta que en la mayoría, no es un deseo de morir, sino de dejar de sufrir. Estudios sobre el deseo de adelantar la muerte muestran que la mayor parte de las razones están en la calidad humana de la atención sanitaria y en el entorno emocional del paciente, no tanto en la patología.
Lo que las personas quieren es eliminar su sufrimiento, pero cuando eso en gran parte depende de la vulnerabilidad social y emocional, se crea el derecho “a morir” para los que padecen mayores injusticias y tienen menor protección y cuidados. Es una paradoja que se lo entienda como un paso de libertad, cuando en realidad es defender la libertad a suicidarse de algunos a costa de la libertad de los más pobres que no tendrán otra opción cuando se naturalice.
¿LIBERTAD PARA TODOS?
No hay libertad, si no puedo elegir. En el proyecto se dice que se le informará al paciente de los Cuidados Paliativos, pero no se los aseguran. Sería una grave injusticia no aliviar primero a quien pretendo que pueda elegir.
Se habla de falsa oposición entre Eutanasia y Cuidados Paliativos, pero en realidad lo que sucede es que hay una falsa idea de elección. Para el que no tiene cuidados paliativos, la libertad para morir es empujar a la muerte. Por eso es razonable pensar que hasta que no se aseguren efectivamente los cuidados paliativos de calidad para todos los uruguayos, avanzar con una ley de eutanasia es dar por válida la muerte de quienes no tienen posibilidades de vivir de otra manera por abandono social. La muerte social precedería a la muerte por eutanasia.
¿Para los pocos casos excepcionales que perseveran con la idea de morir, aun siendo aliviados y bien cuidados, puedan tener un suicidio legal, vamos a quitar protección jurídica a los más vulnerables de nuestra sociedad?
CAMBIO CULTURAL
En los pocos países donde se ha legalizado, culturalmente se va creando una legitimación de la colaboración con el suicidio para quien entiende que su vida no vale la pena. Es una falsa idea de empatía, donde se presupone “ponerse en lugar del otro” con dar por validas sus decisiones, por el solo hecho de que son sus deseos. En países donde es legal, incluso ya en el nuestro, comienza a verse a quien quiere luchar por vivir como un egoísta insolidario y a quien adelanta su muerte como un valiente solidario con la sociedad y con su familia. Las presiones sociales para elegir la eutanasia han sido demostradas y testificadas en Canadá, Holanda y Bélgica por pacientes a donde nadie le impone nada, pero se lo sugieren “dada su situación”. Así, lo que antes era excepcional, ahora se vuelve la opción más esperable.
En estos países donde es legal, se abre cada vez más la puerta a opciones de solicitud de muerte asistida por depresión, problemas de salud mental, autismo, discapacidad, etc. Al final la condición de la vida de alguien o su situación vital parecería relativizar su dignidad que le es inherente como ser humano.
El proyecto que está en discusión en el art. 2, al abrir a pacientes con enfermedades incurables e irreversibles, legitima casos de suicidio de personas que no son pacientes terminales, sino que simplemente no tienen cura y se ve afectada gravemente su calidad de vida, provocándole sufrimiento. ¿En lugar de mejorar su calidad de vida y aliviarle, se le ofrecerá la muerte como opción?
EN PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS
El reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos, sin importar sus cualidades o condiciones, es la piedra de toque de la justicia social, principio elemental e ineludible de los Derechos Humanos: No hay vidas que valgan más que otras. Si aceptamos esto, dinamitamos los fundamentos de los Derechos Humanos, porque habría vidas que, si lo piden, podemos eliminarlas “con su consentimiento”.
Por muy angustiante que sea una situación, nadie puede renunciar a su integridad física ni “vender” sus órganos. ¿Por qué? Por su dignidad intrínseca. No se es menos digno por tener menos capacidad o mayor vulnerabilidad. Pensar de otro modo es construir una sociedad que naturaliza el descarte de quienes se sienten indignos de vivir. La vida suele perder sentido cuando uno no se siente amado, ni útil, ni aceptado, sino una carga.
El desarrollo social de una sociedad y del Estado se mide por la protección, respeto y cuidado que muestra hacia sus ciudadanos más débiles y vulnerables.
EL ESTADO NO IMPONE NI OBLIGA, PERO…
El argumento de que el Estado no impone ni obliga a pedir eutanasia es falaz. Porque si pudiendo aliviarte y darte condiciones dignas, no te las aseguran y te dicen que es tu decisión la eutanasia, es gravemente injusto e insolidario. Algunos ven la eutanasia como un progreso de libertades individuales, pero muchos entendemos que es un retroceso social a una cultura eugenésica que valora las vidas por su utilidad, incompatible con un Estado social de Derecho comprometido con la defensa y protección de los Derechos Humanos fundamentales. Especialmente cuando se trata de los que más necesitan apoyo y contención. Los derechos se han ido ampliando para proteger a sectores más vulnerables y con estas propuestas, en lugar de avanzar, retrocedemos varias décadas.
Sería un retroceso legalizar la eutanasia porque costó mucho a nuestra civilización reconocer que no hay vidas humanas que tengan menor o mayor valor. Con una ley que discrimina entre eutanasiables y no eutanasiables, habrá vidas humanas que la Ley les dice que, si lo desean, pueden ser eliminadas. No se trata de situaciones, sino de personas.
Entiendo como lo ha manifestado el MSP, que Uruguay con las leyes que ya tienen que contemplan una muerte digna, (18.335, de derechos del paciente), la ley de voluntades anticipadas 18.473 del 2009 y la ley de cuidados paliativos 20.179, no debería tener como prioridad en agenda una discusión sobre la eutanasia.
Uruguay como estado social y de derecho: ¿Puede imaginar legalmente un escenario de autonomía individual por parte de un ciudadano ideal, racional y libre eligiendo morir? ¿No es una ingenuidad y una grave irresponsabilidad social y política ante los más necesitados de cuidados y protección? Si así se hace, se libra el Estado de crear las condiciones de igualdad efectiva, abandonando a cada uno con sus reales posibilidades individuales.
Aunque por los motivos expuestos, tenemos razones suficientes para cuestionar la supuesta necesidad de una ley de eutanasia, quisiera subrayar los graves defectos que presenta este proyecto de ley aprobado en diputados, desde aspectos bioéticos y teniendo presente otras legislaciones de los pocos países que han ido por este camino:
CRÍTICAS AL PROYECTO
Llama la atención que la comisión de revisión que evaluaría los casos de eutanasia lo haría post mortem y no antes de la eutanasia. De encontrarse alguna irregularidad, el paciente ya habría fallecido. Además, los candidatos no son pacientes moribundos como se repite en los medios. Por el contrario, comprenden cualquier adulto con una enfermedad crónica, incurable e irreversible que le provoque sufrimientos o tenga condiciones de salud que afecten gravemente su calidad de vida. Bajo esta categoría casi cualquiera que sufra y tenga patologías crónicas tendría «derecho» a pedir la muerte. «Se le informará» que existen los cuidados paliativos (como una opción). Pero no se le asegurará una auténtica experiencia de cuidados que alivien efectivamente su sufrimiento, sino que, estando en pleno sufrimiento, puede ir directo a pedir la muerte, con lo cual muere sufriendo y no aliviado, ni valorado ni acompañado.
No cuenta con psiquiatra, ni con psicólogo, ni con asistente social que puedan evaluar efectivamente la libertad del paciente que puede sentirse una carga, o simplemente sentirse abandonado, deprimido y sin ganas de vivir. ¿Solo dos médicos generales van a hacer toda la evaluación del deseo de morir? Parece que sí, lo cual es un escándalo para cualquiera que entienda del diagnóstico y abordaje del deseo de adelantar la muerte (DAM) como síntoma reversible y tratable por equipos especializados en cuidados paliativos.
¿Qué se le propone al Estado con este proyecto de Ley? Que, en lugar de mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, les proponga un supuesto “nuevo derecho”: que puedan pedir que les den muerte cuando “sus vidas ya no tengan ningún sentido ni valor”. ¿Cuánto de esto tiene detrás injusticias sociales invisibilizadas de las que no nos queremos hacer cargo?
Estudiar en serio estos temas, antes de tomar posición, exige no quedarse solo con razones simples de que es un “derecho” o “el respeto a la libertad”, sino adentrarse en la complejidad de las injusticias a las que expondrá a los más vulnerables de nuestra sociedad. No se trata de obligar a nadie a vivir, se trata de ser una sociedad que progresa en humanidad y que se busquen los mejores caminos para ello, no los atajos que dejan por el camino a los que no pueden elegir la vida que merecen.
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