GATEWAY: Arrodillarse en Bruselas por Hoenir Sarthou

¿Qué fue a hacer Lacalle a Bruselas?
La información oficial es confusa. Por un lado, fue a una cumbre de los países de América Latina y el Caribe, cumbre que –llamativamente- se realiza allí, en Bruselas, con la Unión Europea. Por otro lado, se nos informa que se reunió con el presidente francés, Macrón, la italiana Meloni y con la omnipresente y globalómana Presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Finalmente, en medio de tanta hojarasca, se nos dice que Lacalle firmó, o convalidó la firma por parte del ministro Bustillo (según el medio de prensa que lo cuente), de un “protocolo de entendimiento” con la Unión Europea para la producción de hidrógeno verde.
En cualquier información al respecto, aparecen como de pasada, casi que como un incómodo y poco comprensible “peludo de regalo”, referencias a un programa llamado “Estrategia Global Gateway”, que en realidad parece ser el marco general de todas esas reuniones de Lacalle y de sus colegas latinoamericanos y caribeños con las autoridades europeas.
¿Qué diablos es la Estrategia Global Gateway?
En teoría, según el Servicio Exterior francés, es un programa de la Unión Europea, en alianza con los grandes bancos “europeos” (todos sabemos que la nacionalidad de los capitales financieros es un mito), por el que entre 2021 y 2027 se destinarán 300.000 millones de euros, en gran medida públicos, para promover iniciativas e inversión privadas en cuatro áreas geográficas, Africa (a la que se volcarán la mitad de los recursos), América Latina y el Caribe, Eurasia y el Oeste de los Balcanes. Esa inversión está destinada a cinco grandes rubros: tecnología digital, clima y energía, transporte, salud, y educación e investigación. ¿Les suena?
Hasta ahora, la Estrategia Global Gateway ha promovido en América Latina las siguientes actividades: desarrollo de vacunas, proyectos relativos al agua, al transporte y a las comunicaciones (con especial énfasis en la tecnología 5G), y planes relativos a regiones naturales de especial valor, como el Chaco argentino y la Amazonia brasileña.
Para nuestra región, los temas clave parecen ser la producción de hidrógeno verde y la introducción de tecnologías de la comunicación. En Uruguay, específicamente, los dos temas que promueve y en los que interviene la Estrategia Gateway son la introducción de tecnología 5G y la producción de hidrógeno verde. En Paraguay, sólo hidrógeno verde. En Argentina, se suman además el litio, la instalación de conexión network y “el desarrollo del Chaco”. En Brasil, la “protección de la forestación” de la Amazonia y el desarrollo de tecnología 5G.
¿Queda más claro a qué fueron Lacalle y sus colegas latinoamericanos a Bruselas?
Sí, claro. A tratar de pescar algo de los 300.000 millones de euros y, en contrapartida, ofrecer en bandeja el agua dulce (gratis) y la instalación de 5G. Ahora se entiende mejor la porfiada insistencia en que miremos al salado Río de la Plata para alimentar nuestras canillas.
Cuando se ven las dimensiones y objetivos de la Estrategia Global Gateway, queda claro que su finalidad es la implementación de un amplísimo proyecto de control y extracción de recursos e instalación de tecnologías que los hagan posibles. Como siempre, se hará en regiones pobres, con recursos públicos que “acompañarán, fortalecerán, favorecerán” y terminarán en los bolsillos de “inversores” privados.
Mirado desde el otro lado del mostrador, se percibe la funcionalidad –y la llamativa simultaneidad- de la guerra de Ucrania con este asunto. La guerra y sus dificultades energéticas y materiales hacen que los europeos toleren, de mejor o peor grado, invertir los famosos 300.000 millones de euros, en teoría para procurarse energía y otros recursos escasos en las salvajes pampas y sabanas africanas, latinoamericanas y euroasiáticas. Los inversores privados (el capital financiero que está detrás), montados sobre ese carro de 300.000 ruedas, muy agradecidos.
Un detalle nada menor: hayan firmado lo que hayan firmado Lacalle y Bustillo, no es válido todavía. Conforme al numeral 7 del artículo 85 de nuestra Constitución, ningún tratado, acuerdo o compromiso internacional con otras “potencias extranjeras” es válido en el Uruguay sin aprobación parlamentaria. De modo que habrá todavía una oportunidad de revisar lo que se haya negociado en Bruselas. Salvo que el Poder Ejecutivo tenga decidido, “de facto”, gobernar con absoluta inconstitucionalidad.
Es cierto que estamos acostumbrados a que se transgredan normas constitucionales. Y más aun a que se abuse desmesuradamente de los vacíos constitucionales firmando contratos y acuerdos secretos y leoninos con empresas privadas. Pero esto ya superaría todo límite. Nunca se ha obligado a la República ante otros Estados (la Unión Europea es una “potencia”, o una unión de “potencias” extranjeras) sin requerir aprobación parlamentaria, es decir sin que la población pueda enterarse de lo que se negocia en su nombre.
Confiemos en que esta no sea la primera vez.

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