Densos nubarrones, augures de próximas tormentas se ciernen sobre Guatemala. La constitución como partido del socialdemócrata Movimiento Semilla -que contaba en sus filas con la actuación militante de un diputado que llegó a ser su presidente, Bernardo Arévalo- no inquietó, inicialmente, a los detentadores de los poderes del país.
Cuando Semilla presentó en 2023 su fórmula presidencial, la
ultraderecha inició una primera andanada de impugnaciones
que no tuvieron éxito de impedir su concurso que, por
otra parte, según todas las encuestas, representaba una ínfima preferencia de la ciudadanía; es decir, no sacudía el piso sobre
el que se asentaba su “democracia”.
Mayúscula fue la sorpresa que dio el mentís de Semilla a las casas de encuesta en la primera vuelta cuando desplazando a opciones tenidas como seguras por la derecha se ubicó para disputar en un balotaje la presidencia. Aunque Semilla creció de manera sustancial no tiene mayoría en el Congreso que estará constituido por 17 fracciones partidarias entre las cuales las corrientes coaligadas de la derecha son mayoritarias.
En medio de una campaña hacia esta segunda vuelta en la que el movimiento progresista fue objeto de todo tipo de calumnias y amenazas, Arévalo alcanzó un arrollador triunfo (58.01%) sobre la candidata de la rapaz oligarquía corrupta que ha dominado el escenario de la más grande nación centroamericana tras el golpe de Estado de 1954 que enterró (con intervención de EE.UU.) la “Primavera guatemalteca”: fue, lo que se dice en el país, la derrota estruendosa del “pacto de los corruptos”, donde la ciudadanía expresó un “no va más” y lo hizo con un voto “antisistema” y buscando una democracia que los represente.
Los diversos intentos de la oligarquía ultraconservadora de cerrar el paso de Arévalo a la Presidencia-guatemalteco nacido en uno de los sitios de exilio de su padre, Juan José Arévalo, considerado el mejor mandatario de la nación-, concitaron el rechazo internacional, que incluyó a la OEA -cuyo secretario general, Luis Almagro, solapó en sus ejercicios varios golpes de Estado- condenaron de inmediato esas acciones. Hasta la Casa Blanca lo hizo, aunque sepamos de su lengua bífida que por un lado lanza condenas por narcotráfico y diversas modalidades criminales -abarcando la corrupción- contra autoridades actuales de Guatemala y, por otro lado, desde su embajada protege a los golpistas mientras el Departamento de Estado y migración expulsan, ultiman y construyen todo tipo de impedimentos contra centroamericanos que exigen ingresar por la frontera sur.
Ese mismo doble discurso lo ensayó en un comunicado el Cacif
(Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras): “Reconocemos la decisión ciudadana manifestada en las urnas, exhortamos a respetarla y felicitamos a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera, quienes hoy han recibido el mandato de la voluntad popular … Esperamos que, en todo momento, la prioridad sea la construcción de un mejor país” (diario “Prensa Libre” 21/08/2023).
El partido UNE, que candidateó a la derrotada Sandra Torres -que no ha reconocido los resultados de la votación del 20 de agosto- denunció ante la fiscalía a los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), solicitando que se inicie una investigación en su contra, por fraude en la elección del 20 de agosto. Según esto, los magistrados habrían cometido los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y otros en contra del pueblo.
Lo más importante han sido las protestas de la población contra el Ministerio Público (MP), exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, los días 25 y 26 de agosto. Las principales organizaciones indígenas se reunieron y demandaron la destitución de Porras, anunciando posibles acciones de hecho.
En este mismo espacio, hace exactamente dos semanas, cuando comenté el triunfo de Semilla y Arévalo hice un señalamiento:
“es mi parecer, (que) solo una nutrida movilización popular, sistemática, permanente, defendiendo las instituciones y la ley serán el muro de contención del gobierno ante la oligarquía, la corrupción y el imperialismo”. Me adelantaba unos días solamente a las impugnaciones y otras mañas con que se intenta judicializar el proceso electoral por los perdidosos (Torres-UNE, grandes empresarios, el Poder Judicial, el de gobierno, las jerarquías militares algunos evangélicos neopentecostales y, no podían faltar los “fake news” y la prensa hegemónica), que lo es el sistema impuesto a los guatemaltecos por décadas.
Algunas medidas inmediatas y comunes se han tomado, como dotar de custodia a la fórmula presidencial de Arévalo -declarada ganadora del comicio- aunque el cordón defensivo ha mostrado
falencias en ciertos casos (por ejemplo, atentado contra el presidente Reagan o intento contra CFK).
En un mensaje dado el 1º de septiembre, Arévalo denunció un plan de golpe de Estado que le impediría llegar a la Presidencia y a los diputados electos por Semilla tomar posesión el 14 de enero próximo. El golpe se dirige -según el presidente electo- “desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país encabezadas por la fiscal general Consuelo Porras, por el fiscal Rafael Curruchiche y el juez penal Freddy Orellana, así como la junta directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos”.
El presidente electo ha hecho un llamado a la unidad de todos los sectores de la población y fuerzas políticas legítimas a defender la voluntad popular expresada en las urnas y derrotar a las fuerzas golpistas.
Los fiscales Porras y Curruchiche y el juez Orellana, están incluidos en la lista Engel (actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de EE.UU). Se denuncia que la fiscal obstruyó investigaciones que involucrarían al presidente Alejandro Giammattei.
El TSE que suspendió la personería jurídica de Semilla, levantó la medida hasta el 31 de octubre: miden la capacidad popular de respuesta y la de convocatoria de su líder.
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