Reverencia ante la detenida, remolcada y manoseada por la policía, que se suicidó a los17 años
La violencia no nació, creció y se reprodujo al ser asesinado Eliécer Gaitán: desde la proclamación
de Colombia como independiente aquella la acompañó como si fuese un elemento constitutivo más.
Dio -como otros- los malos pasos adherir en 1947 al TIAR (mecanismo que obliga a los suscriptores
dar ayuda en caso de agresión extracontinental) que resultó en un engendro digitado por EEUU,
ordenado por la OEA (1948) que es tenido como socio global de OTAN desde 2018.
Por otra parte, a comienzos de la guerra fría, sin haber solucionado su problemática y los
enfrentamientos subsidiarios (en su tiempo conocido como de “La Violencia”, que enfrentó a
liberales contra conservadores y duró hasta entrado el segundo quinquenio de los 50), Colombia
se embarcó en acompañar a EEUU a la guerra de Corea (a 15 mil km. de distancia) y envió tres
fragatas y 4 mil 570 efectivos.
En tanto, concluida “La Violencia”, dieron una amnistía (1958-1960) tras lo cual -ante los
incumplimientos de paz, un jefe de la fracción liberal -Pedro Antonio Marín- organizó en Tolima
las Autodefensas Campesinas. Después (1964), con el ideólogo comunista Luis Alberto Morantes,
alias Jacobo Arenas, Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, fundaron
las FARC. Otros grupos armados surgieron en diversos sitios en ese tiempo: el ELN (1964) en armas
hasta hoy, y el M-19 (1970), entre los más conocidos.
Tras los primeros acuerdos de dejación de la acción armada por el M-19, constitución en partido
político (1990-2000) y asesinato de su líder, Calos Pizarro Leongómez, sobrevinieron acciones
largas del gobierno, especialmente contra las FARC y muertes de su jefatura (infarto de Jacobo Arenas
y vejez de Tirofijo) y los crímenes de Raúl Reyes, Alfonso Cano y Jorge Briceño. Lo anterior precede
las firmas de los acuerdos de paz del presidente y el bloque mayor de las FARC (en ciernes con el ELN).
Hay militantes de las FARC que no se avinieron a los acuerdos y sobre ellos continúa la presión militar
y la muerte de sus integrantes.
Con el presidente actual, Iván Duque, manipulado por el ex presidente Álvaro Uribe (publicista de los
falsos positivos y “facilitador” de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, sustituidas por
bandas ultraderechistas Bacrim y Gao), los incumplimientos y el abandono de los acuerdos
de paz con las FARC, sumado a lo que se considera fracaso electoral de éstas en los comicios, alentaron
la nueva ola de “decretazos”, aunque persiste el temor que se dejará el gobierno a un ex guerrillero
del M-19, Gustavo Petro.
Ocurrió ahora que toparon con unas terceras marchas (grandes en 2019 y atenuadas por la
Pandemia en 2020) y la resistencia popular en las ciudades, que contestaron con sucesivos paros
los decretos autoritarios y liberticidas. La represión policial, con sus formaciones de choque
antidisturbios (dependen de la Defensa) y el consiguiente reparto de calificativos en los medios, que
desautorizaban y minimizan las manifestaciones, diciendo que son azuzadas por agentes extranjeros
llamándolos saqueadores, vándalos y terroristas), no tuvieron resultado. Tampoco alcanzó con el
retiro del decreto con más impuestos a las exangües economías de las mayorías. Al final, se pretende
detener la repulsa y el alzamiento popular con una mesa de diálogo que detenga las protestas: en eso
está la autoridad, mientras ofrece pretextos que amparen la impunidad uniformada.
Sobre Cali se dirige la mirada de muchos, siendo esta la tercera ciudad del país que más recibe -de
regiones aledañas- migrantes desplazados por la violencia y el “narco” en el campo y huye a la
urbe, habitada por un puñado de ricos que se autocercaron por temor a la ira popular. El saldo de la
represión de estos días en el país son decenas de muertos, centenares de heridos, millares de detenidos
y desaparecidos, además de apremios y abusos sexuales de las “fuerzas del orden”.
El grito de ¡Basta! que entraña la movilización popular provoca presiones sobre el gobierno: la
del jefe titiritero del gobierno (Uribe), la de EEUU (que presta apoyo incondicional a su devoto
siervo. aunque con reparos ante la mala imagen del régimen) y el de las grandes mayorías populares,
que no les importa si lo suyo es de ayer o de hoy, pero que distinguen bien la corrupción de arriba, la
sujeción al yanqui, la represión y la violencia que engendra la pobreza, el desamparo, y apuestan
colectivamente por una vida digna.
Hace 20 días que el pueblo desarmado alzó la voz pese a los 10 mil millones de dólares que le transfirió
EEUU para “contrainsurgencia” (“seguridad nacional” contra “el enemigo interno”) a los gobiernos
del país en que tiene más bases militares, encubriendo el establecimiento de tropas estadunidenses con
el Plan Colombia que dijeron sería contra el narcotráfico. No me sustraigo a citar a Jorge Majfud en un
pasaje de la entrega de 5 mil millones de dólares más (2020) a Colombia por Mike Pompeo: “He sido
director de la CIA y les puedo asegurar que nosotros mentimos, engañamos y robamos; tenemos cursos
enteros de entrenamiento para eso”.
La violencia, consustancial a la represión, intrínseca en toda pobreza, engendra generaciones con violencias
congénitas de diversa naturaleza. Si en el futuro sobreviene una crisis institucional, espero que se resuelva
instaurando autoridades que atiendan las grandes aspiraciones agitadas por los de abajo. Colombia -hoy un
estado oligárquico, corrupto, extranjerizante y paramilitar- no pasa ni el examen internacional de democracia
del pensamiento conservador. Las autoridades de esta burguesía enfrentan a un pueblo que tomó por asalto las
calles, repudió la represión y su impunidad, al tiempo que clama allí y desde todas partes y formas una sociedad
que garantice -en principio- algunos mínimos de equidad sin más muertos: abatir la pobreza, con paz, pan, trabajo,
educación y libertad.
