“La manera en que una sociedad trata a sus personas privadas de libertad, es uno de los mejores indicadores de su cultura de respeto a los derechos humanos”
(Manfred Nowak. Asamblea General de las Naciones Unidas. Febrero 2010).
Las personas privadas de libertad (PPL) son, por definición, vulnerables. Se trata de personas separadas de su entorno de vida habitual y a ello se suma el hecho de haber perdido la capacidad de decidir sobre sus propias vidas en un contexto de encierro. A su vez, su grado de vulnerabilidad depende de las propias características de la persona reflejada en variables como género u origen nacional y étnico. En el caso de las personas privadas de libertad extranjeras (PPLE) (residentes y no residentes en el país) en las cárceles uruguayas su vulnerabilidad se ve asociada también al tipo de documentación de identificación que poseen, al hecho de contar o no con la visita de su familia o del personal consular de sus países de origen junto con el hacinamiento sufrido.
La actual población extranjera privada de libertad en el sistema carcelario uruguayo asciende a 390 en un total de un poco más de 16.000 representando un 2,4% aproximadamente de los internos (INR, 2024). El 10% de las PPLE son mujeres. El hecho de que la cifra no sea altamente significativa en el total de las PPL las hace a las extranjeras, aún más invisibles.
A su vez, el 60% de total de las PPLE carece de documentación uruguaya por el hecho de no encontrarse residiendo en el país a la hora de su ingreso a la prisión. Esta situación las hace aún más vulnerables porque se complica su acceso a trabajo, educación y salud en el entorno de privación de libertad.
La distribución por nacionalidad indica que las PPLE provienen en su mayoría de la región representado, las brasileñas, el porcentaje mayor seguidas por las argentinas, colombianas, chilenas, paraguayas, dominicanas y cubanas (INR, 2024). A estas cifras le sigue un conglomerado de nacionalidades con una representación entre el 0,3% y el 1,6% provenientes de otros países de la región, de África, Europa, América del Norte y Asia (INR, 2024). La heterogeneidad de las PPLE genera en sí misma una mirada focalizada a sus diferentes necesidades no sólo en el ámbito de formación y capacitación sino también en aspectos culturales, de pertenencia étnica, religión e idioma. Esto los lleva a vivir el encierro de una forma diferente a la población nacional e incluso, el hecho de encontrarse en prisión es un estigma mayor que refuerza estereotipos contra algunas poblaciones migrantes en la propia sociedad de acogida (Recerca, 2010). Teniendo en cuenta todos los factores anteriormente mencionados el Estado uruguayo, en 2017, tomó la decisión de crear el Programa Específico de Atención a la Población Extranjera y Migrante (PROEM) en el ámbito del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
El pasado 18 de octubre se presentó en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo un informe elaborado por el equipo de investigación de la Cátedra Magallanes: viajes y viajeros de la Universidad Católica del Uruguay con el apoyo del INR y del PROEM en el cual se refleja la situación actual de las PPLE en las diferentes unidades carcelarias, con una perspectiva de género, abordando sus vulnerabilidades y necesidades, teniendo en cuenta sus perfiles sociodemográficos y delictivos. Asimismo, se adjuntó al informe una serie de recomendaciones las cuales buscan ayudar al INR en general y al PROEM en particular a intervenir con mayor eficacia en la compleja realidad vivida por las PPLE en el cumplimiento de los derechos humanos mediante un trato y tratamiento adecuado para este colectivo.
En líneas generales, se puede afirmar las PPLE viven situaciones de hacinamiento extremas salvo contadas excepciones y presenta un bajo acceso a trabajo, educación, salud, deporte, religión debido a su situación migratoria o a la política de cupos existentes en las cárceles uruguayas. A su vez, menos de la mitad de estas reciben visitas de sus familiares o de los representantes consulares de sus países de origen lo cual las aísla aún más del mundo exterior y de sus apoyos fundamentales para lograr reinsertarse nuevamente en la sociedad. Esta situación se debe a la falta de una Política de Estado que trascienda los gobiernos de turno y genere consenso entre todos los actores políticos en la cual se incluya a la sociedad civil y a la academia plenamente focalizada en la reinserción de los privados de libertad en general (incluidos los extranjeros) en la sociedad a través de un enfoque integral. Por intermedio de esta se debe brindar a las PPL nacionales y a las extranjeras la oportunidad de poder reinsertarse en la sociedad de una manera satisfactoria para evitar la reincidencia en el futuro. De esta manera a través de los programas de Trato y del Tratamiento se debería proporcionar a todas las PPL la oportunidad de realizar actividades útiles logrando un adecuado acceso a estas (trabajo, estudios, salud, deporte, religión entre otras) independientemente de la documentación presentada. Para ello se debe contar con un mayor presupuesto y con personal suficiente para implementar los distintos programas de rehabilitación. Junto a lo anterior se debe llevar a cabo una concientización de la opinión pública sobre las bondades de invertir más recursos tanto económicos como humanos en la rehabilitación de los privados de libertad porque ello tendrá un impacto positivo en la sociedad.
Equipo de investigación de la Cátedra Magallanes: viajes y viajeros (Silvia Facal, Valentina Pereira Arena, Rosana Larrañaga, Agustina Rondini, Fabiana Corbo, Lucía Caumont y Rodrigo Vivas).
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