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La ANEP devalúa calidad educativa en Secundaria Por Hugo Acevedo

La ANEP devalúa calidad educativa en Secundaria   Por Hugo Acevedo
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La decisión de la Administración Nacional de Educación Pública de modificar drásticamente y a golpe de balde el régimen de evaluación y pasaje de grado en Educación Secundaria a menos de un mes de la clausura de los cursos, constituye un atentado contra la calidad educativa y devalúa el trabajo docente.
Con los promedios y las calificaciones ya preparadas, en las postrimerías del año lectivo, los educadores se encontraron con la sorpresa que deberán aplicar los mismos criterios que en 2020 y 2021, cuando los cursos fueron afectados por la falta de presencialidad y las dificultades emergentes de la educación a distancia devinieron en rezago. Esta medida, según las fuentes consultadas, no se justifica, porque en 2022 los estudiantes volvieron a las aulas y los cursos transcurrieron en plena presencialidad y con absoluta normalidad.
Por ende, no existe una explicación válida para flexibilizar las pautas de evaluación, que solamente pueden atribuirse a un avieso intento de maquillar los resultados para la estadística.
En la resolución se alude concretamente a la emergencia sanitaria devenida de la pandemia de Covid 19, pese a que esta cesó a comienzos del año, al constatarse un radical descenso de la tasa de contagios y decesos y un alto nivel de vacunación. En ese marco, las clases transcurrieron normalmente y en el formato habitual.
Tampoco resulta de recibo el pretexto de atribuir la medida a la alta conflictividad laboral, que devino en paralizaciones y ocupaciones protagonizadas por docentes y estudiantes.
Esta afirmación se contradice con el discurso del propio Presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, quien en más de una oportunidad afirmó que la adhesión a las medidas fue mínima y que la mayoría de los docentes fue a trabajar, ignorando, según su opinión, la convocatoria gremial.
Si menos de la mitad de los educadores paralizó sus tareas como afirma el jerarca, este argumento carece absolutamente de asidero. A ello se suma que las inasistencias no inciden en la evaluación, lo cual alienta el ausentismo estudiantil.
Más allá que la decisión esté inspirada en el plausible propósito de acompañar a los alumnos en su trayectoria educativa como ya se hacía en la administración pasada para minimizar la desvinculación, la medida confirma la improvisación y el caos que contaminan la gestión.
Al culminar los cursos, los educandos, tanto en el nivel de Ciclo Básico como de Bachillerato, serán evaluados en una primera instancia que no será definitoria y no prevé la repetición. En ese contexto, quienes no alcancen el nivel de suficiencia para acceder a la promoción, continuarán concurriendo a clase.
Este proceso culminará con una segunda evaluación, mediante la cual algunos estudiantes promoverán y otros deberán rendir examen en el período de febrero. Estos últimos trabajarán previamente con tutores.
En ese contexto, se definirán tres modalidades de promoción: la total, la parcial y la condicional. Tal como sucedió en 2021, en plena pandemia, los educandos que cursen de primero a cuarto año de liceo, podrán promover hasta con cuatro asignaturas pendientes (antes eran tres) y los de 5ª y 6º accederán a la promoción con una calificación de 6 (antes era de 8).
Es decir, las pautas de evaluación serán sustantivamente flexibilizadas, con el propósito de mejorar la tasa de promoción y la de egreso al final del ciclo educativo, que son las más críticas.
La pregunta insoslayable para formularle a las sesudas autoridades que rigen hoy los destinos de la educación es: ¿qué sucederá cuando esos desdichados alumnos que tendrán los conocimientos prendidos con alfileres ingresen a la educación de nivel terciario? Obviamente, a priori y por lo menos en el terreno de lo teórico, el fracaso sería casi una certeza.
El paquete de medidas anunciado el pasado miércoles 9, a menos de un mes de la culminación de los cursos, prevé que tampoco se tomará en cuenta la cantidad de inasistencias para la promoción, pese a que los aprendizajes están íntimamente imbricados al aula y al vínculo con docentes y pares.
Asimismo, que es obviamente peligrosa, fortalece en el estudiante la idea que concurrir a clase no es un requisito indispensable para aprobar el curso y horada su disciplina de trabajo, su sentido de responsabilidad y su pertenencia a la comunidad educativa. Es decir, se rompe con la premisa que la continuidad es una condición sine qua non para acceder a los saberes académicos sustantivos.
Estas decisiones contradicen el propio discurso oficial, que, por lo menos en lo teórico, apuestan a la calidad, en el marco de la mentada transformación educativa que comenzará a regir en 2023.
Obviamente, las tutorías y los acompañamientos a los estudiantes con dificultades y en serio riesgo de desvinculación, que tanto se promocionan en la publicidad televisiva de la reforma y que se siguen aplicando en este período, datan de las administraciones anteriores.
Los apoyos son presentados como nuevas herramientas, acorde a una clara intención de apropiarse de logros ajenos, como en el caso de la educación a distancia que rigió durante la fase más crítica de la pandemia, que fue posible gracias al Plan Ceibal pergeñado y ejecutado por la iniciativa vanguardista del ex presidente Tabaré Vázquez.
Estas modificaciones al sistema de evaluación del ciclo secundario son una mera sinopsis de lo que vendrá, una puesta en escena para la tribuna y un perverso mecanismo para maquillar los resultados, que horadará el futuro de los estudiantes.

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