Las polémicas sobre la gestión de las ollas populares retomaron su empuje con la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de presentar una denuncia penal. Si se observa con calma lo que ha ocurrido en los últimos meses, se encontrará a un ministerio más enfocado en ocupar los medios de prensa, apelando a acciones casi policiales, que en resolver la asistencia alimentaria.
En efecto, la andanada de declaraciones del ministro Martín Lema y otras personas afines, parecían describir a un ministerio que prácticamente por sí solo, sin otra participación relevante, era el que sostenía la comida que llagaba a las ollas y merenderos, acosado por un entramado de desprolijidades e irregularidades entre quienes las manejaban.
La búsqueda de efectos y la dramatización fueron creciendo en las últimas semanas. En alguna de las conferencia de prensa ministeriales se seguían ritmos y tonos que se asemejaban al tráiler de una película policial; anunciaban revelaciones impactantes, pero que finalmente quedaban en declaraciones tales como que en una olla barrial no se ofrecía el almuerzo prometido sino únicamente una cena. Esos y otros hallazgos se presentaban como si hubiera habido complejas investigaciones y vigilancias, bajo una impostación exagerada que hasta podría esperarse que se la acompañara con música de fono alentando el suspenso. Buena parte de la prensa convencional, al repetir automáticamente esos dichos, sin investigarlos, amplifican esas puestas en escena. Todo ello se completa con los intercambios en las redes, de uno y otro bando, para desembocar en un griterío digital que impide un análisis serio.
La consecuencia es que se discute sobre las bolsas de fideo o arroz que faltan en una u otra olla popular, mientras que quedan segundo plano las cuestiones que realmente importan, tales como que siga existiendo una enorme demanda de personas que necesitan ayuda para superar el hambre, o la capacidades o incapacidades del MIDES, y del gobierno, en lidiar con todo esto.
El entramado de ollas y merenderos barriales es enorme. Una reciente evaluación, realizada desde la Facultad de Ciencias Sociales (liderada por Anabel Rieiro), se enfocó en 542 de ellas que seguían activas en 2022, más de la mitad en Montevideo (1). Dependían del trabajo de 4 523 personas, donde el 65% son mujeres, y casi la mitad están en manos de vecinos. Son grupos informales, que no son dirigidos por licenciados en administración o gerentes comerciales, sino por vecinos que se organizan como pueden y cuando pueden. Gracias a ellos, en los pasados junio y julio, se superaron en las ollas más de un millón de platos, y en los merenderos más de 760 mil como promedio mendual. Los insumos son aportados no solamente por el MIDES, sino también por muchos otros, como intendencias, particulares o empresas.
Aporofóbicos y reinas
En lugar de apoyar a ese enorme conglomerado, solucionando los problemas e incorrecciones que pudieran existir, el gobierno se lanza a una batallita mediática. Frente a esa postura, inmediatamente viene a la mente el concepto de aporofobia, acuñado en 2017 por la filósofa española, Adela Cortina, para indicar el rechazo a los más pobres (2). Una aversión que podía explicarse por varios factores, pero sobre todo por el miedo, y que desembocaba en anular la compasión y la empatía.
Sin embargo, no puede afirmarse que en esas campañas del MIDES o en las actitudes de otros en el gobierno, se exprese una aporofobia como miedo o rechazo a esos pobres. Es más, algunos políticos de la coalición (como en la oposición), los buscan constantemente, puede ser que por empatía y solidaridad, pero también seguramente estarán los que lo hacen por la apetencia en contar con sus votos.
Pero el estilo gubernamental herrerista tiene la particularidad en asumir la asistencia social, en este caso la alimentaria, como si fuera un procedimiento gerencial, más interesado en la ingeniería administrativa y en sacarle partido a ocupar los medios con denuncias. Comparte con la aporofobia la erosión de la compasión y la empatía. Por momentos es como si el buen gobierno se pudiera reducir a una planilla Excel, donde cada kilo de arroz o de fideos debe estar registrado y confirmado por el Estado.
Tampoco puede decirse que el Estado esté ausente, como a veces se sostiene desde el Frente Amplio. En realidad está presente, y con mucha intensidad, pero no necesariamente con todas sus energías en el plato de comida. Envía a sus militantes a que inspeccionen las ollas, en lugar de ayudarles a resolver sus problemas; parece más preocupado por la estética de la denuncia mediática que en resolver la insuficiencia alimentaria. Es por momentos altanero frente a los vecinos, olvidando que es también ineficiente; por ejemplo, el INDA sólo ejecutó el 42 % de los dineros que tenía aprobado (según los datos en el informe citado arriba).
Todo esto alimenta un problema más grave que no siempre se entiende. Esos ataques a las organizaciones de solidaridad barrial tienen efectos culturales negativos más amplios, reforzando en el resto de la sociedad la estigmatización de los más pobres. Se alimentan las conocidas imágenes que los retratan como haraganes, ignorantes, desinteresados, y promiscuos repletos de hijos, y desde allí se los imaginan como adictos a las ayudas para vivir a costa del Estado.
Nada de eso es nuevo, y entre los viejos ejemplos vale la pena rescatar el de “reinas” o “reyes” del asistencialismo, originado en Estados Unidos, en la década de 1970, a partir de los fraudes y engaños que realizó una mujer con la ayuda gubernamental. La palabra la creó la prensa, lo que no es menor y obliga a observar los modos bajo los cuales en el día de hoy, en Uruguay, los medios operan en este terreno. Enseguida ganó popularidad porque en 1976 la empleó Ronald Reagan en su campaña presidencial, justamente para atacar los programas de asistencia social. Este es otro terreno en el que se debe estar alerta ya que esas guerritas mediáticas por los fideos alimentan mitos que son utilizados para recortar programas sociales.
Analizando esa dinámica, Angie Marie Hanckok, en un estudio clásico, alerta que bajo esa postura, las acciones no se restringen a perseguir a quienes cometieron errores o fraudes con la ayuda social, sino que al convertirlo en un espectáculo público están influyendo en cómo el resto de la sociedad percibe o identifica a esos sectores y a las políticas sociales (3). Bajo esas condiciones se facilitan, pongamos por caso, reformas en las políticas públicas para reducir la participación del Estado y privatizarla, reconvirtiendo la justicia social en una forma de caridad privada, como intentaba Ronald Reagan hace casi medio siglo atrás o algunos quisieran hacerlo aquí, en Uruguay, en la actualidad.
Notas
1. Entramando barrios. Ollas y merenderos populares en Uruguay 2021-2022, A. Rieiro y colaboradores, Fac. Ciencias Sociales y Extensión – Udelar.
2. Aporofobia. El rechazo al pobre. Paidós, 2017.
3. Disgust. The public identity of the welfare queen. Angie Marie Hanckock. New York UNiversity Press, 2004.
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