John Stuart Mill (1806-1873) es uno de los filósofos y economistas más influyentes del siglo XIX, cuyo pensamiento ha dejado una marca profunda en la filosofía política, la ética y la teoría económica. Miembro destacado de la tradición del utilitarismo, fundado por Jeremy Bentham, Mill perfeccionó esta doctrina al incluir consideraciones sobre la calidad de los placeres y la autonomía personal. Su obra más destacada, “Sobre la libertad” (1859), se ha convertido en un referente sobre la defensa de la libertad individual frente a la tiranía de la mayoría y la intervención del Estado. Además de sus reflexiones sobre la libertad y la justicia, Mill abordó problemáticas vinculadas con la democracia, los límites del poder y la educación cívica, aportando ideas que, aunque indirectas, arrojan luz sobre el fenómeno de la corrupción. Su legado se centra en el equilibrio entre la libertad y el bienestar colectivo, la importancia de la educación y la crítica a los excesos del poder. Desde esta óptica, se puede explorar cómo la corrupción, entendida como una desviación del poder en beneficio privado, entra en tensión con sus principios fundamentales.
Aunque en su obra no trató la corrupción como tema específico, sí desarrolló ideas que permiten abordar este fenómeno de manera indirecta. En “Consideraciones sobre el gobierno representativo”(186 1), Mill enfatiza la necesidad de contar con instituciones fuertes y responsables, y alerta sobre los peligros de la ignorancia y la apatía ciudadana, que pueden allanar el camino para el abuso de poder. La corrupción, en este marco, aparece como un síntoma de la decadencia institucional y del debilitamiento del espíritu cívico, lo que resulta especialmente pernicioso en sistemas democráticos.
Desde la perspectiva de Mill, podríamos decir que la corrupción es una cuestión de malversación económica y aún mucho peor; su forma más grave es la corrupción del carácter moral de los gobernantes y de los ciudadanos. Cuando la ambición personal prevalece sobre el interés general, y los líderes dejan de ser servidores públicos para convertirse en explotadores del poder, el tejido social se resquebraja, la legitimidad del gobierno se erosiona, y la confianza pública desaparece, lo que lleva a una espiral de descomposición democrática. Mill concebía la política como una esfera en la que los ciudadanos deben participar activamente para garantizar su libertad. Por lo tanto, la corrupción no es simplemente una anomalía, sino una amenaza directa a la autonomía individual y al progreso social. En este sentido, un gobierno corrupto no solo desvía recursos materiales sino que debilita la virtud cívica, transformando a los ciudadanos en individuos pasivos que dejan de ejercer sus derechos y obligaciones. Por tanto, la corrupción además de ser un problema administrativo, es moral y estructural, degradando la capacidad del individuo para vivir conforme a la razón y la justicia. Una consecuencia adicional es la perpetuación de las desigualdades estructurales. Mill advertía que el poder tiende a concentrarse en manos de unos pocos si no se ejerce control sobre él. En un entorno corrupto, las élites políticas y económicas consolidan su dominio, bloqueando el acceso a recursos y oportunidades para los sectores más vulnerables. Esta situación perpetúa un círculo vicioso en el que la corrupción alimenta la exclusión social, y la exclusión, a su vez, refuerza la corrupción.
Para Mill, la principal herramienta contra la corrupción es la educación. Una ciudadanía instruida y crítica es la mejor garantía para prevenir el abuso de poder. La educación no se limita al ámbito escolar; implica también la promoción de una cultura de responsabilidad cívica, en la que los ciudadanos entiendan que su participación activa es esencial para preservar la libertad. La corrupción prospera donde reina la ignorancia, por lo que la solución comienza con formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes. Otro elemento clave es la transparencia en la gestión pública. Mill sostenía que los gobernantes deben rendir cuentas ante los ciudadanos y actuar con plena apertura en sus decisiones. La vigilancia pública es un antídoto eficaz contra la corrupción, ya que disuade a los funcionarios de actuar de manera deshonesta. Las instituciones deben ser diseñadas de tal manera que limiten las oportunidades para el abuso, estableciendo mecanismos claros de control y sanción.
Finalmente, Mill subrayaba la importancia de fomentar la participación ciudadana. Un sistema democrático saludable no puede depender exclusivamente de las elecciones periódicas; requiere de una implicación constante de los ciudadanos en los asuntos públicos. La corrupción se combate fortaleciendo la conexión entre gobernantes y gobernados, de modo que las decisiones reflejen verdaderamente el interés común. Además, es fundamental promover la igualdad de oportunidades, garantizando que los cargos públicos se asignen por mérito y no por influencia.
Siguiendo la línea de Mill, es fundamental reconocer que la corrupción no es un problema aislado, sino un fenómeno que refleja la calidad de nuestras instituciones y de nuestra vida moral. Combatirla exige un compromiso colectivo por construir una sociedad más justa, en la que cada individuo pueda ejercer su libertad y su responsabilidad sin obstáculos. En última instancia, como diría Mill, la verdadera libertad solo es posible en una comunidad que valora la integridad y la justicia por encima del interés personal.
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