El pasado domingo la Asamblea General votó la clausura de la 49ª legislatura, por lo que ahora la prioridad para los legisladores se centra en la campaña electoral. Ello sin perjuicio que en estos últimos días se han suscitado algunas sesiones maratónicas donde se buscó aprobar proyectos como el de enriquecimiento ilícito o el de garantías para la primera infancia. Si bien los legisladores podrán seguir trabajando en régimen de sesiones extraordinarias, probablemente lo hagan buscando capitalizar proyectos que sean funcionales a una campaña electoral que sigue manteniendo una tendencia de paridad con ligera ventaja para el Frente Amplio.
Pero primero vamos el plano legislativo. El Programa de Estudios Parlamentarios (PEP) del Departamento de Ciencias Políticas (FCS-UdelaR) ha expuesto algunos indicadores difundidos a través de diversos medios donde se visualiza el perfil de la actividad legislativa, permitiendo la comparación con otras legislaturas desde 1985. En tal sentido cabe destacar una performance que se encuadra dentro de los patrones históricos. Algo más de 1200 proyectos de ley presentados, de los cuales la mayoría son de autoría de legisladores y no del Ejecutivo. Sin embargo, a la hora de ver las leyes sancionadas encontramos que solo 4 de cada 10 proyectos alcanzan ese status. En su mayoría son de iniciativa del Ejecutivo, entre ellas la ley de presupuesto y rendiciones de cuentas. También destaca que más del 80% tienden a ser votadas por unanimidad. Por ende, este poder se consolida como el más efectivo a la hora de sancionar leyes. Esto tampoco es una novedad. Lo que sí puede resultar llamativo, según los datos del PEP, es que se visualiza una tendencia a una menor producción de leyes, de esta legislatura en particular, pero también como algo tendencial. Eso sí, hay que hacer una acotación en cuanto a la LUC y aquí, en mi opinión, entramos en aspectos cualitativos que no deben ser soslayados.
La LUC como ley ómnibus (algo que ya hemos analizado en este espacio) ha sido la novedad legislativa de este período. Una estrategia que sintetiza al menos 60 leyes; en seguridad, economía, empresas públicas, entre otras, destacando especialmente los cambios que dieron pie a la transformación educativa y reforma de la seguridad social. En otras palabras, un denominador común del Compromiso por el País con el que se presentó la coalición multicolor ante el electorado en noviembre de 2019. Si se considera que la diferencia en producción de leyes respecto a la anterior legislatura es de 29 piezas legislativas, quizás allí podemos encontrar la diferencia que cambia el análisis. Y no solo eso, sino que son leyes que en su mayoría revistieron una alta importancia política para la vida de los uruguayos y para comprender los guarismos de aprobación del gobierno. Y no solo eso, sino que además engrosarían el número de leyes que generan diferencias sustantivas entre oficialismo y oposición, tomando como referencia la gran polarización que generó la LUC, lo cual desembocó en un referéndum.
Pero la 49ª legislatura también estuvo marcada por otros hitos que sacudieron el escenario político. Sin ir más lejos los desafueros. Es recordado el rechazo al desafuero del senador Manini Ríos en la Cámara de Senadores. Y por otro lado la aprobación en la misma Cámara del desafuero al senador Gustavo Penadés. También fue la Cámara de Senadores -en cumplimiento de su función de fiscalización- el ámbito donde se produjo la interpelación a los ministros Heber y Bustillo por el caso del narco Marset, lo cual derivó posteriormente en un sismo político que se cobró los cargos de los jerarcas. Fue también el Senado, el que dio sanción definitiva a la ley conocida como reforma de la seguridad social en una dura negociación a la interna de la coalición. El veto a la ley forestal y el reciente veto parcial al artículo de la ley de medios que promovió Cabildo Abierto también marcaron la agenda legislativa e incluso el clima de convivencia a la interna de la coalición. Y por último, la estrategia de comparecencia del Presidente Lacalle Pou a la Asamblea General para dar su mensaje de situación del país también marcó un hito solemne en la relación entre los Poderes del Estado.
La carrera electoral conecta con muchos de estos temas tratados a nivel legislativo en este quinquenio. Sin ir más lejos la seguridad pública, tema central en la LUC, es el de mayor preocupación entre los uruguayos. En este terreno la batalla comunicativa pasa por mostrar la eficiencia o ineficiencia de la administración en el combate a la inseguridad. La reforma educativa y en especial su nueva gobernanza, da pie al debate sobre la necesidad del oficialismo de defender los cambios, y de la oposición, claramente en contra, que procura “un acuerdo Nacional”. En tanto la reforma de la seguridad social, como ya sabemos, tiene un capítulo aparte con el plebiscito impulsado por el PIT-CNT y sectores del Frente Amplio.
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