La respuesta del Presidente por Hoenir Sarthou

El Presidente oyó atentamente todo lo que le decía cada uno de sus visitantes. Oía  y, cada tanto, anotaba algún dato en una libreta. Pocas veces intervino, sólo para responder alguna pregunta concreta o comentar brevemente cierto aspecto de lo que se le decía.

Lo que se le decía era previsible, ya que sus visitantes eran miembros de la Comisiòn Nacional por “Uruguay Soberano”, que se oponen a la instalación de la planta UPM2  y promueven una reforma constitucional para dejarlo sin efecto. Se le decía algo que el debe conocer muy bien: que el Contrato ROU UPM tiene una cláusula, la número 7, que permite al Uruguay suspender el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en caso de catástrofes imprevisibles e irresistibles, entre las que se prevé expresamente el caso de una epidemia.

Uruguay está, desde el 13 de marzo, en situación de emergencia sanitaria por la epidemia de coronavirus declarada en gran parte del mundo.

No toca analizar aquí si las medidas dispuestas, ajustadas moderadamente a las que recomienda la Organización Mundial de la Salud, son las necesarias para prevenir el contagio y sus efectos. Lo cierto es que el País está formalmente en situación de emergencia y que la mayor parte de las actividades laborales y sociales se han paralizado, miles de personas están ingresando al seguro de desempleo o perdiendo sus trabajos y sus ingresos, la enseñanza en todos los niveles está suspendida y hay recomendación de que cada persona permanezca en su casa hasta nuevo aviso.

¿Alguien cree que, en esas circunstancias, es posible continuar las obras y asumir el gasto y el endeudamiento que implica el Contrato ROU UPM?

Resulta obvio que no. Al menos por dos razones. Una es que la continuidad de las obras de construcción implicaría transgredir las normas de prevención dispuestas. La otra es que la emergencia sanitaria aparejará una emergencia social de costo aun incalculable, cuya atención le requerirá al gobierno usar todos los recursos materiales del País e incluso endeudarse para complementarlos.

Todas estas cosas sobrevolaban en el aire durante la reunión, mientras que el Presidente, Dr.  Luis Lacalle Pou, flanqueado por el Secretario de la Presidencia, Dr. Alvaro Delgado, oía a sus visitantes y tomaba notas ocasionales.

Ninguno de los dos podía ignorar que sus visitantes eran y son fervientes opositores a la instalación de UPM2.  Así como ninguno de los visitantes ignoraba ni ignora que Lacalle se ha declarado partidario de la instalación de UPM2, aunque ha sido muy crítico con las condiciones pactadas en el Contrato.

Sin embargo, esa discrepancia sustancial se volvió menor durante la reunión. El peso de la realidad la volvía menor. Tal como están las cosas, tanto partidarios como opositores a la instalación de UPM2 deben coincidir en que nada es lo que era en el Uruguay, y que la continuidad de las obras, al menos inmediata, es imposible. De hecho, ya están paralizadas por las restricciones que afectan al ramo de la construcción.

¿Qué es lo que le queda por definir al Presidente, como cabeza del Poder Ejecutivo?

En principio, si dentro del plazo contractual de veinte días hábiles, a contar desde la declaración de la emergencia, plazo fijado en la misma cláusula 7, comunicará a UPM la suspensión temporal del cumplimiento de las obligaciones de Uruguay por “causa extraña no imputable”, o si correrá el riesgo de no hacer esa comunicación y de que Uruguay quede como mero incumplidor del Contrato.

¿Qué harían ustedes en esa situación?

Materia completamente aparte es que un nutrido grupo de uruguayos, entre los que están la mayoría de los visitantes del Presidente, estemos impulsando una reforma constitucional para declarar nulo y dejar sin efecto al Contrato ROU UPM, así como para hacer preceptiva la aprobación legislativa y la posibilidad de referéndum  respecto de los contratos de inversión que endeuden al País más allá de un período de gobierno. Materia distinta porque de lo que se trata ahora es de definir si el País va a invocar a su favor una cláusula que lo favorece, sin que eso implique definición de fondo sobre el Contrato.

Cuando las intervenciones de los visitantes terminaron en la sala del Edificio de Presidencia, el Presidente tomó la palabra.

¿Saben qué dijo?

Que no diría nada. Que había tomado nota de todo lo oído y que no respondería en el momento. Pero dijo algo más: dijo que no era partidario de la confidencialidad, pero que, paradójicamente, en este caso haría uso de ella.

Hay respuestas largas que no dicen nada y otras muy cortas que dicen mucho.

A todos los asistentes les quedó claro que algo se está cocinando en la cabeza del Presidente, y en las de su equipo, respecto a UPM2.

¿Qué es?

Que sea la rescisión del Contrato resulta impensable, dada su postura constante respecto a UPM2. La mera suspensión de nuestras obligaciones resulta demasiado obvia y no  ameritaría su reserva.  Todo indica que hay otros planes, que, me atrevo a suponer, muy probablemente incluyan la renegociación del Contrato.

Tengo el convencimiento de que nada bueno para Uruguay puede salir de esa acta de entrega de nuestra soberanía y de nuestros recursos que es el Contrato ROU UPM. Por eso apuesto decididamente por su anulación vía reforma constitucional.

Sin embargo hay que reconocer algo. Después de dos años  en que fue imposible que algún miembro del gobierno se aviniera siquiera a dialogar sobre el dichoso contrato, un Presidente recibe a varios uruguayos que discrepan con él en ese tema, los escucha, admite tácitamente que UPM2 es un problema (el sólo hecho de dar la entrevista lo prueba) y deja entrever que habrá novedades sobre el asunto.

Es altamente probable que discrepemos sobre lo que corresponde hacer en definitiva con UPM2, pero hay un profundo alivio en saber que gobernantes y gobernados coincidimos en reconocer un problema cuando lo tenemos delante. Aunque –reitero-  quizá después tengamos mucho que discutir sobre las soluciones.

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