El pasado viernes 18 de junio el fiscal Diego Pérez mantuvo una conversación con Blanca Rodríguez en el programa Más temprano que tarde de El Espectador. Luego de que la periodista diera un informe detallado acerca de los procedimientos policiales del día 16, que terminaron con la detención de más de diez personas del asentamiento San Miguel, el fiscal brinda una serie de razones que, para él, justificarían el accionar de la policía bajo su amparo. Lo interesante es dar cuenta de las dudas, más que nada al principio, que el fiscal manifiesta a la hora de responder las preguntas. “A qué se refiere” le repregunta el fiscal a Rodríguez luego de que la comunicadora preguntara por qué se procedió de la forma en que se precedió, y en particular da vueltas para contestar sobre cuáles son los ilícitos que se investigan, a lo que finalmente contesta que lo central es el delito de “usurpación” luego de ocupaciones que desde enero del año pasado se vienen realizando “nadie sabe bien por qué”. Para interpretar las dudas del fiscal bien vale hacer un poco de memoria sobre la forma en que viene procediendo.
El Nuevo Comienzo
Los terrenos ocupados desde enero del 2020 se ubican entre las calles Burdeos (al sur) y Sanfuentes (al norte), mientras que los límites oeste y este son más imprecisos. Ubicados desde la zona de Burdeos hablaríamos de las calles Las violetas y Camino Santa Catalina. Uno de los vértices de esos terrenos ocupados se encuentra entonces en la esquina de Burdeos y Camino Santa Catalina, justo la esquina en donde se ubica la UTU del barrio, en donde trabajo desde el año 2014. Como escribimos en otro momento, jamás hubo nada en esos terrenos ocupados desde el 2020, ni siquiera un alambrado que delimitara la “propiedad”. El estado de abandono en que esos terrenos se encontraban, constatable para quien escribe en los siete años que van desde 2014 a 2019, se remonta a más de cincuenta años si preguntamos a vecinos y vecinas de la zona. En esos terrenos abandonados por más de medio siglo es que muchas personas sin hogar empezaron a levantar sus casas, en principio con palos, tablas y chapas. Vale recordar que esta es una práctica histórica en la zona, porque así fue que se poblaron tanto Santa Catalina como el lindero barrio San Martín.
El núcleo sindical de la UTU no dio la espalda a la situación y se acercó para ver de qué manera podía colaborar con familias de la zona en que trabajamos, familias de las que provienen, en muchos casos, estudiantes de la UTU. Pero la solidaridad con esas familias ocupantes de terrenos abandonados llegó desde una diversidad de militantes sindicales y de organizaciones sociales. Todo colaboró, junto a la memoria histórica de las propias personas ocupantes, para que la organización del barrio fuera notable, habilitándose ollas populares, merenderos, y espacios para juegos infantiles. Pero esa capacidad de organización, increíblemente, fue tomada por el propio fiscal como elemento delictivo.
La criminalización
El 13 de marzo del 2020 empezó la campaña “Quedate en casa” para combatir la pandemia. A comienzos del mes siguiente el fiscal Pérez empezó a detener y pretender dejar en la calle a las familias ocupantes del Nuevo Comienzo, primer nombre que tomó el barrio. Claro, para intentar justificar las intensiones de dejar sin vivienda a gente que había ocupado terrenos abandonadas se recurrió a prácticas difamatorias ¿Problemas de conciencia?
Una serie de notas de prensa vinculaban la ocupación con el narcotráfico (por ejemplo El País, 15/3/20 y 18/4/20). Eso se reforzaba con el comunicar lo “demasiado organizada” de la ocupación, como si eso fuera sospechoso de algo “raro”. Tras las movilizaciones en abril del 2020 que pedían “No nos condenen por ser pobres” el fiscal Diego Pérez argumentaba en el programa Todo Pasa de Océano FM: “No me sorprende. Va en consonancia con lo establecido en la investigación en cuanto a la existencia de un grupo organizado, con discurso y logística para justificar una situación ilegítima”. Organización, en las palabras del fiscal, aparece casi como sinónimo de delito. Pero lo más triste de los exabruptos del fiscal, muchas veces en complicidad con algunos medios, ocurrió hace prácticamente un año. El 2 de junio del 2020 Emiliano Cotelo entrevistó a Pérez, pocos días después del asesinato de tres soldados en la zona del Cerro. La alarma pública, que aseguró que carteles internacionales se estaban apropiando de territorio montevideano, llevó a que Cotelo preguntara al fiscal si la ocupación de terrenos en Santa Catalina estaba vinculada a una operativa de narcotráfico que a la vez estuviera vinculada con los homicidios, y el fiscal respondió: “Yo lo vengo diciendo desde hace un buen tiempo, nosotros detectamos esa situación y entendemos que sí” y en particular sobre la ocupación el fiscal agregó: “llama la atención lo vertiginoso de las construcciones y lo organizado de la misma” (En perspectiva, 2/6/20).
Pocos días después se supo quien era el autor de los homicidios, no tenía nada que ver con organizaciones delictivas, y mucho menos con la ocupación. Pero por supuesto que nadie ha pedido disculpas por disparates tan groseros que la realidad ha desmentido. Que haya alguna persona en los asentamientos que esté vinculada a ilícitos (más allá de la “usurpación”) es probable, como en cualquier barrio. Generalizar y denotar al barrio a partir de casos puntuales sería como decir que el barrio Carrasco, todo, es una organización de familias de fundidores y vaciadores de bancos, a partir de casos de una familia que se ha especializado en eso.
San Miguel
Luego de que el relato criminalizador perdiera fuerza el barrio siguió creciendo. Un bañado que atraviesa de este a oeste el terreno hizo que naturalmente se conformaran dos zonas, hacia Sanfuentes se consolida el nombre Nuevo Comienzo, mientras que hacia el sur el barrio comenzó a ser llamado San Miguel. El barrio está poblado por muchas madres jefas de familia, y una gran cantidad de inmigrantes caribeños, lo que da un colorido sonoro particular a la zona. Nuevamente el núcleo sindical, junto a otros militantes barriales, participa de una olla, de ayuda con los deberes (muchas veces simplemente compartiendo datos, ya que hablar de conectividad en ese contexto es un despropósito). Y cuando nadie lo esperaba el fiscal volvió con su accionar.
El relato de policías apuntando a las casas y llevándose detenidas a personas nos hizo ir hacia la ocupación el miércoles 16 al mediodía. Según narraban los vecinos, nadie mostró orden de allanamiento ni papel alguno. Ya que el fiscal dice que sí había orden de entrar a las casas y revolver todo como se hizo sería bueno que se comunicara a los funcionarios policiales que la próxima vez la muestren. La corrección de los funcionarios policiales, algo que también se escuchó, no oculta la violencia del procedimiento en sí. Una mamá contaba hace dos días que su hijo tiene miedo de dormirse luego de despertarse con policías apuntándolo. No quiero ni imaginar en lo que habrán pensado los menores que vieron que su madre se iba detenida quedándose a cargo de una beba de un mes. La madre ya ha dado su relato, no hay nada que imaginar en ese caso, estuvo todo el día detenida, alejada de su hija lactante, sin conocer razones. El jueves 17 a la mañana llegaron policías de particular a extorsionar a la esposa de uno de los detenidos, amenazando con cárcel si no firmaban acuerdos de irse. También se amenazó con no conceder la ciudadanía a familias de inmigrantes si continuaban allí.
Luego de tanto disparate, y de los falaces argumentos del fiscal, que intentó vincular a ocupantes con organizaciones criminales, se entiende que Pérez trastabille cuando se le pide que precise las razones de su proceder.
“Soy empleado de ustedes”
La entrevista de Blanca Rodríguez logró, al fin, dejar bien claras las razones de los procedimientos del fiscal, es la “usurpación” de terrenos abandonados para construir una vivienda. “Ocupamos por nuestros hijos” se leía el martes, y un vecino afirmaba ante cámaras “el barrio ya está construido”. Nuevamente quedó claro, también, que vecinos y vecinas no tienen nada que esconder. El martes 22 de junio se movilizaron a la luz del día, exhibiendo sus ideas y sus reclamos en pancartas. Nada complejo, un techo, y que pare el atropello policial. Esas mismas personas que señalan el desprecio que el fiscal manifiesta ante ellas cuando las interroga. Vale recordar que un vecino del Nuevo Comienzo fue citado a una “mediación” el año pasado por un grupo encabezado por Leonel Groissman en un local del IMPO, Adrián fue convocado a esa mediación, acudió de buena fe, y se fue esposado, dejando a la vista la “buena fe” con que procede el fiscal. Ante la difamación y la fallida criminalización de la capacidad de organización de gente pobre, no es raro el trastabilleo de Pérez, quien agrega en la entrevista que él desea la “solución” de este problema más que nadie, ya que le quita tiempo para “dedicarse a otros casos”.
En estos días se ha escuchado que el senador Manini trabaja en un proyecto de ley para que el Ministerio de Vivienda, encabezado por su esposa, no deba cumplir con fallos judiciales favorables a familias desalojadas de estas ocupaciones. También que un parlamentario del Partido Nacional está trabajando en un proyecto para evitar las ocupaciones. La Intendencia y el partido de gobierno departamental han tenido una posición ambigua. El actual diputado del MPP Gabriel Otero era el alcalde en enero del 2020 y fue parte del relato criminalizador además del primer denunciante. La diputada del mismo sector Cecilia Cairo se ha acercado en los últimos días y ha comentado a vecinos y vecinas que trabaja, junto con Cabildo Abierto, en un proyecto para parar los desalojos durante la pandemia.
En la movilización del martes una vecina logró entregar en mano al presidente una “tercera carta” que el colectivo redactara para solucionar sus problemas. La misma vecina dijo al presidente, ante cámaras, que la primera carta no generó respuesta, y que sobre la segunda hubo una respuesta general de Álvaro Delgado pero que no pasó más nada. El presidente, quien afirmó “soy empleado de ustedes”, se comprometió a contestar el planteo, así que la pelota quedó en sus manos. Veremos cual es la respuesta.
Como integrante de un Núcleo Sindical que está enfrente al nuevo barrio, en épocas en que tanto se habla del “corporativismo” del movimiento sindical, puedo asegurar que seguiremos tratando de colaborar con la organización del barrio y con las denuncias de irregularidades y atropellos. Recordando nuevamente que el único “delito” que cometen es intentar ejercer su derecho a la vivienda ocupando un terreno abandonado hace más de medio siglo.
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