En los últimos años América Latina ha experimentado una proliferación de proyectos sociales basados en resultados, donde se conjuga la participación de múltiples actores; públicos, privados, entidades internacionales y sociedad civil. En Uruguay no se contaba con una iniciativa de este estilo hasta el pasado lunes 13. En un evento en Torre Ejecutiva el Ministerio de Desarrollo Social, Laboratorio de innovación y emprendimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab), Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron el BIS. A través de esta primera experiencia piloto se va a financiar una generación de jóvenes que cursan bachillerato. La formación que se les brindará es dual por lo que se trazan objetivos educativos y laborales.
El instrumento consiste en un proyecto social que es financiado por inversores privados para que un proveedor social (en este caso Centro educativo Ánima) lleve adelante la intervención social. El pago del Estado se produce cuando se constata el cumplimiento de los resultados previamente acordados, medibles y verificados, dijo Antonio Manzi director de la Dirección de Transferencias y Análisis de Datos del Mides. La emisión de este bono prevé un fideicomiso de 600.000 dólares y financia cuatro años de pago por resultados.
Desde una mirada de las políticas públicas resulta promisorio que el Estado rompa el tabú y de el paso de incursionar en proyectos sociales por resultados. La medición de resultados siempre ha sido un tema esquivo en los programas sociales, que se tiende a suplir con datos de gestión y monitoreo. Pero es imprescindible que en algún momento el dinero que invierte el Estado, es decir, dinero del contribuyente, tenga una medición de resultados. Por esta misma razón, es vital garantizar que la implementación del proyecto apunte a una población objetivo en similares condiciones a la que operan otros programas públicos que trabajan con jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Esto como forma de asegurar que el proyecto ataque la problemática de la deserción estudiantil. En este caso, ese resultado determinará el reembolso a los inversores y el pago de una prima por cumplimiento de las metas.
El otro aspecto innovador de este instrumento es la confluencia de diversos actores. El contrato fue conformado por la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A (Conafin- Afisa), en colaboración con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y supervisado por el Banco Central (BCU). El proyecto conjuga inversores (BROU, Santander, ScotiaBank, Itaú), proveedores que implementan el servicio (Ánima), entidades copagadoras (BID Lab, Mides, MEC, Inefop) y verificadores independientes que auditan resultados (Grant Thornton).
Desde esta mirada se puede augurar que los BIS tienen el potencial para operar sobre problemáticas sociales donde el Estado tiene ciertas dificultades por la complementariedad temática e institucional que requiere su abordaje. También parecen tener potencial para la reforma del sector público en proyectos innovadores y control por resultados, como así también el involucramiento de otros actores privados en la intervención social. En suma, esperemos que todo ello redunde en mayores oportunidades para los gurises.
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