Los molinos de viento de UTE (2)

CONTABILIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

William Yohai

En nuestro último trabajo analizábamos las ganancias privadas resultado de la privatización de la generación de energía eólica. Nuestra estimación: ganancias anuales por cerca de 125 millones de dólares. En 20 años 2.500 millones.

En dicho cálculo no entraban las que perciben los privados que, asociados bajo distintas modalidades a UTE, integran parques que figuran en la lista de estos como pertenecientes al ente estatal. Es aún más difícil cuantificar estas ganancias  que las que presentamos antes y que corresponden a los parques con contrato PPA (contrato de compra de energía) y que obligan a UTE a comprar toda la que estos molinos generan durante 20 años.

No hemos contabilizado aquí, además, otro fenómeno negativo: UTE paga (durante esos 20 años) cantidades de dinero que permiten a privados invertir (utilizando generalmente crédito con garantía estatal), amortizar la inversión, mantenerla operativa y renovar los equipos, ganar dinero y, además, conservar la propiedad de las instalaciones.

UTE gasta pero no se queda con otra cosa que la parte de la energía generada que efectivamente necesitará en cada momento. Gran parte, variable, del total generado no será utilizado por ella.

Fernando Esponda y Jorge Molinari[1] han analizado (trabajo citado en nuestra publicación anterior) los porqué de esta elección de UTE.

De acuerdo a la evidencia que nos presentan, el origen de tal decisión por parte del Estado Nacional estaría en un tema contable.

Cuando una empresa, (pública o privada, tanto da) invierte, el monto se contabiliza como tal. No como un gasto. El resultado de la inversión en relación a los activos y pasivos (recordemos que activo-pasivo=capital según la ecuación básica de la contabilidad) es aproximadamente neutro. Por un lado sale dinero (ya sea a partir del que la empresa dispone o, más frecuentemente, a partir de un crédito bancario o de otro tipo); por otro lado ese dinero tiene una contrapartida en el balance: el ingreso del activo que fue adquirido en la contabilidad.

El activo ingresado se irá integrando, como pérdida a lo largo del tiempo de acuerdo a la duración estimada del mismo.

Una “recomendación”, más bien orden, del Fondo Monetario Internacional de 1986 instruía a los estados a cambiar esto. Se trataba de contabilizar la inversión pública totalmente como gasto en el momento de ejecutar la misma. Dicho gasto pasaba, al mismo tiempo, a integrar el balance fiscal. O sea aumentaba el déficit fiscal crónico que la mayoría de los estados arrastran desde que existen.

Los estados quedaban así entrampados en una disyuntiva de hierro: o invertían, aumentando así su déficit y complicando sus posibilidades de acceso al crédito, o no lo hacían, condenando a los países a constreñir  el desarrollo de obras de infraestructura de todo tipo, carreteras, ferrocarriles, centrales eléctricas, etc.

Para zafar de este dilema de hierro, profundamente recesivo y retrógrado, surgen, también recomendados por los multilaterales de crédito, una serie de mecanismos que, de hecho, conducen a la privatización de empresas de servicios públicos: las hoy tan mentadas PPP. Participaciones Público Privadas que implican privatización de los servicios con el agregado de beneficio para privados: los riesgos de mercado u otro tipo los asume el Estado.

Los PPA de UTE son una forma de este tipo de mecanismos.

Lo más interesante es que el mismo FMI emitió en 2001 documento que revertía lo planteado en 1986. Allí se recomendaba volver a contabilizar la inversión pública tal cual siempre se había hecho y como hemos descrito más arriba.

Sin embargo, Uruguay ha tomado preferentemente el camino recomendado en 1986. Tal sucede con la generación eólica, la cárcel que se inaugurará próximamente en Punta Rieles, el mantenimiento de infraestructuras escolares, etc. La remodelación del Hospital de Clínicas por esta vía fracasó por oposición de los sectores que cogobiernan la UDELAR.

ANCAP adoptó por su lado un criterio distinto para las inversiones que realizó los últimos años. De allí surge el déficit del que tanto se habla estos días. Más allá de los errores (y horrores) que parecen haberse cometido por el ente al llevar adelante estas inversiones, nos queda la impresión de que la saña con que prensa, oposición política e incluso sectores del partido de gobierno exhiben con lo realizado por aquella tienen mucho que ver con esta confrontación de visiones en la contabilidad de la inversión pública.

El método PPP (o PPA en el caso de UTE) termina ocultando las obligaciones que el Estado asume cuando invierte. En el caso de ésta valoramos la correspondiente a los contratos PPA vinculados a los parques eólicos en 4.550 millones de dólares. Cifra que coincide con la estimada por los autores citados. Si se le agregan las demás  obligaciones asumidas por UTE en 20 años (biomasa principalmente por las plantas de celulosa, asociaciones en parques eólicos, fotovoltaica) el total de los pagos comprometidos asciende a 7.000 millones. Comparémoslo con el total de la deuda pública bruta que informa el BCU incluyendo intereses: 49.279 millones de dólares. Dicho de otra forma bajo el manto del mecanismo PPA; UTE está escondiendo un 14% del total de la deuda pública.

Esponda y Molinari calculan cuánto se hubiera incrementado el déficit fiscal si la inversión en generación eólica se hubiera realizado directamente por UTE y contabilizado según los criterios FMI de 1986. La cifra suma varios enteros porcentuales lo que hubiera elevado dicha variable a niveles posiblemente incomptatibles con la actual calificación del riesgo de la deuda pública uruguaya dentro del grado inversor. Si se hubiera contabilizado según los criterios FMI 2001 los números del déficit no hubieran variado significativamente. Sí lo hubieran hecho los que informa el BCU en el rubro deuda pública.

Ignoro que opinarían al respecto las temibles calificadoras de riesgo pero es evidente que la sostenibilidad real de la deuda sería mucho mayor de haberse invertido directamente a través de UTE. Por lo menos las ganancias privadas, no menos de 2.500 millones de dólares, no existirían como endeudamiento real.

En suma: 1) optar por el mecanismo PPA (una variante de las PPP) para llevar adelante la “revolución eólica uruguaya” cuesta a nuestra economía  sumas enormes de dinero. 2) Las razones para hacerlo parecen estar mucho más dentro de la órbita de una concepción ideológica neoliberal-privatizadora a ultranza que de razones económicas reales.

[1]“La dimensión contable de la revolución eólica uruguaya”-Fernando Esponda y Jorge Molinari. Disponible en www.resonandoenfenix.blogspot.com   Allí se encuentran también las referencias a los documentos del FMI mencionados en este trabajo