Las condiciones en que dan a luz las mujeres se deterioran durante la pandemia, violando derechos básicos. Los grupos que se autodenominan “provida” guardan silencio.
Si visitan sitios web y redes sociales de grupos religiosos o ultraconservadores que se proclaman ‘provida’ en América Latina, verán una profusión de imágenes de familias, bebés, niñas y niños, escarpines, cunas y mujeres embarazadas.
Leerán mensajes exaltados en favor de la maternidad y las familias numerosas y en contra de la planificación familiar, los anticonceptivos y –por supuesto– del aborto.
Muchos llevan en sus nombres y eslóganes las palabras “vida” y “familia”. Por tanto, podríamos suponer que estarían en primera línea defendiendo el derecho de las mujeres a vivir embarazos y partos positivos y felices y denunciando maltratos en el sistema de salud, tipificados incluso en algunas leyes como “violencia obstétrica”. Pero no.
Desde que se declaró en marzo la pandemia de COVID-19, en openDemocracy venimos investigando las condiciones en que las mujeres dan a luz en un mundo con cuarentenas, toques de queda, reorganización hospitalaria y recursos médicos restringidos.
Nuestra investigación comprobó que las cosas están ahora peor para las embarazadas, que ya soportaban riesgos inaceptables y violaciones a sus derechos antes del COVID-19.
En al menos 45 países, las mujeres debieron pasar por situaciones que violan pautas internacionales o leyes nacionales sobre atención de partos. Y las denuncias continúan llegando.
Varios hospitales de América Latina decidieron imponer cesáreas de rutina a todas las mujeres. También se generalizó la prohibición de acompañantes, y recibimos múltiples denuncias de maltrato y falta de información, así como de negación de asistencia a parturientas o a mujeres con emergencias obstétricas que se debatían entre la vida y la muerte.
Las entrevistadas dijeron sentirse “abandonadas”, con una mezcla de “dolor y angustia”, regañadas como niñas, sometidas a procedimientos de los que ni siquiera las informaban o simplemente dejadas sin atención. Los toques de queda y las restricciones al transporte llevaron a que muchas mujeres perdieran controles de embarazo, tuvieran que caminar largas distancias para llegar a un hospital o incluso se vieran obligadas a partos en casa, no planificados y riesgosos.
“Eso reafirma lo que hemos visto en otros momentos de crisis sanitaria o humanitaria: la salud sexual y reproductiva de las mujeres resulta desatendida por el sistema de salud”, me dijo la ginecóloga ecuatoriana Tatiana Ortiz, que trabaja en hospitales de la ciudad de Guayaquil.
¿Qué han hecho ante esto los “provida”? Lanzaron una campaña de descrédito contra la Organización Mundial de la Salud (OMS), acusándola de “abortista”, justo cuando Donald Trump decidía desfinanciar al organismo en medio de la pandemia.
La OMS incluyó en los servicios de salud esenciales que no pueden suspenderse en la pandemia “el aborto en todo el alcance que permita la ley”, la provisión de anticonceptivos y la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH. Pero la OMS también emitió pautas específicas de atención al parto: las mujeres deben ser tratadas con respeto, contar con una compañía de su elección, recibir apoyo para amamantar y tener contacto piel con piel con los recién nacidos, incluso si contrajeron COVID-19. En cambio, los sectores que se autodenominan “provida” reclamaron y celebraron que se cerraran o suspendieran servicios de salud sexual y reproductiva.
En Perú, cuna de la campaña ultraconservadora “Con mis hijos no te metas” (CMHNTM), los medios reportaron reiterados casos de embarazadas rechazadas en hospitales, pariendo en salas de espera o incluso en sus casas.
Christian Rosas, vocero de CMHNTM, se dedicó a reclamar que se reabrieran los templos evangélicos durante la pandemia, pues “la verdadera tragedia es morir sin Cristo… El cristiano no teme morir, no ve con pánico la muerte porque para nosotros morir es ir al cielo”. Perú está entre los nueve países con más cantidad de muertes (más de 27.000).
Rosas, defensor de que niñas de 6 u 8 años den a luz, tampoco alzó la voz sobre la ausencia de atención oportuna y digna para las mujeres en los nacimientos que él y su grupo tanto reclaman.
En México, el Frente Nacional por la Vida y la Familia se dedicó a hacer campaña contra un fallo que podría haber obligado al estado de Veracruz a legalizar el aborto.
Pero guardó silencio sobre miles de mexicanas que se quedaron sin controles prenatales e incluso sin lugar donde parir en medio de la reorganización hospitalaria por el coronavirus.
México es el segundo país de la región con más muertes maternas por COVID-19 después de Brasil. Desde mediados de julio, el coronavirus es la principal causa de mortalidad materna entre las mujeres mexicanas. Para el 17 de agosto constituía el 20,6%, con 112 decesos, según cifras oficiales.
Antes de la pandemia, dos mujeres por día morían en México por causas prevenibles en el embarazo, parto o posparto, según el Informe de GIRE Justicia Reproductiva publicado en 2018. Mientras, más de 33% de las mujeres embarazadas denunciaban violencia obstétrica, según una encuesta nacional.
Brasil concentra 77% de las muertes maternas por coronavirus en todo el mundo, según los casos registrados desde inicios de la pandemia hasta el 18 de junio, indicó un estudio publicado en el International Journal of Gynecology and Obstetrics.
Pero en Brasil, los grupos “provida” están afanosamente luchando por otras “causas”. Por ejemplo, obstaculizar el aborto legal de una niña de 10 años, violada desde los 6 por un tío.
La antiabortista Sara Giromini, que se cambió el nombre a Sara Winter en homenaje a una agente nazi y está presa por su papel en una red de desinformación y por presuntamente liderar una milicia armada, divulgó en Instagram, Twitter y YouTube el nombre de la niña y los datos del hospital donde se llevó a cabo el procedimiento el 16 de agosto.
También convocó a un grupo de fanáticos que intentaron asaltar el lugar para impedir el aborto.
La ministra de la Mujer, Damares Alves, envió un equipo a la casa de la niña para convencer a la familia de que no abortara. A inicios de julio, Alves anunció en la Cámara de Representantes que estaba organizando un frente parlamentario latinoamericano “por la vida” y para combatir el aborto.
Ni la ministra ni Sara Winter ni los muchos grupos antiabortistas de Brasil se pronunciaron sobre los problemas que enfrentan las parturientas en el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo y que hace varias semanas sobrepasó los 100.000 muertos.
Con la pandemia, en Venezuela se agravó el fenómeno del “ruleteo” (que un paciente grave recorra hospital tras hospital sin lograr atención hasta que muere).
“El médico me revisó la barriga y me dijo ‘tu bebé está muerto; aquí no te podemos atender’”, le contó a nuestra reportera una mujer rechazada en la emergencia de una maternidad de Caracas que no tenía banco de sangre ni agua corriente y casi ninguna sala quirúrgica operativa.
La mujer con 31 semanas de embarazo debió esperar casi medio día, buena parte sentada en una silla de plástico a la entrada del hospital, hasta que fue transferida a otro centro donde su bebé nació muerto, le practicaron una histerectomía sin su consentimiento.
Decenas de grupos de derechos humanos, médicos y personalidades venezolanas e internacionales expresaron el 19 de agosto “nuestro más contundente rechazo y preocupación extrema por reportes de distintas fuentes que señalan casos de mujeres embarazadas bajo sospecha de la COVID19 a quienes se les ha negado atención oportuna, o que han sido sometidas a situaciones irregulares que comprometen su salud y sus vidas”. Nada de esto parece conmover a los sectores que promueven la maternidad como fachada de una agenda que busca recortar derechos duramente ganados por las mujeres. Ser provida implica defender que las mujeres podamos parir con felicidad, cuándo y cómo queramos. No es lo que ellos defienden.
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