Hace unas semanas, asumía por primera vez en el senado de Uruguay una mujer trans.
La abogada Michelle Suarez, reconocida por ser la redactora del proyecto que a la postre fue la ley de matrimonio igualitario, y por su profusa actividad militante dentro de la diversidad sexual, tuvo el honor de ser investida en su cargo, al solicitar licencia el titular de la banca, el senador Marcos Carámbula.
Tanto en su discurso de asunción, como en múltiples entrevistas que ella y compañeros de su sector, y de Ovejas Negras brindaron a diferentes medios de prensa, quedó claro que este hecho histórico no es azaroso, y que responde a la voluntad política de su partido de impulsar el proyecto de ley de Reparación Integral Trans, que, a iniciativa del Poder Ejecutivo, se encuentra actualmente en la comisión de Población y Desarrollo.
Este proyecto, propuesto por la activista trans e integrante del Colectivo Campesinas Rebeldes Antonella Fialho, fue presentado ante el Consejo Nacional de la Diversidad Sexual (opera bajo la órbita del Mides), y en líneas generales, brega por mejorar el acceso a la salud, a la vivienda, al trabajo, y a la educación de la población trans, y entre un paquete de medidas de urgente discusión y enorme importancia (según censos, la expectativa de vida de esta población es de 35 años, el abandono de hogar y la deserción estudiantil, en promedio, se da a los 14 años, y en ambos casos se relacionan con discriminación a causa de su identidad de género; y el trabajo sexual es, o fue ejercido por el 70% de esta población), también reconoce los crímenes que el Estado acometió contra la comunidad trans durante la dictadura militar, y durante los primeros años de la reestructuración democrática, habilitando una reparación económica para las personas que acrediten haber sido víctimas de violencia institucional a causa de su identidad de género durante ese período.
Pero más pronto que tarde, todos estos hechos, y en sí la discusión, pasaron a un segundo plano.
La senadora Michelle Suárez, de repente se vio envuelta en un escándalo sin precedentes…
Primero, una publicación en Facebook que la criticaba por su desempeño profesional (según lo que se desprende de la publicación, reñida ésta con la ética), e inmediatamente, una ola de denuncias similares, de hechos que de ser ciertos, pueden comprometer desde procesos civiles y penales en los que ha obrado, y que por su gravedad, me atrevo a pensar, podrían desembocar en la inhabilitación del ejercicio de su profesión. Formalmente, existe al menos una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia, y el próximo 16 de noviembre, luego de haber faltado a audiencias anteriores, la Dra. Michelle Suárez deberá ser conducida a declarar.
Sin dudas, tanto el hecho mediático –no es casualidad que el programa Santo y Seña le dedicara un lapidario informe-, como de ser ciertas las acusaciones, el obrar en sí de la Dra. Michelle Suárez, no hacen más que empercudir el trabajo y las conquistas de las organizaciones y activistas de la diversidad sexual, que desde 1992 en adelante han salido a las calles para reclamar por sus derechos.
Y en momentos en los que empieza a discutirse el proyecto de ley de Reparación Integral Trans, me es imposible al menos no preguntarme en qué medida este hecho afectará su trámite parlamentario (en virtud del escándalo, temo que hasta pueda “encajonarse”).
Y las consecuencias de esto, no se limitan al parlamento, ni a la figura de la senadora.
En una orgía de reacciones conservadoras, discursos de odio y transfobia inundan las redes sociales.
A la senadora, no sólo se la agrede por estas denuncias, sino que en cambio, para los energúmenos de siempre, este fatídico hecho se convirtió en la oportunidad perfecta para expresar sin la más mínima sensibilidad, un discurso de abierta animosidad y obscena violencia contra la comunidad trans en particular, y contra toda la diversidad sexual en general.
La reacción de las organizaciones en las que participa o participó la Dra. y que la han promovido como activista y política, se centran sin embargo más en denunciar una campaña de odio y desprecio contra la senadora por ser trans y por ser mujer, que en delimitarse de la Dra. Michelle Suárez, o al menos investigar si son ciertas o no las acusaciones que se le realiza –al menos el Frente Amplio y el PCU, a los cuáles es orgánica, tienen sino la voluntad, al menos sí la facultad de hacerlo-. Lo paradójico de esta situación, es que muchas de las acusaciones que se le realizan a la Dra. Suárez, surgen de personas de la misma comunidad lgtb que se sintieron lesionadas.
Pero ese no es el único error de estas organizaciones; a la luz de recientes declaraciones, integrantes de Ovejas Negras, aclararon que ya sabían de estas acusaciones. En un intento de apartarse de la polémica, aclararon que, ante éstas, su posición fue la de dejar de recomendarla como profesional, y que, ante esta situación, esperaran a que la justicia de expida.
Me pregunto si Ovejas Negras, que ya sabía de las acusaciones, o si el PCU –al menos debía estar en conocimiento Federico Graña, que conforma su Comité Central-, barajaron la posibilidad de que la situación pudiera hacerse pública en el peor momento.
De no hacerlo, les faltó perspectiva política. Pero de efectivamente haber considerado que todas estas acusaciones (o al menos la denuncia por la que se la investiga en la Suprema Corte de Justicia) pudieran hacerse públicas, apostaron alto.
La pregunta es por qué…
El proyecto de ley por el que ingresó a ocupar su banca la ahora senadora, Dra. Michelle Suárez tenía, según declaraciones de los protagonistas a diferentes medios de comunicación antes del escándalo político y mediático, bastante consenso parlamentario.
El rol de la senadora entonces, tenía el propósito de por un lado apuntar a la discusión técnica del proyecto, y por el otro, ser una voz autorizada en el parlamento por su condición de trans para hablar de las realidades de esta población.
Sobre su rol como técnica del derecho, nadie niega el carácter sustantivo de su participación. Pero a la luz de que su condición de trans se viera desdibujada frente a las graves acusaciones de las que se corría el riesgo se hicieran públicas, su protagonismo es al menos discutible.
Aun así, el Partido Comunista de Uruguay le dio vía libre para ocupar su curul, y el Colectivo Ovejas Negras –a nombre del cual la senadora seguía impulsando desde la órbita social el proyecto de ley-, saludó en redes sociales su asunción como senadora.
No corresponde lesionar el derecho que le asiste a la Dra. Michelle Suárez a que se presuma su inocencia. Tampoco se puede pensar que menos derecho tiene la Dra. a asumir la banca a la cual fue democráticamente electa suplente.
Pero en cambio sí al menos cabe indagar a la luz de todos estos hechos, cuáles son las motivaciones o las responsabilidades de las organizaciones que la han impulsado a ese lugar.
En definitiva, si la intención era impulsar la lucha de la diversidad sexual desde la esfera parlamentaria y social, se cometió un error. Si no porque pudieran ser eventualmente ciertas todas estas acusaciones, al menos sí porque no se comprendió que las repercusiones pueden enlentecer la aprobación de una ley de Reparación Integral Trans; si no porque la reacción de las organizaciones que la impulsaron es la de denunciar el carácter mediático y transfóbico de esta situación, al menos sí por no comprometerse con seriedad y garantías a realizar una investigación.
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