Hace ya más de un año, en agosto de 2022, se conocieron -gracias a la prensa- cinco informes de distintas oficinas dependientes del Ministerio de Salud Pública, que contenían un análisis detallado del proyecto de eutanasia y con graves advertencias y preocupaciones. Cinco informes que la mayoría de los miembros de la Comisión de Salud de Diputados no quiso recibir, y de hecho el Ministro Daniel Salinas no fue recibido en 2022. Diputados dijeron que “no era necesario”. Un informe redactado en mayo del año pasado, del área de Cuidados Paliativos afirma: “A nuestro juicio es una obscenidad y una calamidad presentar esta ley, cuando aun no podemos asegurar la justicia y la equidad en el acceso a los cuidados paliativos en todo el país”. Estas fueron las mismas palabras que tanto preocuparon a muchos en estos días como si fuera la postura personal de la Ministra y que tienen más de un año. No son ninguna novedad. Lo cierto es que nadie reparó en que sus palabras son las mismas que aparecen en los informes que publicó El Observador el 19 de agosto de 2022.
Gracias a un pedido de la prensa de acceso a la información pública, se conocieron estos informes en 2022, y recién ahora por primera vez es recibido el MSP por este tema, pero en el Senado. No hay que olvidar que la mayoría de la Comisión de Salud en Diputados no dio lugar a estos informes demoledores de las áreas de Discapacidad y rehabilitación, de Cuidados Paliativos, de Salud Mental, de Adulto Mayor y de la Comisión de Bioética. Tal vez porque estaban apurados por votar un proyecto que deja bastante que desear para quienes lo estudiaron evaluando sus previsibles consecuencias sobre la población más vulnerable. Los que saben y querían aportar desde la investigación y la preocupación social, no fueron escuchados en 2022. Y ahora sorprende, tal vez porque en su momento no fue noticia o no se le dio trascendencia. Se manifiestan sorprendidos los que aceleraron injustificada e irresponsablemente la votación. Estos días, sin contexto, muchos se rasgaron las vestiduras como si fuera un capricho o una postura personal de la Ministra, cuando lo que expuso fue la postura estudiada por varios especialistas de diferentes áreas y comisiones del Ministerio.
La falta de contexto a las noticias y las lecturas emotivistas en estos temas, además del profundo desconocimiento que hay sobre estas cuestiones bioéticas, no han hecho justicia a los hechos. Estos elementos son importantes para entender que no es una cuestión de creencias o de ideologías políticas, sino de escuchar a los expertos en temas complejos y sensibles, donde la mayoría de la población no distingue la diferencia entre eutanasia y sedación paliativa, o entre cuidados paliativos y obstinación terapéutica.
ACLARACIONES FUNDAMENTALES
Lo primero que aclaró la Ministra al comenzar es que ya tenemos leyes que aseguran el derecho a morir dignamente (17.843 y 18.335), por las que podemos negarnos a recibir tratamientos o soportes artificiales que nos prolonguen la vida y el sufrimiento, así como planificar anticipadamente un buen morir. A esto hay que agregar una reciente aprobación de la ley de Cuidados Paliativos que se espera en poco tiempo pueda llegar al 100% de la población. Expresó: “con la ley existente ya se pueden cumplir los objetivos propuestos en este proyecto”
Lo dicho por el MSP responde a los principios de los cuidados paliativos consagrados en la Ley, en el respeto a la dignidad de todo ser humano, y en la opinión técnica de los expertos, en una política de gobierno que quiere y puede ser líder mundial en cuidados paliativos, en atención de los más vulnerables.
Así lo expresó la Dra. Karina Rando: “Hay algo en lo que todos coincidimos: queremos que las personas puedan transcurrir el fin de su vida en paz y sin dolor…”, enfatizando en que las discrepancias son en los métodos para lograr una muerte acorde a la dignidad de las personas.
“Para ser directos, nuestra posición es muy clara: no consideramos que haya necesidad de crear otra ley, como la ley de eutanasia, para cumplir esos objetivos…”, e hizo alusión a la recientemente aprobada Ley de Cuidados Paliativos que permitirá a todos planificar “una vida digna y una muerte digna… es por ello que nos pronunciamos en contra de este proyecto de ley”.
“Lo que hemos visto en diferentes estudios, es que cuando el paciente se trata correctamente con cuidados paliativos, el 95% de ellos desiste de la idea de quitarse la vida. Entonces pensamos que sería absolutamente necesario implementar los cuidados paliativos antes de la toma de cualquier decisión”.
La Dra. Adriana Della Valle expresó que hay ejemplos en el mundo de países que han implementado leyes similares a esta de eutanasia, como Canadá, donde hay evidencia de un grave retroceso de la calidad y del desarrollo de la atención en cuidados paliativos una vez que se ha legalizado la eutanasia, algo que se repite en otros países donde se supone que son complementarios, pero en los hechos la realidad muestra lo contrario.
“Pacientes que han hecho intentos de autoeliminación muy graves y que quieren morirse, que ratifican una y otra vez, después de un buen tratamiento psiquiátrico, años después, tienen vidas completamente plenas y felices. De repente, si nos basamos solamente en eso en ese momento y no le damos el tratamiento adecuado, estamos condenando a una persona u ofreciéndole una salida irreversible”.
OTRAS CRÍTICAS AL PROYECTO DE EUTANASIA
Si bien el MSP tiene una postura genérica en contra de la eutanasia, porque ya existen formas de ayudar a morir sin dolor y en paz, sin poner en peligro la vida de los más vulnerables, se presentaron diversas críticas a la mayoría de los artículos del proyecto, uno por uno, en caso de que se decida aprobar por mayoría en el futuro.
El más grave problema es que la ley tiene una concepción de fondo que valida que la vida tiene menos valor si la persona tiene más años o menos capacidad de funcionamiento. Y sabiendo que es la ley la que comienza a crear cambios de actitud en una población que naturaliza el desprecio por la vida dependiente y frágil, se afirmó: “En esta línea, vemos que la naturalización puede llevar a que algunas personas se sientan una carga para sus familias o para la sociedad, y decidan, quitarse la vida pensando que su vida no tiene ningún valor ni sentido y que trae incomodidad y gastos a los demás”.
Resumiré algunas de las críticas hechas por el MSP al proyecto, aunque vale la pena leer el informe completo, artículo por artículo.
El artículo 2 refiere a que las personas “mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan una o más patologías o condiciones de salud crónicas, que menoscaben gravemente su calidad de vida, tiene derecho a que se practique la eutanasia”.
“¿Quién determina que se es psíquicamente apta? Esta determinación debe realizarla un equipo de salud mental. ¿A qué se refiere con condiciones de salud crónicas? ¿Un amputado luego de un accidente de tránsito? ¿Un ciego por glaucoma? ¿Un diabético en plan de diálisis? ¿Se dan cuenta que las condiciones de salud crónicas pueden ser infinitas y que el sufrimiento no depende de la patología sino de la persona?”
El Programa de Discapacidad del MSP se expide al respecto “la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU declara en 2021 que la discapacidad no debe ser nunca base o justificación para poner fin a la vida de nadie, sea de modo directo o indirecto”.
El Programa del Adulto Mayor del MSP se expide también “un tercio de nuestros mayores desarrollan dependencia y necesitan cuidados en las actividades de la vida diaria y eso que no es una condición de terminalidad, puede afectar años de vida, donde también se ejerce la autonomía….”. Son personas que sufren por el progresivo deterioro de su calidad de vida.
“Por otro lado y en relación con la vejez, no se puede dejar de lado que la principal causa de muerte violenta… son los suicidios y que la tasa de suicidio en personas mayores es la más alta, un grupo donde existe sub diagnóstico y pobre tratamiento de la depresión, un factor principal en este grave problema de salud mental. Ninguna de las normas prevén recaudos y garantías en este sentido, para evitar factores que puedan interferir con la libre decisión de la persona”.
Otro problema mencionado también fue el abuso patrimonial, que es muy frecuente sobre las personas ancianas.
Mucha gente cree que se trata de pacientes terminales, pero según la letra del proyecto y estos informes, es un abanico muy amplio de la población que entraría en la categoría de eutanasiable, creando una categoría de personas que tendrían “derecho” a que las maten si lo piden.
¿PACIENTES LIBRES PARA MORIR?
Según el informe existen numerosas situaciones que pueden interferir con el juicio y el razonamiento, estando “psíquicamente apto”. La condición de que evalúen dos médicos en general, sin una formación en particular, no parece razonable ni es garantista. “De hecho, la mayoría de las personas mayores con un deterioro cognitivo neurodegenerativo mayor no están legalmente declaradas incapaces y muchas adquieren deudas en esa condición. Por tanto, también estarían aptas para consentir y solicitar la eutanasia”.
En el art. 4 se dice que se le informará al paciente de los “cuidados paliativos disponibles”. ¿Se le informará? ¿Y si no hay disponibles? ¿No se le asegurará el alivio si está sufriendo? ¿No tendrá derecho al alivio antes de ofrecerle la muerte? Este es uno de los aspectos más irresponsables del proyecto, ya que no puede uno hablar de libertad si alguien por sufrimiento no tratado, quiere morir.
Se dice también que una vez producida la muerte el médico lo comunicará al MSP y la Comisión de Revisión evaluará el caso. Si el MSP ve que hubo un apartamiento de la ley lo comunicará a la Fiscalía. ¿Una vez que está muerto el paciente? ¿Por qué no antes?
A su vez, el último artículo del proyecto modifica la ley nº 19628 sobre el certificado de defunción, considerando que la eutanasia es “muerte natural”. Si, leyó bien, le llamarán “muerte natural” a una muerte provocada. Así lo expresó el MSP: “No hay nada de natural en dar muerte a un individuo, ni para el fallecido, ni para su familia, ni para quien lo realiza”.
LO MÁS IMPORTANTE: EL RESPETO POR LA DIGNIDAD
Más allá de las críticas al proyecto de Ley, podemos distraernos de no ver lo más grave del asunto: que es un atentado a derechos humanos fundamentales. La eutanasia no es un derecho, en ninguna parte, en ningún documento ni tratado internacional de Derechos Humanos. Porque matar a otro porque lo pide no es un derecho, pero dejó de ser delito en unos pocos países. Uruguay tiene en su legislación que una muerte digna es ayudar a morir en paz, por muerte natural, sin sufrimiento, sin prolongar la vida indebidamente y sin dar muerte al paciente (eutanasia).
Se nos ha dicho que es falaz comparar el suicidio con la eutanasia. Pero la eutanasia es una de las formas de asistir al suicidio, el “homicidio a ruego”, provocar la muerte a quien lo pide. Pero no es un “derecho” que les darán a quienes sufren irremediablemente, sino que a quienes se considera que son vidas indignas de vivirse (limitadas, dependientes, con deterioro progresivo). Solo a esta categoría de personas se les dice que son “libres” de elegir si quieren morirse y se les provoca la muerte como un acto de “empatía”. Si se le dice que será aliviado, acompañado, sostenido y querido, que su vida es importante y única, parecería que se le “está imponiendo” una obligación para que viva. En cambio, si son personas que no están en esa categoría se le previene el suicidio. ¿Cuál es la diferencia? ¿La situación? No. La diferencia es que son vidas que socialmente naturalizamos que es mejor no vivirlas. En lugar de aliviarlas, las eliminamos con su consentimiento. Es muy duro para poder aceptarlo, entonces se usan eufemismos y se edulcora el lenguaje: “ayudar a morir”, “asegurar una muerte digna” o se repite que no se trata de “lo mismo” que apoyar un suicidio, porque “son cosas diferentes”. Pero no lo logran explicar, salvo que reconozcan que discriminan dos tipos de vidas: salvables y eliminables.
FALSOS SUPUESTOS REPETIDOS.
Quienes nos oponemos a la eutanasia no le queremos imponer nuestra moral a nadie, no queremos obligar a nadie a vivir, no queremos que la gente sufra, porque todos los seres humanos sufrimos con la enfermedad y la muerte de nuestros seres queridos. ¿Por qué si es un derecho no lo reclaman y listo? Porque es delito de homicidio, porque por más que cambien las palabras es matar a otro ser humano que sufre en lugar de asegurarle el alivio y el buen trato, en lugar de respetar su dignidad.
Los cuidados paliativos son un derecho, el derecho al alivio, a una muerte digna, no una opción. Porque si alguien tiene necesidad de alivio, no se le pregunta: ¿Quieres que te alivie el sufrimiento o quieres morir? Sería inhumano y alejado de toda comprensión del sufrimiento de los otros. Los Cuidados Paliativos son un derecho que debemos asegurar a todos, la eutanasia no es un derecho humano, no es un acto de compasión, sino de desprecio por la vida que consideramos indigna de vivirse.
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