El gobierno sigue estafando a la población con aviesos subterfugios y engañosa proliferación de números, con el propósito de maquillar el irrisorio presupuesto destinado a paliar la demoledora emergencia social, merced a una política económica impregnada de la más despiadada ortodoxia neoliberal.
En ese marco, la conferencia de prensa encabezada por la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en la cual se anunció el incremento de los recursos destinados a afrontar la dramática contingencia, fue un nuevo acto de una recurrente puesta en escena teñida de la más desembozada demagogia.
Obviamente, la prensa presente, fiel a su deliberada obsecuencia, no incomodó en modo alguno a la jerarca con preguntas inconvenientes, lo cual permitió transformar en verdad lo que fue una burda farsa, bien montada para el consumo masivo de una población desinformada y, nuevamente, engañada.
No en vano, luego del anuncio de la batería de medidas destinadas a seguir surfeando la ola en medio de una tétrica escenografía de desastre, un solo comunicador de un medio preguntó cuál era el monto de la inversión estatal para atender las terribles consecuencias de la coyuntura.
En ese contexto y exhibiendo su conocido cinismo, la Secretaria de Estado respondió que el total de recursos volcados al denominado Fondo Coronavirus es de 900 millones de dólares.
Obviamente, nadie requirió una ampliación de la información ni que la vocera oficialista desagregara los números, con el propósito de explicar cómo se distribuyen las partidas y cuánto se incrementan con respecto al año pasado.
Como se recordará, el gobierno destinó 650 millones de dólares en 2020 a solventar la crisis, de los cuales sólo 120 millones de dólares fueron asignados a apoyar la emergencia social, lo cual fue calificado como insuficiente por la oposición y las organizaciones sociales.
Por entonces, en los primeros meses de la pandemia, la situación era bastante menos grave que en el presente. Actualmente, hay 100.000 pobres más que el año pasado, 60.000 uruguayos que perdieron sus empleos y un alto porcentaje de trabajadores que se mantienen en el seguro de paro, cifras de relativa veracidad si se tiene en cuenta que ahora el Instituto Nacional de Estadística releva estos indicadores a distancia.
Pese al incremento anunciado, la inversión de Uruguay con relación a su Producto Bruto Interno sigue siendo por lejos la más baja de la región. En efecto, a mero título de ejemplo, Chile gastó 13 veces más, Costa Rica –que tiene apenas 5 millones de habitantes- 9 veces más y Argentina 16 veces más.
Incluso, El Salvador, que es uno de los países más pobres del continente y el planeta y recurrentemente sacudido por la violencia, desembolsó un 11,5% de su PIB. Nadie puede suponer que los salvadoreños, con una pobreza de casi un 40%, tienen más espalda financiera que nuestro país.
En efecto, si uno se toma la molestia de desagregar la información numérica, se encuentra con que de los 900 millones de dólares sólo 550 millones de dólares son gasto imputable a rentas generales y el resto son meros subsidios, exoneraciones y renuncias fiscales destinados a financiar al capital.
Obviamente, el monto mayor se destina a atender la emergencia sanitaria, con 420 millones de dólares, lo cual equivale a un 46,6% del total y a un 0,89% del PIB, 350 millones de dólares a apoyar a las empresas, lo cual significa un 38,8% del total y un 0,70% del PIB y apenas 130 millones de dólares –diez más que el año pasado- a atender la emergencia social, que corresponde a un 14,14% del total y a un irrisorio 0,26% del PIB.
Lo más grave es que los subsidios y las exoneraciones que beneficiarán a las empresas no tienen ninguna contrapartida, mientras que a los 15.000 uruguayos que recibirán12.000 pesos durante seis meses por concepto de jornales solidarios, se les requerirá que paguen lo percibido con trabajo.
Si bien nadie disiente con la idea que en este caso haya una contraprestación, también se le debería exigir a las empresas una contrapartida con generación de puestos de empleo. De lo contrario, es una mera dádiva al capital.
Si bien una buena proporción de estos recursos serán destinados a las pequeñas y medianas empresas, en algunos casos se nota claramente el propósito de favorecer a los denominados “malla oro”, como los denomina el presidente Luis Lacalle Pou.
En efecto, abundan las exoneraciones de los aportes patronales al BPS y no a los descuentos que se aplican a los trabajadores y las quitas al Impuesto al Patrimonio y al Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), entre otros beneficios.
Como se recordará, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti y la administración encabezada Jorge Batlle fueron aplicados exoneraciones de aportes patronales en la industria, un gasto que jamás tuvo retorno.
Los trabajadores siguen pagando la “fiesta” burguesa en plena crisis y el gobierno se mofa abiertamente de nosotros, invirtiendo miserias en la emergencia social que dan vergüenza ajena.
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