Torturando a la política Por Hoenir Sarthou

Lo dijo Mujica cuando se esperaban los resultados de las elecciones internas. Algo así como (voy a citarlo de memoria): “Si se trata de elecciones internas, deberían ser más controladas, por ejemplo, con algún tipo de afiliación”.
La idea es clara. Si una elección es interna, debería estar limitada a un universo concreto de votantes, los que integran efectivamente la interna de cada partido.
Lo que tenemos en el Uruguay es otra cosa. Una especie de elección nacional sin voto obligatorio, en la que cualquier persona puede incidir en la elección de candidatos de cualquier partido. Tal que, si alguna organización se lo propusiera, podría distorsionar la voluntad de los verdaderos votantes de un partido, definiendo la elección interna a favor de una candidatura que en realidad es minoritaria.
Ese es sólo uno de los problemas que nuestro actual régimen electoral plantea. Hay otros. Por ejemplo, que el alambicado procedimiento de elección de convencionales carece de sentido. Lo demuestra el hecho de que la proclamación del candidato a presidente y a vicepresidente de los principales partidos se haga en la misma noche de la elección interna, o en todo caso antes de que se reúna la convencíón, y en algunos casos (el de Graciela Villar en 2019 y el de Ripoll este año) postulando como vicepresidentes a personas que no se presentaron a la elección. O, en el caso del Partido Colorado, sin tomar en cuenta que los convencionales de las tres listas perdedoras superaban en número a los de Ojeda y podrían haber resuelto otra fórmula. ¿Para qué toda la parodia de listas de convencionales si las convenciones no tienen ninguna importancia, si las decisiones se toman y se publicitan sin esperar siquiera a que las convenciones se reúnan?
Nuestro actual sistema electoral está diseñado de forma que muy poco tiene que ver con el funcionamiento real de los partidos y organizaciones políticas y que muy dudosamente puede expresar las necesariamente diversas voluntades políticas de los uruguayos.
¿Cuál ha sido la consecuencia de un sistema electoral que empieza con unas internas mal concebidas, sigue con una elección parlamentaria atada a la elección presidencial, y está orientado hacia un balotaje que lo condiciona todo?
Esencialmente, la formación de dos grandes bloques electorales, muy publicitados y débilmente ideologizados, que tratan de captar a todo el universo de opiniones del país y de reducirlas a dos candidaturas, que competirán en octubre y casi seguramente en noviembre del mismo año.
Como cada uno de los dos candidatos está obligado a captar a más de la mitad del país, una consecuencia adicional es la igualación y el empobrecimiento del discurso de ambos. Una nube de encuestadores, de asesores de imagen y de medidores de la opinión pública orientan a los dos candidatos a decir y prometer lo mismo que el otro, para no darle ni un centímetro de ventaja
¿De verdad creemos que los dos candidatos quieren y pueden generar trabajo, atender a los pobres, mejorar la seguridad, garantizar los derechos humanos, subir las jubilaciones, rebajar los impuestos, abatir la deuda pública, combatir la corrupción, atraer inversión extranjera, crear desarrollo, fortalecer la enseñanza, dar lugar a los jóvenes y una vida plena a los viejos?
Eso es lo que dice el discurso único que entonan cada cinco años las dos candidaturas presidenciales dominantes. Pero, aun en el caso de que eso fuera creíble y posible, ¿todos los uruguayos queremos las mismas cosas? ¿Qué pasa con quienes quieren expropiar a los ricos o aumentarles en serio los impuestos, o sacar a la calle a los militares a controlar los delitos con mano dura, o no pagar impuestos y que los pobres se embromen por vagos, o eliminar a más de la mitad de los cargos públicos? o bajarles el sueldo a todos los cargos políticos, o priorizar la producción agrícola, o convertirnos en vegano-animalistas, o educar en la “diversidad sexual”, o prohibir el cambio de sexo y la agenda de género, o rechazar la inversión extranjera como un fraude, o adecuar nuestra enseñanza a las necesidades del mercado? ¿Qué pasa con todas esas opiniones e intereses discordantes que luchan, discuten y se enfrentan en la vida real? ¿Cómo hacen para subsumirse en el discurso único que entonan a dos voces los dos candidatos que van al balotaje? ¿Acaso no deberían expresarse y discutir en el Parlamento?
Que todo el sistema electoral esté pensado para una definición entre dos fórmulas el día del balotaje, hace que la elección del parlamento se una y subordine a la elección presidencial y que el Parlamento quede compuesto por dos grandes “planchas”, la del bloque oficialista y la del bloque opositor, impidiendo un debate que refleje la diversidad de intereses y de puntos de vista que hay en la sociedad. ¿Cuántos parlamentarios conocen que representen opiniones independientes, o radicales, o que respondan a la voluntad de su Departamento o región y no a la del caudillo del bloque por el que fueron electos?
Si a ello le sumamos que los dos grandes bloques están profundamente condicionados por presiones económicas y políticas que vienen de los organismos de crédito internacionales y de los inversores transnacionales, la fórmula del desastre está completa. El sistema político no está diseñado para discutir y decidir sobre los intereses y las opiniones de los uruguayos, sino para constituir un espectáculo, emitir un discurso adormecedor, ejecutar lo que reclaman intereses económicos externos y asegurar los puestos de la burocracia política local.
Si la política democrática es lucha, debate público, negociación, alianzas y rupturas entre intereses y opiniones diversos, el sistema electoral uruguayos no está diseñando para hacer política sino para torturarla, encorsetar y meterla en el brete de un balotaje aparentemente dual pero que en realidad es de rumbo único.
El problema empieza con las internas, que adecuan a los partidos a un formato único, mediante un procedimiento ficticio que tampoco se cumple. ¿Por qué la ley electoral debe intervenir en cómo seleccionan sus autoridades y candidatos los partidos, que son organizaciones no estatales? La democracia y el derecho universal al voto deben garantizarse para la elección de autoridades públicas, no necesariamente para la designación de candidatos partidarios, que en definitiva deberán someterse luego a la elección popular.
El problema sigue con la elección del Parlamento conjuntamente y mediante la misma papeleta de la primera vuelta presidencial, con la candidatura única de cada partido ya definida, lo que uniformiza al Parlamento, le resta representatividad y lo subordina al líderazgo partidario de turno (que no necesariamente es el del candidato a presidente).
Y todo se remata con el balotaje, que no está mal en si mismo, sino que, por el proceso que lo antecede, termina siendo un corredor al que se le han ido clausurando minuciosamente todas las bifurcaciones y puertas de salida.
Digo estas cosas con la remota esperanza de que, al oír los discursos electorales, nos pase por la cabeza que habría maneras de hacer que el sistema político electoral expresara mejor la voluntad política de los uruguayos, en lugar de embretarla y torturarla para acomodarla a la conveniencia de las maquinarias partidarias y de los intereses que publicitan y financian sus campañas.

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