El incidente padecido por el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, a la salida del Centro Cultural del Cerro, luego de un encuentro con la comunidad para explicar los lineamientos de la “transformación educativa”, desató una mini-tormenta mediática que maquilló el récord de homicidios y el escándalo por el oscuro otorgamiento del pasaporte a un narco.
En la oportunidad, un grupo de manifestantes pertenecientes a gremios estudiantiles, que no pudieron ingresar al local donde se desarrolló el coloquio, rechazó a viva voz la propuesta, lo cual originó forcejeos y un pequeño tumulto, que culminó con la rotura de un vidrio del vehículo donde viaja Silva, aparentemente perpetrada por un infiltrado.
El episodio, que fue denunciado penalmente, es repudiable y fue condenado por los sindicatos de la educación. Sin embargo, Maximiliano Santos, vocero del Centro de Estudiantes del IPA, denunció la presencia de “patovicas” presuntamente contratados, que habrían agredido y obstaculizado el ingreso de los militantes.
Aunque lo sucedido fue un acto de violencia injustificable, el verdadero núcleo del problema es otro: la falta de diálogo y la sordera de las jerarquías políticas de la ANEP, que ignoraron a los verdaderos actores educativos- que son los docentes y los estudiantes – en el proceso de elaboración de este incalificable engendro. Esa ha sido la tónica de la mayoría de los integrantes del organismo colegiado que presidente el colorado Robert Silva, a excepción de los dos consejeros sociales que integran el cuerpo.
La pregunta es- más allá de lo meramente informativo- ¿qué propósito persiguen los denominados encuentros “Cara a cara” con la comunidad en este tema, si el proyecto está todo cocinado y comenzará a aplicarse ya a partir del año que viene?
La transformación educativa que impulsa la ANEP tiene un sesgo economicista que privilegia la preparación de los estudiantes para insertarse en el mercado laboral- bajo el falaz eufemismo de presuntas habilidades y competencias- en desmedro de los indispensables conocimientos necesarios para la construcción de ciudadanía crítica y consciente del ejercicio de derechos.
En un contexto de recorte de la inversión determinada por la regla fiscal incluida en la LUC, el sistema educativo ha visto menguado sus ingresos presupuestales en 80 millones de dólares y sólo la pérdida salarial se estima en 95 millones de dólares. Aunque en la Rendición de Cuentas 2021 se otorguen 45 millones de dólares para la implementación de la reforma educativa, esta cifra está lejos de lo sustraído desde 2020.
A raíz de las draconianas decisiones tomadas por el gobierno y avaladas obsecuentemente por las jerarquías políticas de la ANEP, fueron eliminados cientos de grupos y miles de horas docentes en el nivel de Educación Media, lo cual repercute en la calidad de los aprendizajes. A ello se suma la rebaja salarial del personal docente y no docente, que ya alcanza dos años.
No es lo mismo para un docente enseñar a 27 alumnos por clase- logro que se alcanzó durante los gobiernos del Frente Amplio mediante una fuerte inversión en creación de cargos y salarios- que liderar los aprendizajes de 40 estudiantes.
Esta situación, que era habitual en el pasado antes de la inauguración del ciclo progresista, deterioraba sustantivamente la relación entre educador y educando, ante la imposibilidad del docente de conocer a todos sus discípulos e involucrarse, como es menester, en su situación familiar, particularmente en el caso de los adolescentes procedentes de hogares vulnerables y en riesgo de abandono.
¿Cómo puede razonablemente pensarse en un nuevo proyecto educativo con un presupuesto amputado, sin participación docente y sin incentivos económicos? En efecto, los educadores no fueron arte ni parte de la propuesta.
La base del nuevo marco curricular que regirá en el futuro, se inspira en un nuevo paradigma: la educación por competencias, una modalidad muy expandida en el mundo desarrollado, pero adaptada a la realidad de sociedades que tienen características e idiosincrasias radicalmente diferentes a las nuestras y que, en muchos casos, han superado las flagrantes asimetrías sociales imperantes en nuestro país.
No es que se discrepe con la indudable trascendencia del desarrollo de competencias para la vida y la interactuación en la sociedad. Empero, esa no puede ser la única herramienta de cambio para revertir la situación de deterioro de la calidad educativa que se registra hace décadas.
Si esas competencias minimizan o subsumen los contenidos como denuncian los sindicatos, el riesgo es formar analfabetos cognitivos o meros engranajes del aparato productivo y preparar a los jóvenes únicamente para el mercado laboral.
En efecto, tal cual está redactado el documento de 58 páginas presentado por la ANEP, en este caso las competencias diluirían los contenidos y la carga disciplinar. No en vano, la iniciativa es financiada por el Banco Mundial, que otorgó un crédito de 40 millones de dólares para su implementación.
Lo que realmente alarma es que el proyecto, que en su fundamentación afirma que el actual sistema expulsa a los jóvenes, no contempla las singularidades y las desigualdades de origen de estudiantes procedentes de poblaciones periféricas.
Esta transformación educativa de génesis oligárquica tal cual está concebida, sólo apunta a ampliar la brecha entre clases sociales y a privilegiar a los “malla oro” en detrimento de las mayorías, que son las familias trabajadoras.
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