Febrero, mes de carnaval y también un buen mes para ofrecer al lector un balance político del año 2022. En esta nota ofrecemos una suerte de “salpicón” de murga con lo que a nuestro entender son los hitos más destacados que nos ha dejado el año.
Si lo comparamos con los años de pandemia, lo primero a destacar es una “nueva normalidad” de la competencia política, pautado por una clara polarización entre oficialismo y oposición. Para sostener esta afirmación hay que mirar por el espejo retrovisor y analizar los aspectos más relevantes del año. Veníamos de un 2020 y 2021 donde la coalición de gobierno centró sus esfuerzos en gestionar la pandemia. También, donde el Frente Amplio se vio ante el desafío de dar apoyo legislativo a las medidas, al tiempo que se acomodaba en su nuevo rol de oposición. El escenario cambió.
Lo que hemos estado viendo es la normalización de la política uruguaya, pautada por una coalición de gobierno sólida que intenta llevar adelante sus reformas. Del otro lado, una oposición partidaria y sindical que activa los mecanismos a su alcance para mantener el status quo que viene de la era progresista.
Referéndum
Ante este escenario el primer hito a destacar -y estimo el más importante- es el resultado del referéndum. En general hay una noción de que «todos ganaron o perdieron algo». No lo comparto y me explico valiéndome de la literatura. Los políticos buscan votos, cargos y políticas públicas. Terminadas las elecciones de 2019 (votos), cerradas las negociaciones para integrar ministerios y directorios de organismos (cargos), lo que resta hasta el próximo año electoral es concretar los compromisos programáticos (políticas públicas). Es un círculo. En tal sentido el resultado del referéndum fue un espaldarazo para el gobierno.
No fue una elección de mitad de mandato, pero terminó operando como tal. Eso se vio reflejado en una votación dividida, denotando la paridad entre los dos bloques. Paridad que no es nueva. Pero cabe resaltar que, para el Frente Amplio, y especialmente para los sindicatos y la InterSocial, los artículos impugnados estaban orientados a cambiar en muchos casos las relaciones de poder en áreas sensibles para estos actores sociales.
En materia de la regulación del derecho de huelga y prohibición de piquetes, los artículos chocaban con los intereses del PIT-CNT en general. En cuanto a la gobernanza de la educación, FENAPES y ADES vieron resentido su espacio de participación. Esto dio luz verde a una fuerte reforma llevada a cabo desde el CODICEN. Los cambios en ANCAP en cuanto a mercado de combustibles y sistema de fijación de tarifas fueron rechazado de plano por la Federación ANCAP. El régimen de alquileres sin depósito fue rechazado de plano por FUCVAM y FECOVI. La portabilidad numérica recibió el rechazo total de SUTEL. Los cambios en materia de la llamada inclusión financiera recibieron el rechazo contundente de AEBU.
Por ello, y porque la confirmación de las reformas allí incluidas permitía avanzar en otras, es que el referéndum fue un primer hito favorable al gobierno.
Funcionamiento de la coalición de gobierno
Hagamos un ejercicio. Supongamos que en una democracia X vamos a tener un gobierno conformado por una novel coalición. En el correr del año correspondiente a la mitad del mandato la coalición tiene que hacer campaña para mantener parte de su programa impugnado en un referéndum. Luego, tiene que promover dos reformas de alta prioridad en materia jubilatoria y educativa. Pero, además, en el medio tiene que afrontar dos escándalos políticos que golpean en el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la posibilidad de que dicha coalición pueda salir indemne de este año?
Este juego puede ser una buena forma de dar cuenta de otro de los puntos fuertes del oficialismo. Este radica en la fortaleza que ha demostrado la coalición. Ello sin perjuicio de los perfilismos que naturalmente se suscitan y seguirán apareciendo conforme vaya culminando el ciclo de gobierno. Tal como en este momento lo vemos por ejemplo con la reticencia de Cabildo Abierto a dar su apoyo a la reforma jubilatoria.
La respuesta en cuanto a la fortaleza de la coalición en buena medida se ubica en la ingeniería que hay por detrás. En una nota del blog La Polis de diciembre de 2019 identificamos y calculamos el índice de Congruencia Partidista del Gabinete (ICPG) que mide la relación entre la distribución de las carteras ministeriales y el peso político de los partidos. También lo hicimos extensivo para los directorios de entes autónomos y servicios descentralizados, lo cual también dio un resultado de alta proporcionalidad. Esa ingeniería es en buena medida lo que amalgama a la coalición. Si bien han existido algunos cambios a nivel de ministerios, principalmente direcciones generales de secretaría, pero también en directorios, se tiende a resguardar estrictamente las cuotas partidarias y sectoriales.
Este trasfondo ayuda a que más allá de la competencia y los perfilismos a la interna de la coalición, el Ejecutivo pueda seguir manteniendo el flujo de proyectos que se aprueban en el Parlamento. Atendiendo también los proyectos de ley de los distintos socios que el presidente debe negociar y viabilizar.
Los escándalos Marset y Astesiano
Muy a pesar de la recomendación del ex presidente Julio María Sanguinetti a Lacalle Pou advirtiendo la necesidad de recuperar «el centro del ring», hemos visto otra cosa. Los escándalos por el pasaporte expedido al narcotraficante Marset y la detención del jefe de seguridad presidencial Astesiano se llevaron la agenda mediática de la segunda parte del año. Ambos casos tomaron estado parlamentario y derivaron en serios cuestionamientos al proceder de algunas carteras ministeriales, afectando incluso al propio centro de gobierno (Presidencia). Es frente a estos temas donde vemos un Ejecutivo que pierde el control de la agenda y donde se ha mostrado más torpe en la forma de abordarlo.
Le dedicamos una nota bastante crítica en este espacio. El argumento central es que quedó en evidencia cierto debilitamiento institucional. Por ejemplo, en lo que refiere a las comunicaciones entre Fiscalía y Presidencia en el marco de la investigación, a nivel de acceso a los sistemas de información del estado, errores y omisiones en la gestión pública, declaraciones y medias verdades en las comparecencias ante el Parlamento. Desde el más alto nivel del gobierno se optó por persuadir, no por explicar. La realidad pasó por arriba de esa estrategia que vimos en las declaraciones públicas de jerarcas, y ello se vio reflejado a nivel de la opinión pública. Si bien el gobierno y el presidente gozan aún de una valoración aceptable en la opinión pública el daño a la reputación del gobierno es evidente.
La oposición
El Frente Amplio cierra un año con más certezas en cuanto al rol que ocupa en el tablero político. Después del referéndum parece haber encontrado una estrategia más clara en cuanto a su rol opositor. Por una parte, es incuestionable que genera una sinergia con la central sindical de trabajadores. La elección de Fernando Pereira como presidente de la fuerza política en febrero de este año fue una clara señal ante las críticas que habían quedado tras las elecciones de 2019. En el mismo sentido se identifica la consolidación de la InterSocial que nuclea a otro tipo de movimientos sociales. Todos ellos con un denominador común: una agenda progresista y contraria al actual gobierno.
A principios de año estas fuerzas estrecharon lazos de cara a la campaña contra la LUC. Si bien el resultado les fue adverso, lograron articular y verse como socios a la hora de confrontar con el gobierno. Ahora, el avance de la reforma previsional y de la reforma educativa los pueden encontrar nuevamente juntos en un intento por frenar o moderar una agenda, que todo indica, se va a concretar en breve. Para el Frente Amplio es clave esta sinergia. Del mismo modo, es clave para la fuerza política sacar del centro de atención las propuestas que surgen de Torre Ejecutiva y llevar la agenda mediática al Parlamento donde la labor de contralor ha desacomodado al gobierno.
Pasando raya al 2022
Lo que estamos viendo es una normalización de la política a la uruguaya, con dos bloques diferenciados ideológica y políticamente. Un gobierno que legítimamente lleva a cabo su agenda procurando materializar los compromisos de gobierno asumidos con su electorado. Principalmente a través de un férreo control del déficit fiscal, una inflación medianamente controlada, el intento de lograr apertura comercial y resultados más bien alentadores en materia de seguridad pública. A ello se suma para este año la concreción de la reforma previsional y educativa. Todo ello en un marco económico sumamente favorable con recuperación de niveles de empleo pre pandemia, inversión y crecimiento económico que posiblemente supere el 5% del producto en 2022, aunque con un recorte en la proyección del crecimiento económico para el 2023.
Por el otro lado, una oposición que legítimamente despliega sus recursos a disposición para controlar e incomodar al gobierno. Que como bien cabe de esperar en un sistema donde compiten izquierda y derecha pone el acento en la redistribución del ingreso y está atenta a la pérdida/recuperación de salario real de los asalariados. A ello se suma la tarea de control político que encontró en los escándalos de Marset y Astesiano una vía para marcar la agenda mediática.
Por lo dicho, este año preelectoral promete ser un año desafiante. Esperemos encontrar mucha madurez institucional y política para que la polarización en Uruguay siga siendo sinónimo de competencia política saludable.
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