Uruguay Soberano por Hoenir Sarthou
El domingo 22 de marzo, Día Mundial del Agua, se iniciará en el Parque Rodó de Montevideo, y en otros lugares del País, la campaña de recolección de firmas para promover la iniciativa de reforma constitucional denominada “Uruguay Soberano”, que tiene entre sus objetivos la anulación del “Contrato ROU UPM”, la regulación de los futuros contratos de inversión, y la reducción de las firmas necesarias para promover el recurso de referéndum contra las leyes.
La iniciativa es respaldada por la “Comisión Nacional por Uruguay Soberano”, integrada, entre otros, por los ingenieros Daniel Panario y César Vega, académicos destacados como Alma Bolón y Ricardo Viscardi, abogados como Gustavo Salle, Enrique Viana, Juan Ceretta y quien escribe, y conocidos artistas y comunicadores como Leo Maslíah, Patricia Wolf, Garabed “Garo” Arakelian y Estela Magnone, entre –reitero- muchos otros valiosos uruguayos preocupados por la afectación de la soberanía y de los recursos naturales que aparejan los modernos contratos de inversión, y en particular el contrato y el proyecto UPM2.
¿En qué consiste la reforma constitucional propuesta?
Tiene tres contenidos básicos.
Uno de ellos es relativamente simple: declarar nulo el “Contrato ROU UPM”, en razón de su evidente inconstitucionalidad, dejando sin efecto las obligaciones que le impone a Uruguay (exoneraciones tributarias y zonas francas, uso preferencial de la vía del “Ferrocarril Central”, uso asegurado y gratuito del agua del Río Negro, garantía de que UPM no será afectada por cambios legislativos ni por nuevas normas departamentales, injerencia en los programas y en los sistemas públicos de enseñanza).
El otro contenido es la reducción, a un 10%, del número de firmas del padrón electoral exigibles para promover el referéndum contra las leyes. Este punto está directamente conectado con el tercer contenido del proyecto y se entenderá mejor al conocer éste.
El tercer contenido del proyecto de reforma, el más ambicioso y de más largo alcance, es regular los contratos celebrados por el Estado (un vacío constitucional inadmisible en tiempos de globalización y mega inversiones), imponiendo que deban ser aprobados por el Parlamento cuando someten al País a una jurisdicción extra nacional, o le otorgan a la empresa contratante inmunidad o garantía respecto a la legislación futura, o le imponen al Estado obligaciones que se extiendan más allá de un período de gobierno. Quedan excluidos de esta exigencia de aprobación parlamentaria únicamente ciertos beneficios (exoneraciones tributarias, subsidios y concesiones) que se otorguen a pequeñas y medianas actividades nacionales, ya sean productivas, sociales o culturales.
La relación entre este punto del proyecto y la modificación del régimen del referéndum contra las leyes es que, en la hipótesis de que el Parlamento aprobara contratos inconvenientes, la garantía última es el control popular, que se ejerce mediante el referéndum contra las leyes, por lo que la combinación de la exigencia de aprobación legislativa para los mega contratos de inversión, y la mayor facilidad para impugnar esas leyes mediante el referéndum, permite un más efectivo control, legislativo y popular, sobre el accionar del Poder Ejecutivo de turno.
A primera vista, puede parecer que el proyecto de reforma tiene por objetivo principal la anulación del contrato de UPM2. Sin embargo, es preciso mirar un poco más lejos para ver las verdaderas proyecciones de la iniciativa.
En tiempos de empresas multinacionales todopoderosas y de Estados y gobernantes “achicados” por las presiones económicas, crediticias, políticas y hasta comunicacionales de ese poder económico global, en tiempos en que los inversores reciben ventajas y privilegios que se niegan al trabajo y a la producción nacional, restablecer –hasta donde sea posible- la capacidad de control y de decisión del Estado resulta imprescindible. ¿Y quién más interesado en restablecerlo que los ciudadanos que deben sufrir las consecuencias políticas, económicas, jurídicas, ambientales, territoriales, sanitarias, culturales, sociales y educativas de un modelo de desarrollo planeado e impuesto desde afuera?
Ese es, en el fondo, el espíritu de este proyecto de reforma constitucional: incrementar la capacidad de decisión y de control de los ciudadanos sobre sus gobernantes y sobre el rumbo del país en el que viven -vivimos.
La cita en Montevideo, para informarse y firmar, es el domingo 22 de marzo, a partir de las 16 horas, en la Plaza Mateo del Parque Rodó.
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