Cuando Uruguay cursaba uno de tantos periodos de inflación en bienes de consumo en la década del 60, el Ejecutivo colegiado, presidido por Washington Beltrán (h.) -febrero de 1965/marzo de 1966- con recurrencia atronaba los espacios con lo que el pueblo llamaba el “show del muñequito” (por el logo de la agencia de publicidad). Pacheco Areco, desde 1966, se encargó de batir récord (125,34% en 1968); la predictadura que Bordaberry continuó junto con la dictadura que inauguró y trasmitió a Demicheli y este a Méndez, significaron para el periodo hitos del 97,00% (1973) y de 55,30% (1984). Tras la reconstitucionalización con Julio Ma.Sanguinetti (1985), siendo presidente Luis Lacalle Herrera (1990-1995) tuvo en sus primeros años de mandato 112,53 y 101,97% de inflación. Años después, con Tabaré Vázquez fue de 4,70 (2005) y repuntó en su segundo gobierno a 7,78%.
Hoy el “muñequito” sigue convocado y ese apelativo se refiere al mandatario blanco, que cree ser símil de la frase de Luis XIV, el Estado soy yo, con lo cual pretende subordinar al país como lo hace con la mezcla multicolor. En una conferencia de prensa, -que como tantas produjo enfado y sabor a casi nada- el presidente -flanqueado por los ministros de Trabajo y Economía (esta ministra tenía a su izquierda al director de la OPP, Isaac Alfie, “patriota” que según algunos la dirige y adiestra)- anunció que aconsejaba a las empresas incrementar el salario de los trabajadores, mientras al de los públicos dio un 2% y a los pasivos (jubilados y pensionistas) el 3%: ambos conceptos a cuenta de futuros ajustes.
Estas medidas aplicadas a los ingresos mensuales tienen como finalidad compensar -dijo- la inflación nacional acicateada por la pandemia más la situación económica mundial (conflicto Ucrania-Rusia) y se efectúa -según se entiende con el anuncio- incrementando los ingresos de los trabajadores en un 9 % que supera -de acuerdo con el dicente- la inflación oficial estimada para 2022 (era 5,8%). A su intervención inicial la rubricó aclarando que esta disposición y el consejo al sector privado tendrán vigencia a partir del primero de julio. El ajuste salarial de enero fue de 5,8% por inflación futura y 1,2% por recuperación, pero la inflación de 2021 fue de 8%, con lo cual no hubo ningún resarcimiento y sí una pérdida de 1% sumada a la habida de 5% en enero de 2021, cuando la inflación de 2020 fue de 9,41%: el ceñimiento real fue solamente de 4,41%. En definitiva, quienes sean objeto de estos anuncios los percibirán en agosto (por lo cual a la pérdida de poder adquisitivo de 2020 y 2021 y a 4,42% de aumentos de precios en el primer trimestre de 2022, deberá sumársele la inflación de abril a julio. Estas cifras son las de un país donde comestibles y bebidas de mesa aumentaron, según cifras anualizadas, en 13,5%.
Luego de los incrementos, junto con la continuidad de treinta días más de carnicerías vendiendo asados a 230 pesos el kilo y la modificación al alza de los hidrocarburos, el actual mandatario -apoyado por las cadenas de medios hegemónicos que se hacen eco de sus frecuentes “shows”- continúa, según lo anunció, con sus ideas de gobierno que, como he señalado desde aquí, intentan solidificar un casco de apoyo sobre la base de 30 % de votantes y el sumergimiento de 70 % del resto, esperando que una parte de estos últimos lo apoye.
La medida anunciada tiene como sentido inmediato, encubrir y distraer el siguiente movimiento Ejecutivo-Legislativo (multicolor) en la reforma jubilatoria y su extensión hacia otras áreas de la previsión social, sin descontar el favorecimiento e inclinación- aunque en ningún texto expreso esté inscrito como ley. no se impide, más bien se facilitan- los cambios de sector.
Frente a esta situación, es al movimiento popular -la central sindical y sus fuerzas más organizadas que fueron capaces en medio de la pandemia el alcanzar casi 800 mil firmas para posibilitar la consulta democrática del 27 de marzo, son ahora a quienes les corresponderá ser el primer elemento de resistencia y vanguardia social para enfrentar proyectos del Ejecutivo y su mayoría legislativa obediente.
Reproduzco a continuación, a manera de glosa, la reacción inicial del vicepresidente del PIT-CNT, Joselo López, señalando que no “se puede hacer la cuenta que hizo el presidente en la conferencia de prensa, que es sumar el 7% de aumento -que los funcionarios públicos recibieron en enero- más este 2% de julio, para decir que a lo largo de este año va a haber un 9% que más o menos va a mitigar la inflación que pueda cerrar este año. No se puede hacer eso porque ese 7% ni siquiera cubrió la inflación del año pasado que fue de 8%; entonces, hay que ver con mucho detenimiento, porque lo que se está anunciando no hace a la realidad de lo que va a suceder cuando cierre el año”.
Cuando desde la tribuna del PIT-CNT su presidente exige -entre otras cosas- instalar un espacio para discutir sobre una ley de reformas a la seguridad social, nos encontramos enfrentando una filosofía de gobierno -una expresión políticamente democrática adherida a ideas neoliberales y definitivamente mercadológicas- donde el papel que corresponde a la central debe superar lo corporativo tradicional de defensa y crecimiento de los lugares de empleo, sus condiciones, y los niveles salariales, para pasar a liderar -en un contexto de grandes alianzas- al movimiento popular.
Es así para quienes consideramos que con sindicatos fuertes, con papeles políticos y sociales globales, se contribuye a fortalecer la democracia. Esto no significa abandonar ningún espacio de lucha ni dejar de lado dar respuesta a los pretextos y cifras confusas del ministro de Trabajo en una conferencia de prensa. No quiere decir minimizar las remuneraciones que ven a la inflación subir en ascensor mientras los salarios -con tropezones- lo hacen por la escalera.
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Chela y yo nos unimos al duelo por el deceso en México de nuestro querido Iván Altesor Hafliger, gran comunista.
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