2018: ¿Error garrafal?

El anuncio del aumento de un 15% del supergas generó críticas en todo el país. La discusión suscitada llevó a la ministra Carolina Cosse a poner la frutilla de la torta, al declarar que 250.000 hogares que reciben algún tipo de ayuda social serian eximidos del aumento de dicho combustible. Esta cifra viene a marcar que aproximadamente un 25% de la población se encuentra en una situación económica tal que lo hace merecedor de ayuda social por parte del Estado, y choca con lo que se desprende de los estudios de gente en situación de pobreza.

Después de trece años de gobiernos de izquierda ¿debería esperarse otra situación para este número tan importante de uruguayos? ¿En que han fallado las políticas sociales? ¿Se práctica el clientelismo para lograr votos cautivos como se acusa desde tiendas opositoras? ¿Qué balance hace de lo actuado este año por el gobierno para revertir esta situación? ¿Podemos esperar un 2018 diferente? ¿Hacia dónde se debería apuntar a tales efectos?

Delo por hecho por Alvaro J. Amoretti

La ministra Carolina Cosse acaba de admitir, seguramente sin proponérselo, que después de trece años de gobiernos del Frente Amplio uno de cada cuatro hogares uruguayos sigue atravesando dificultades importantes y necesita de la ayuda social del Estado para llegar a fin de mes y satisfacer sus necesidades más elementales. Todo un reconocimiento de parte de quien –se sabe- aspira a integrar la fórmula presidencial de la coalición en 2019, quizá incluso encabezándola.

Cosse se ha encargado de aclarar que ese 25% de los hogares en problemas no deberá pagar el disparatado aumento del 15% en el supergas dispuesto por el Poder Ejecutivo. ¿Y el resto? ¿Y el 75% restante? Que paguen. ¿Pero acaso no se está aumentando el supergas casi tres veces la inflación? Si no están en problemas, pueden pagar.

¿Y la tarifa de luz? El presidente de UTE ha dicho que la empresa, que ganó cientos de millones de dólares este año, estaba en condiciones de bajar las tarifas. ¿Y qué se hizo? Se la subió, aunque un poco menos que la inflación. ¿Y en qué quedó aquello del cambio en la matriz energética y de cómo beneficiaría a los ciudadanos? En nada. El déficit fiscal sigue siendo escandalosamente alto y hay que recaudar. ¿Y el 25% de los hogares en problemas? Bueno, muchos se cuelgan de la luz mientras el Estado mira para otro lado. El resto, que pague.

La nafta va a subir muy por encima de la inflación. El que tiene auto, que pague. Ya teníamos el combustible más caro del continente. Y nadie se va a poner colorado por seguir ostentando ese vergonzoso récord. Hay que tapar el agujero de Ancap. Los agujeros de Ancap. La desastrosa gestión de Sendic. Hay que mostrar que ahora los números ya no son negativos, aunque para ello haya que seguir cobrando el litro de nafta a precios de escándalo. Total, el uruguayo banca. Va y paga. Y si se queja, lo hace en Twitter. O en Facebook. O le manda un mensaje de whatsapp a sus amigos que piensan igual que él. Y cree que hizo la revolución.

¿Qué podemos esperar de 2018? Año preelectoral. Año con Rendición de Cuentas. El presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, ha dicho que debe darse una señal contundente para bajar el déficit fiscal. Y el gobierno se ha comprometido a entregar el poder en 2019 con un rojo no mayor al 2,5% del PIB.

¿Alguien cree, de verdad, que con una economía en crecimiento el Frente Amplio le va a decir a los empleados públicos que no tiene dinero para cumplir con sus demandas, que por cierto no serán pocas? ¿Alguien piensa que Astori y el equipo económico podrán con Murro, Mujica y su barra, el PCU, Constanza y todos los que siempre están dispuestos a dar algo más? No. Volverán a perder, una vez más. Y vendrá otro ajuste/consolidación fiscal. Y nos meterán, de nuevo, la mano en el bolsillo. Delo por hecho.

Lo que se conceda va a aumentar el déficit fiscal. Pero hay que bajarlo. O al menos, hay que seguir evitando que suba más y más. ¿Y cuál es fórmula? La misma de siempre. Aumentar tarifas públicas. Subir impuestos existentes o crear otros (la imaginación, en estos casos, ha demostrado ser frondosa).

Porque si alguien espera que el Estado se ajuste en un año pre electoral y que con las urnas a la vista se adopten medidas para controlar el gasto público, más vale que lo haga sentado. En Uruguay. Gobierno quien gobierne, esas cosas no pasan.

Hijos y Entenados por Raúl Viñas

Los incrementos de las tarifas públicas decretados este mes y  pretendidamente  justificados  en términos de inflación, son una oportunidad perdida de agregar legítima competitividad a la producción nacional.

Eso es particularmente notable en el caso del costo de la energía eléctrica, que se reconoce como uno de los más altos del mundo. En este caso todos los informes técnicos e incluso los dichos de miembros del gobierno  coincidían podía ser reducido hasta en15%. Su incremento es una mala señal para la producción nacional y hecha por tierra todo lo que la diversificación de la matriz energética y la reducción de costos de generación podrían haber significado en términos de un mejor posicionamiento comercial de los productos uruguayos.

Comparar con el precio de Brasil, que es también uno de los más altos del mundo, no es un buen ejemplo.

Peor es el caso de los combustibles líquidos, donde no solo no se ha aprovechado desde hace años la baja en el precio internacional del petróleo, sino que se ha incrementado el precio del los mismos siguiendo erráticas “políticas” y supuestas modificaciones en las mentadas  ”paramétricas” que incluso ANCAP reconoció oficialmente no tener.

Eso llevó en el pasado a incrementos diferenciales, como los  que primero equipararon el precio del combustible diesel (Gas Oil) con las naftas, seguido de un proceso de menor incremento del precio del gas licuado de petróleo (Supergas). Eso se revierte ahora con un aumento diferencial que vuelve a reducir el precio relativo del  Gas Oil y con las naftas complementado con el aumento  del Supergás por el doble de la inflación.

Los aumentos fueron anunciados en etapas, por diferentes voceros y culminaron con las declaraciones  de la Ing. Carolina Cosse, Ministra de Industria Energía y Minería, en el sentido de que el aumento del Supergás, el mayor de todos los decretados, no será aplicado a las compras que de ese combustible hagan las 250.000 familias que reciben beneficios sociales del estado, sin que se establezca cuales son los beneficios sociales a los que se refiere.

El aumento del  15% significa $74 más por una garrafa de 13 kilos. Seguramente no suficiente para establecer un mercado negro, pero a la uruguaya  seguramente habrá un incremento del consumo de supergás  en algunos vecinos del barrio con precio diferencial,  como solidaria ayuda  a otros que no tengan el beneficio en el precio.

Más allá de esa eventual distorsión del mercado, el reconocimiento no desmentido de que 250.000 familias reciben ayuda estatal, aún cuando no se especifique que ayuda reciben es uno que debiera hacer pensar ya que ese número se acerca al 25% de la población del país.  Respecto al incremento de la tarifas en general, pero muy especialmente a los cambios que se generan nuevamente entre los costos de los diferentes energéticos, se genera la duda de cómo puede planificarse una actividad comercial o industrial de largo plazo en un ambiente tan cambiante y como incidirá en los costos.

Es evidente que no es posible justificar el aumento de las tarifas, salvo en el caso de ANCAP, por las necesidades o requerimientos de los entes estatales y se evidencia la necesidad de conseguir a través de estos aumentos fondos para la alicaída y deficitaria caja del estado complementado nuevamente de esta forma la “adecuación fiscal ”.

Pero estos ajustes no afectan por igual a todos, mientras esto sucede,  el gobierno hipoteca y entrega a cambio de nada o casi nada, la  posibilidad legítima del país de obtener ingresos reales de la explotación y procesamiento de sus recursos. Ejemplo de ello es el otorgamiento de  Zonas Francas a la producción de pasta de celulosa; proceso por el que más que se duplica el valor de la madera que Uruguay  exporta a esas zonas, generando para ello apenas unos pocos cientos de empleos y dejando al estado menos dinero aún del que este debe gastar en control ambiental de  las propias plantas.

2018 se presentará con dificultades por Max Sapolinski

Pareciera que este año que termina marcó un peligroso punto de inflexión para el gobierno.

La década de crecimiento, el tan mentado “viento de cola” parece haber quedado atrás en la consideración popular y si bien por suerte no se vislumbran en el horizonte traumáticas catástrofes económicas cierto clima de desesperanza comienza a advertirse.

El que termina es el año en que parece que se frenó el modelo. Algunos logros en aspectos sociales que se obtuvieron en años anteriores, aunque no hayan sido del todo bien concebidos, fueron de considerable significación. Esos tiempos dejaron paso a los presentes, en que una acentuada inercia genera cuestionamientos a la sustentabilidad del crecimiento, acentúa la visibilidad de fracasos en áreas altamente sensibles como la seguridad y la educación y se ahondan las críticas por la falta de inversiones que se hacen más notorias en los desatinos oficialistas en las tratativas con UPM.

Si a todo ello le sumamos las preocupaciones sobre la transparencia en la función pública y las denuncias de corrupción que seguirán siendo objeto de actuaciones judiciales en los próximos meses, el panorama se nubla aún más.

Para aquellos que siempre sostuvimos que los modelos asistencialistas que buscan perdurar en el tiempo sin consolidar una generación de oportunidades que permita a los ciudadanos en peores condiciones salir del círculo vicioso de la pobreza, frenan el desarrollo económico y social de los países, no nos asombra que se comience a cuestionar las políticas sociales aplicadas y el verdadero resultado de las mismas.

Desde filas oficialistas suelen jactarse de la reducción de la pobreza, la indigencia y la desocupación.

Diversos aspectos técnicos y conceptuales que no viene al caso desarrollar en estas líneas dan por tierra el exceso de optimismo. Por citar algunos de ellos, sería bueno considerar las diferencias en las mediciones, el punto de comparación de los distintos momentos de dichas mediciones (situaciones coyunturales generadas por la crisis del 2002), el constante aumento del número de funcionarios públicos y la menor búsqueda de empleo que las políticas asistencialistas genera en la población.

El reconocimiento por parte de la Ministra de Industria de que es necesario eximir del aumento del 15% del supergas a 250.000 hogares que reciben ayuda social demuestra que detrás de los entusiastas números oficiales hay una realidad que acecha la viabilidad del desarrollo del Uruguay.

El año 2018 se presentará con dificultades. Las que se vienen arrastrando sin lograr vencer y las que se profundizarán a medida que el desaliento siga avanzando acicateado por los procesos judiciales, las inversiones que no se concretan, objetivos desalineados y por qué no decirlo, el clima electoral que se acentúa.

Parece difícil lograr revertir la situación en el corto plazo. Para poder hacerlo será necesario generar un clima de optimismo basado en una conducción clara con objetivos determinados que instalen la convicción en la sociedad que se puede gestar un proceso próspero tanto en los aspectos económicos como sociales. No son elementos menores los aspectos culturales que reivindiquen la importancia de aquellos valores que los uruguayos tenían claro hace décadas y pareciera que naufragaron en los últimos tiempos como son sin duda el valor de la educación y el trabajo.

Es razonable suponer, que los tiempos se le han terminado a este gobierno para procurar avanzar en el camino adecuado.

Mejor callar por Verónica Amorelli

Las recientes declaraciones de la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, a propósito de que el aumento de un 15% del supergas no podrá ser afrontado por unos 250.000 hogares uruguayos no es otra cosa que un sincericidio. Las amables palabras de Cosse, intentando suavizar la siempre infausta tarea de anunciar una suba de tarifas, no hicieron otra cosa que poner el foco en un lugar incómodo para el gobierno, pero verdaderamente importante para el país.

La mujer, a la que se le atribuyen claras aspiraciones electorales para el 2019, reconoció de esta manera que un 22% de los hogares no puede pagar los 73 pesos de incremento que sufrirá la garrafa de 13 kg. a partir del 1° de enero. La cifra no es menor si se tiene en cuenta que ya reciben algún tipo de ayuda social, según se desprende de las propias palabras de la ministra.

Así las cosas, la declaración de la ministra también se vuelve un cuestionamiento a la estimación de la pobreza que por el Método del Ingreso realiza el Instituto Nacional de Estadística.  La última medición en 2016 estableció que solo un 6,2% de los hogares son pobres en nuestro país. Sin embargo, casi una cuarta parte del total no podrá comprar una garrafa al nuevo precio.

Resulta imprescindible recordar que los hogares a los que refiere la secretaria de Estado tienen mayoritariamente rostros de mujeres y niños. En Uruguay más del 20% de los menores de 6 años vive en la pobreza. Este segmento de la población es también el más castigado por la indigencia. Esto implica que cada 1.000 niños menores de 6 años, 6 no cubren las necesidades básicas alimentarias.

La pobreza también afecta más a los hogares con jefatura femenina. De cada 1.000 hogares con mujeres como jefas de hogar 77 son pobres mientras que entre los de jefatura masculina 51 lo son. Parece ingenuo creer que poco más de 70 pesos de subsidio en la garrafa signifiquen un cambio sustantivo en esta población.

Las palabras de Cosse conllevan peores noticias que la suba de tarifas y el reconocimiento de una cantidad escandalosa de hogares pobres en el país. Implican también admitir el fracaso de la ayuda social que esta población, por demás identificada, recibe. Es seguro que sin esa ayuda las estadísticas resultarían mucho peores. El asunto es que con esa ayuda sus realidades no resultan sustancialmente diferentes.

De cara a un próximo año preelectoral el mensaje se vuelve aún más desesperanzador. No hay para estas familias mejor anuncio que un nuevo y módico subsidio. Si estas palabras tuviesen como fecha marzo de 2005 serían bienvenidas. Luego de casi 13 años de gobierno frenteamplista; mejor callar.

Políticas para Pedro, María, Juan y José por Roberto Elissalde

No sé si la cosa vendrá de antes de los 60 del siglo pasado, pero cuando yo me crié se hablaba de la crisis y la “carestía”. Casi 60 años después, un gobierno de izquierda -que forjó sus ideales y parte de su discurso en esos años- tiene miedo de tomar decisiones que afecten a los cuatro arquetipos de nombre bíblico.

Cualquier gobernante de izquierda que intente adecuar un precio a su valor real puede ser acusado de estar “olvidándose del pueblo”. No me refiero a los casos en los que el aumento responde a necesidades fiscales sino aquellos claramente condicionados por su costo real, como algunos bienes tarifados como el supergás o servicios regulados, como el transporte público.

Pero como bienes y servicios tienen costos, la solución es traspasar costos a través de subsidios encubiertos. No será una buena práctica de gobierno pero es una excelente medida para dejar contenta a mucha gente (los beneficiarios de las rebajas) e ignorantemente indiferentes a otros (los que sin saber, van a pagar el subsidio).

Si el precio del supergás tenía que subir un 15% y en verdad en 250 mil casos no lo hace, la plata saldrá de algún lado para cubrir esos costos, es decir, alguien más deberá pagarlo. Una injusticia.

Un caso similar se da con el precio del boleto montevideano y el uso de la tarjeta STM. En marzo de este año la Intendencia de Montevideo decidió subir el precio del boleto para compra a través de la tarjeta de 28 a 31 pesos y el común (comprado con efectivo) de 30 a 33. Además de las consabidas quejas de la oposición y la prensa opositora, la propia izquierda se conmovió por el aumento de 3 pesos que agobiaría a los montevideanos más pobres. Sectores internos del Frente Amplio juzgaron inadmisible el mazazo y presionaron para que se lograra una rebaja importante. En julio la IM redujo el boleto STM a 29 pesos. Los datos numéricos que comprobaban que el boleto había disminuido su costo en un 20% respecto al IPC no fueron relevantes: la izquierda se sintió obligada a probar su sensibilidad social una vez más.

Sin embargo, la cantidad de tarjetas STM apenas logró superar el 40% de usuarios. La mayoría siguió pagando un 13% más sin problemas.

La historia volvió a repetirse cuando se definieron líneas para aumentar la cantidad de gente que usa la tarjeta. Tomando en cuenta la diferencia de precios, se argumentó que la gente que no tenía para cargar 200 pesos (el piso para una recarga) era la que terminaba pagando más. La IM habilitó a que los poseedores de la tarjeta Uruguay Social del Mides pudieran cargar desde 60 pesos en adelante (casi el equivalente a un viaje ida y vuelta). Esta “política social” terminó siendo más un exorcismo para la izquierda que una verdadera política que cambiara las penurias de don Juan y doña María: durante el mes de octubre la cantidad de recargas en el rango entre 60 y 99 pesos fueron apenas 971. Suponiendo que cada uno de ellos haya hecho una salida por semana (ida y vuelta), el beneficio fue instrumentado para unas 220 personas.

No es que esas personas no merezcan una consideración especial. Lo importante es que a veces la izquierda tiene una visión idealizada de cómo se compone nuestra sociedad que no se condice con los números de la realidad.

La tentación populista ataca a gobiernos de izquierda y de derecha. El miedo a estar traicionando a “la clase” afecta principalmente a la izquierda y genera algunos trastornos que siempre hay que reequilibrar de otro modo.  Pero lo verdaderamente importante es conocer para quién gobernamos, conocer sus verdaderas necesidades y no las que imaginamos que tiene ese pueblo al que nos gustaría servir.

Media verdaed por Gastón Villamayor

Lo decía Alfredo García hace unos días en su tuiter: “Que haya 250.000 hogares con algún tipo de subsidio social que serán exonerados del aumento del supergas más que alegrarme me preocupa. Llevamos casi 13 años de gobierno frentista, ¿vamos bien? Cerrá y vamos.” Eso me hace recordar varias situaciones, una de ellas es cuándo para defender al IRPF dicen que unos 900.000 uruguayos no lo tributan porque están por debajo de la franja de salarios no imponibles, presentando al discurso como algo bueno, sin advertir siquiera lo preocupante que es. Pero sin ir muy lejos, días atrás cuando el gobierno anunció la suba de tarifas se organizó desde la Comunicación del Frente Amplio una operación para contrarrestar en las redes las críticas. Para eso se diseñó un banner digital con la indicación a sus militantes (casi bots) que lo viralizaran. En él se podía ver como ejemplo un salario de $15.000 a cuál se le descontaban los porcentajes que se aumentaban a las tarifas en un consumo promedio y con el se pretendía demostrar que el aumento de la tarifa a criterio del gobierno, no era significativo para alguien que gana $15.000. Me acuerdo cuando lo vi la vergüenza que me dio. La primera impresión que fue pensar en lo triste que es percibir un salario de $15.000 y la segunda fue notar  lo alejado que se está de la realidad para no siquiera eso como algo preocupante y positivo de difundir. Posiblemente pensaron que debía ponerse como ejemplo el un monto de salario tipo que representara a la mayoría, pero bueno. Alcanza ver como se maneja la Comunicación en el FA para entender estas cosas. Otro caso similar que recordé, fue cuando se militó por la Bancarización Obligatoria, el argumento principal también que fue indicado a los militantes que debían utilizar para defenderla, fue que con la obligación que se le asigna al empleador de pagar el salario por vía bancaria se termina el trabajo informal, ya que unos 300.000 uruguayos no están amparados por los derechos de seguridad social ni formalización alguna. Haciendo a un lado lo falaz de tal argumento, el patrón discursivo es el mismo. O estoy resolviendo mal algunos silogismos o están bravos los gobernantes de oficina.

Pero volviendo a la medida del subsidio al gas para los hogares de menos recursos presentada por Carolina Cosse y sin descreer lo real que pueda ser, me gustaría contextualizarla en el marco de la campaña electoral  que empezó hace rato apadrinada por Tabaré e impulsada por la progresía de izquierda “new age”. La ex presidenta de ANTEL viene desde su gestión en él, capitalizando electoralmente su trabajo a través de publicidad (muchas veces disfrazada información). Basta hacer un ejercicio de observación sencillo y preguntarle a alguien quién es hoy el presidente de ANTEL, del BPS, o de ANCAP. Notarán que la mayoría no lo sabe, y notarán también si preguntan, que pocos podrán recordar quienes fueron los ministros predecesores de los actuales en las carteras de Industria y Trabajo. Prestando más atención se puede ver un poco más, por ejemplo cuando se inauguró hace un par de meses el nuevo edificio de fiscalía y contó con la presencia de Cosse. Inédito que un Ministro de Industria participe de una inauguración de ese tipo. También observen las cuentas oficiales en redes sociales de ANTEL y del MIEM, o los minutos que la prensa le dedica. Así podríamos inferir cómo es posible construir candidaturas ocupando en el gobierno algunos lugares de privilegio, sin perjuicio del buen trabajo que se pueda realizar.

Y en esta carrera de la campaña electoral que no puede que parecer campaña electoral porque no es tiempo de hablar de candidaturas sino de trabajar para resolver los problemas de la gente, quien no se queda atrás es Daniel Martínez, que no le gusta que piensen que está en campaña pero que hace lo posible por no lograrlo. Ayer se explotó políticamente en pro del Derecho Animal que 6 caballos dejarán la tracción a sangre y serán adoptados en lo que será un proceso total de 800 caballos. Pero al ver los datos de INAC y conocer que en Uruguay por mes se faenan un promedio de 42.050 caballos el logro animalista parece relativizarse.

En fin… yo si fuera político tendría más cuidado en el manejo de la verdad. “¿Dijiste media verdad?, dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad.” Antonio Machado.

De un lado sigue estando la torta y del otro las migajas por Antonio Elías

Uno de los puntos débiles fundamentales de los gobiernos del Frente Amplio ha sido la distribución del ingreso y la riqueza. En el primero tuvo avances más que moderados, en la segunda la desigualdad se ha profundizado.

El proyecto de izquierda, se transformó, para muchos, en mejorar el nivel de vida de la población – sin redistribuir la riqueza acumulada – a través de una profundización del modelo del capital.

La conquista del poder y una salida anticapitalista —que suponen una ruptura del statu quo— quedaron de lado, no solo como práctica socio político limitada por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico de muchas organizaciones de la llamada izquierda. Todo esto, por supuesto, con diferentes énfasis y niveles de profundidad en cada caso.

En los caminos de acceso al gobierno fueron cayendo y quedando de lado muchas banderas del programa histórico del Frente Amplio bajo el supuesto, nunca demostrado, de que no eran convenientes para la acumulación de fuerzas electoral.

Se asumía así el axioma “politológico” de que las elecciones se ganan captando el centro del espectro político, lo que implica necesariamente conciliar con las clases dominantes  para el mantenimiento y profundización de un orden constitucional y legal favorable al capital. El cual tiene su base de sustentación en el respeto total y absoluto de la propiedad privada, el “libre” funcionamiento del mercado y la apertura irrestricta a la Inversión Extranjera Directa.

Como consecuencia aumentó la primarización, la extranjerización, la dependencia y la vulnerabilidad de nuestra economía.

Los resultados de esas políticas desde el punto de vista redistributivo se han estudiado con dos metodologías. Una, la tradicional, a través de las Encuestas Continuas de Hogares (ECH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística; otra, a partir de los registros de la Dirección General Impositiva (DGI).

El tamaño de la desigualdad distributiva se muestra con total claridad en los estudios realizados con información de DGI: el 0,1% superior recibe 4,6% del ingreso en tanto el 30% inferior recibe solo el 5,2%; el 1% superior acumula 13,5% mientras el 50% inferior recibe el 13,9%.

Una comparación entre ambas metodologías muestra que las ECH no captan adecuadamente los ingresos del capital, en efecto: el quintil inferior recibe el 4,7% de los ingresos y el quintil superior 50,8%, o sea, es 12 veces mayor; mientras que con la información de la DGI el quintil inferior recibe el 2,5% de los ingresos y el quintil superior 59,3%, o sea, 24 veces mayor. (1)

Por su parte, un estudio sobre la distribución de la riqueza realizado por Mauricio De Rosa, muestra que inequidad es enorme. La mitad de la población adulta no posee riqueza; en tanto el 10% más rico acumula 62% de la misma; el 1%, 25 mil personas, concentran el 26%; mientras el 0,1%, 2.500 personas, acumulan el 14%. (2)

Con esa distribución regresiva del ingreso y la riqueza, producto del modelo económico elegido, no es de extrañar que sectores muy importantes de la población, como señala la Ministra Carolina Cosse, reciban ayudas  económicas del Estado a través de múltiples políticas sociales.

No se puede dejar de señalar que los subsidios al capital son enormes y acrecientan la distribución regresiva del ingreso y la riqueza. En 2014, el llamado “gasto tributario” fue: IRAE (1,5%); IRPF categoría I (0,34%); Impuesto al Patrimonio (1,17%); lo que suma 3 % del Producto Bruto Interno. (3)

En esencia sigue siendo válido el análisis realizado por la Red De Economistas de Izquierda del Uruguay en 2010: “Si la llamada izquierda continua sin responder a las necesidades de las mayorías y a las expectativas creadas en su base militante, el propio valor de la actual democracia – como vía para superar los consustanciales problemas del subdesarrollo, la segmentación social, la pobreza y la exclusión – quedaran cuestionados por la desesperación o la desilusión sobre sus posibilidades de transformar la realidad”.

Notas:

• Instituto de Economía, M. Da Rosa, S. Siniscalchi. A. Vigorito y H.  Willebaldl, “El estudio del arte de estudios distributivos en Uruguay”, junio 2016, p.22. http://cef.org.uy/images/Informes/El%20estado%20del%20arte%20en%20estudios%20distributivos%20en%20Uruguay.pdf
• Mauricio Da Rosa, “Distribución de la riqueza en Uruguay”, pág. 98.
• Estimación del Gasto Tributario en el Uruguay 2012 – 2014. Departamento de Estudios Económico – Tributarios – DGI, pág. 22.
• REDIU, “La Torta y la migajas”, Ediciones Trilce, 2010, pág. 85.

Un ajuste más pesado que garrafa  por Ian Ruiz

Uruguay al igual que toda la región, en la última década ha obtenido importantes avances en materia de desarrollo social. Los “logros sociales” alcanzados por el Frente Amplio, que representan la defensa del sector más vulnerable de la sociedad, la reducción de la desigualdad, además de ser un compromiso ético, van en línea con el desarrollo sostenible que se pretende alcanzar junto a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en la Agenda 2030.

En estos últimos años no se ha podido maximizar el crecimiento, como se hizo en otros, así que la distribución de riquezas, es todo un desafío. Uruguay es un país que convive entre medio de dos modelos de desarrollo, en el que no logra decidirse por cual tomar, el “productivo” apostando por un Estado industrializado y el “liberal” que va tras la búsqueda de inversiones y empresas. Ello podría hacer, en el más negativo de los casos, que la pobreza aumente y la desigualdad sea mayor. Todo por no tener una fortaleza económica y democrática que permita mantener a futuro una política social que traiga las mejoras en las formas de distribución, sin tener que plantear ajustes al nivel de la inflación o números mayores, por falta de decisión.

Las políticas sociales que hoy funcionan son una construcción a largo plazo del país, aunque en los gobiernos frentistas, el cambio ha sido más notable que en la de los partidos tradicionales. Es cierto que muchas han fallado en los cometidos que intentaron perseguir. Cada fallo, siempre es marcado por las críticas desde sectores de la oposición. El trabajo más criticado es la creación del Ministerio de Desarrollo Social, fundado para avanzar en mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Pero los gastos  millonarios en organizaciones sociales y falta de informes sobre la realidad de la indigencia y demás, han alimentado el relato de que es una agencia volcada para darle oportunidades a compañeros.

Aunque la realidad económica de muchos hogares uruguayos ha ido mejorando en gobiernos frenteamplistas,  la izquierda se ha quedado en una “zona de confort” político, esperando que las políticas sociales lo arreglen todo. Esto ha perjudicado en la percepción de los ciudadanos, las decisiones que se han tomado por parte del gobierno, en cuanto a ajustes fiscales.

A la deficiencia de empresas públicas, la inseguridad y la estigmatización de sectores sociales que atraviesan problemas económicos, la solución que ofrece el MIEM de beneficiar a 250.000 hogares con el aumento de un 15% de la tarifa a partir del 1° de enero, ha levantado polémica en todas las clases sociales.

El malestar puede entenderse, si tenemos en cuenta que el 20% de la población en estado vulnerable no supera en ingresos los 20.000 pesos. Los últimos aumentos en las tarifas públicas, a nivel de la inflación, suponen un golpe a la economía familiar. Tomando en cuenta que el precio del supergas está subvencionado, es evidente que importarlo costaría más barato. Sobre todo cuanto se trata de un combustible esencial en gran parte de la población uruguaya.

El beneficio planteado por la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse es social. Esas mismas que han sido un salvavidas en los primeros años de gobierno frenteamplista para el sector vulnerable, contribuyendo como una oportunidad para sobresalir de los efectos negativos de la crisis económica de principio de siglo. El problema es que no se han actualizado en base a una cultura de oportunidades y el diseño ha hecho que un sector social se vuelva dependiente. Allí aparece otra crítica opositora, que aprovechando la apatía de un gran sector de la población, instala la idea de que existe una finalidad de perpetuarlas para usarlas con fines electorales.

El gobierno cerró 2016 con 4 puntos del PBI en rojo como resultado de las cuentas públicas. Se estima que este año, la economía uruguaya crezca dos puntos. Pero el 2018 no será tan distinto al presente año que hemos atravesado. Apenas se anuncio el ajuste para enero, y ya se conoce que habrá otro a mediados de año, con posibles nuevos aumentos. Puede parecer que las pérdidas en entes estatales han mostrado cierta recuperación, pero el gobierno no va a “emparejar hacía arriba”. Hay otros sectores que subvencionar, tal como el BPS con su sistema deficitario e insostenible o también el FONDES con sus préstamos otorgados a empresa inviables. La responsabilidad se ha colectivizado y no es individual. Hoy en día los uruguayos subvencionamos muchas más cosas que 75 pesos por garrafa, no olvidarse de los trabajadores en negro, los millones de dólares para ayudar a la caja militar, las AFAPS, la rebaja de los aportes patronales y no darían los caracteres para colocar más en la lista.

Se podría ahorrar profesionalizando la gestión en las empresas públicas, haciendo énfasis en un control más detallado de los gastos, parece algo normal, pero es en lo que viene fallando el gobierno. De esa manera quizá, se podría reducir una carga fiscal. Todo dependerá que las decisiones políticas, no sean humo o gas.

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Errores de evaluación  por Rodrigo da Oliveira

Ronald Reagan, al igual que Margaret Tatcher, sostenían que el éxito de los planes sociales se media por la cantidad de gente que lograba salir de ellos. Y es exactamente así. Claro, el salir de ellos implicaba desarrollo a nivel individual, proyectos propios o alternativas válidas para que las personas mantuvieran a sí mismas y a sus familias.
En el Uruguay y la región de hoy, apuntamos directamente a lo contrario. Hemos hecho lo imposible, recargas impositivas, leyes restrictivas, inacción estatal (caso delincuencia) y clientelismo al mejor estilo PPTT mediante, para impedir que las personas logren salir de los bretes en los cuales podrían haber caído.
Tan así ha sido esto, que los profesionales que hoy se forman en la Universidad pública aspiran a un cargo… ¡público! al egresar. Sí, la encuesta hecha entre los estudiantes de profesiones liberales demuestra que lo hacen para recibirse de funcionarios.
El último ajuste fiscal anunciado por el gobierno, primero del 2018, hizo ruidos fuertes dentro y fuera del FA. En medio de la humareda levantada por el proyecto cincuentones, se anunció el incremento de tarifas públicas a implementarse a partir del 1ro de enero próximos. Nada nuevo, dicho ajuste tiene una larga tradición en nuestro país y el gobieno sanitarista del Dr. Vázquez le ha dado fortaleza y larga vida.
Dentro del embrollo se oyeron las voces del presidente de Ute diciendo que se podrían haber bajado las tarifas, ya que el ente manejaba un superávit de muchos millones de dólares (idea ya esbozada a nivel general en septiembre pero que entre UPM, los cincuentones y el déficit de caja cayó en desgracia, ya que entre otras cosas hay que reponer los dinerillos de Ancap y sus múltiples sub empresas deficitarias).
En un momento de desprendimiento electoral sin igual, la ministra Cosse salió al cruce diciendo que iba a ser atendida la situación de 250.000 hogares, paliando el aumento de las garrafas de supergás, subvención mediante.
Vino la ministra a reconocer implícitamente que habíamos perdido 13 años de políticas de salvataje como no se habían dado antes. El problema es que solo constaban de dinero y no aportaron soluciones de fondo. ¿Cuántas de las personas que ingresaron a los planes lograron salir? ¿Cuántas personas perciben hoy por mil y un conceptos ingresos por parte del BPS y del MIDES? ¿Qué contrapartida sostiene esos egresos, como forma de no ser un agujero negro que terminaba no solucionando los problemas de fondo y encima creando otro, que es el del costo insostenible hoy del sistema de prestaciones sociales?
Cuando caminamos por el Centro de Montevideo, pasamos por las puertas de los albergues o acudimos a las plazas, vemos que la realidad superó con creces al discurso.
Uno de los problemas que ha tenido siempre la izquierda es el de intentar tapar la realidad visible y crear una realidad alternativa, basada en enunciados y deseos de superación.
Tres administraciones después subsidios al consumo que comienzan a ser instaurados sin fecha de cese. Subsistencias, Inda y organismos similares son bien recordados por quienes tienen más de 50.
¿Qué será lo siguiente, instaurar tarjetas para garantizar el acceso a bienes básicos de las familias más complicadas en lo económico?
Tal vez sea tiempo de sinceramientos por parte de los actores de gobierno, aunque sigan mirando fijamente el 2019.
Porque el discurso, aunque se intente, no cambia la realidad.

Picos gemelos por Fernando Pioli

Cuando era chico recuerdo haber visto las 2 primeras temporadas de Twin Peaks. Tengo memoria de haber sido testigo de la profunda confusión hipnótica que generaba su desarrollo y de cómo mucha gente se sintió desorientada con esa famosa y errática segunda temporada. Se trató de una serie histórica que le dio vuelo intelectual a la descerebrada televisión de la época.

En la edición 2017 del clásico mencionado en la cual se continúa la historia planteada hace más de 20 años, David Linch y Mark Frost nos conducen a través de un relato fantástico y plagado de simbolismos. ¿Cuál es el hilo que nos permite recorrer este laberinto televisivo? Pues las realidades paralelas.
Pareciese que los autores nos dan señales de que hay una realidad que es la de los espectadores en sus casas mirando una pantalla, diríamos nuestra realidad. Incluso en su famoso capítulo 8 nos revela que la radio ya es un antecedente de la televisión en este asunto.

Pero al mismo tiempo está la realidad del relato al que se asiste, la historia que se nos cuenta y cuyo desarrollo afecta la realidad de los espectadores. Ahí lo tenemos, realidades paralelas, no simplemente ficción y realidad. Por un lado la lógica del mundo del espectador, por otro la lógica del relato.
Pues bien. Si alguien se tomó en serio el desafío de mirar Twin Peaks 2017 se encontrará con que se hace explotar esta relación bidimensional entre realidad en la pantalla y realidad fuera de la pantalla que intercambian información entre sí, en favor de una serie de múltiples realidades paralelas acorde con las nuevas épocas. Quien conozca los senderos puede pasar de una realidad a otra, como si se tratase de pasar de un sueño a otro sueño.
Bueno, si nos alejamos del Twin Peaks de David Linch y nos acercamos a nuestro propio Twin Peaks no podemos menos que observar cómo algunas declaraciones procedentes del gobierno nos confronta con este fenómeno de las realidades paralelas. Esto no debe extrañarnos tanto, recordemos que el Frente Amplio es una coalición diversa, es tolerado el hecho de que hayan opiniones disímiles que deben ser contempladas y amalgamadas. Tenemos entonces que desde algún ámbito, jerarca o dirigente del gobierno se nos exhibe determinada percepción de la realidad y desde otro se nos exhibe otra más o menos distinta. ¿Eximir de la suba del gas licuado a 250.000 hogares? ¿Se trata de 250.000 hogares pobres? ¿Se está tratando de hacer justicia o de comprar votos? ¿Cuál es la realidad?
Como se desliza en la serie Twin Peaks: “si el mundo es un sueño, ¿quién es el soñador”?
Preguntas profundas para un fin de año que se avecina. Obviamente que no hay respuesta para ninguna de ellas.

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Sobre tarifas y garrafas por Mauricio Guarinoni

El miércoles 7 de diciembre el gobierno anuncio la corrección anual y regular de las tarifas de los entes públicos, que ha evolucionado sistemáticamente desde el 2004 hasta la fecha por debajo del salario real. Los salarios aumentaron 68,6% en 14 años en términos reales, mientras que las tarifas de ANCAP cayeron un 29,8%, las de UTE un 3,9%, la del ANTEL un 64,2%. Solo aumentó la tarifa de OSE en 1,8%.

En este marco, generó revuelo en la opinión pública la medida anunciada por el Ministerio de Industria de no trasladar el aumento de supergas a los 250.000 hogares más vulnerables. La pregunta es porque.

Si partiéramos de la premisa de que todos los individuos acceden a los mínimos de bienestar que en este momento histórico son la base de la convivencia y dignidad de nuestra sociedad y asimismo no presentan desigualdades de inicio que segmenten inevitablemente las oportunidades subsiguientes de acceder a mayores niveles de bienestar, seguramente podríamos sorprendernos. Si esta premisa fuera un axioma solo nos diferenciaríamos por nuestros talentos y virtudes como dice el artículo 8 de nuestra constitución, al establecer el principio de igualdad.

Sin embargo, este enunciado dista de ser un axioma y el artículo 8 se debe armonizar con los artículos 72 y 332. Nuestra Constitución es iusnaturalista, desde que no otorga derechos sino que los reconoce como preexistentes, inherentes a las personas por su condición de tal. La igualdad está estipulada porque somos diferentes y desiguales, por ende se tutelan las diferencias, valorizando las mismas y se combaten las desigualdades.  En definitiva la igualdad jurídica es la igualdad en los derechos fundamentales, derechos que conciernen universalmente a todas las personas.

Asimismo y siguiendo esta línea de razonamiento, la protección social es un concepto clave para el desarrollo de cualquier sociedad que busque garantizar mayores niveles de igualdad. Uruguay posee un amplio sistema de protección social que cuenta con transferencias contributivas y no contributivas. Las primeras se encuentran disponibles para aquellos hogares que tienen vínculos con el mundo del empleo formal, y las segundas son otorgadas en función de los riesgos que presente cada hogar y no están asociadas a la formalidad.

En los últimos años nuestro país ha transitado un proceso de expansión del sector no contributivo de la seguridad social. Esto está principalmente asociado a prestaciones orientadas a hogares con niños, como son las Afam-Pe y la Tus, que han alcanzado una cobertura aproximada de 200 mil y 75 mil hogares, respectivamente, pertenecientes al 30 por ciento de menores ingresos. A estos hogares está destinada la propuesta del MIEM.

Las Afam-Pe otorgan a cada beneficiario un monto diez veces menor, y la Tus un monto cinco veces menor, que las pasividades contributivas.

A esto hay que sumarle la inserción mucho más precaria en el mundo del  trabajo: las tasas de desempleo y de informalidad duplican las del resto de la población, cada cuatro personas en edad activa, los hogares beneficiarios presentan tres personas en edades inactivas (menores de 15 y mayores de 64), mientras que en el resto de los hogares esta relación es de dos a uno.

Estas transferencias son cuestionadas permanentemente con el mito de que con ellas se “mantienen vagos”, incluso aun cuando es evidente que no son la única fuente de ingresos de los hogares, sino que éstos dependen de otros ingresos para su subsistencia. El  cuestionamiento público no se sustenta en un análisis racional, sino en el prejuicio y seguramente en no entender de qué va el pacto social que nos rige a todos, cuando hablamos de igualdad.

Además existen otras importantes fuentes de desigualdad, como ser la iniquidad territorial, las de género y en ellas la división sexual del trabajo asociada a los cuidados para nombrar una de las más importantes. Todos estos temas son parte de la agenda de gobierno aunque algunos actores sigan hablando de tarifas y garrafas.

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Progresismo macrista por Lucía Siola

Los tarifazos que ha anunciado el gobierno para inicios de 2018 son la culminación de una orientación política de ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores que ha desarrollado en todo este período. El gobierno pretende justificar estos aumentos de la luz, el agua, el combustible y el gas como necesarios y moderados, en un intento de diferenciación con sus pares regionales. En este camino, la ministra de Energía ha mencionado que los 250 mil hogares que reciben asistencia social quedarían exentos del aumento, dejando de manifiesto, lo que ya se visualiza en muchos barrios de Montevideo, y en el Interior, la pauperización de las condiciones de vida de miles de uruguayos. La política del gobierno no ha sido la de generar trabajo genuino, sino que por el contrario ha mantenido una asistencia social generalizada sin resolver ninguno de los problemas estructurales que llevaron y mantienen a miles en la pobreza. La falta de vivienda, de trabajo genuino, los bajos salarios y la enorme precarización y flexibilización, sumado al aumento considerable de la desocupación que se ha extendido enormemente en este último año, dan cuenta de que el discurso del gobierno de haber combatido la pobreza es totalmente falaz. Por el contrario, en todo este período, ha subsidiado a los empresarios amigos; Fernández de Fripur, Salgado de Cutcsa, López Mena de Buquebus, y son algunos de una extensa lista.

El Frente Amplio ha fracasado completamente en sus propias premisas de desarrollo nacional, dejando tras 13 años de gobierno una mayor brecha entre las ganancias capitalistas y el salario real y un descomunal endeudamiento externo. Quienes más han sido beneficiados en la década progresista no han sido los trabajadores sino los empresarios y los grandes grupos capitalistas de la industria, del agro y del capital financiero que han amasado enormes fortunas y que ahora, a través de las PPPrivatizaciones explotan áreas en las que antes les era imposible llegar como lo deja de manifiesto la reciente ley de riego.

No hay ningún indicio de que el 2018 sea diferente, por el contrario, la crisis capitalista sacude brutalmente a todo el continente, y todos los gobiernos de diferentes signos pretenden descargarla de forma brutal sobre los hombros de los explotados. El capital financiero exige una guerra de clases para defender su tasa de ganancia, atacando conquistas históricas de los trabajadores. Vázquez ya anunció la necesidad de aumentar la edad de retiro y modificar el sistema jubilatorio que estaría por entrar en quiebra. Se trata del mismo discurso que su par en el otro lado del Río de la Plata, que pretende ocultar que en todo este período han utilizado sistemáticamente los aportes de los trabajadores para hacer frente al pago de la deuda y los subsidios a los capitalistas. La reforma de saqueo a los jubilados que impulsa el Macrismo en Argentina cuenta con el apoyo de los gobernadores K, entre ellos de Alicia Kirchner, lo que muestra que el chantaje que el FA pretende imponer a los trabajadores uruguayos con el avance de la derecha neoliberal en el continente no se sostiene pues es su fracaso el que le abre paso a los gobiernos derechistas, y es la complicidad que desenvuelven con sus políticas las que permiten que estas puedan aplicarse. Sin embargo, la nueva rebelión popular del pueblo Argentino contra el ajuste marca el camino de cómo se enfrenta verdaderamente el ataque a la clase obrera y sus condiciones de vida.

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