Vivir a la intemperie puede tener varias connotaciones, por ejemplo: nadar a contracorriente, apartarse de la manada y correr el riesgo de ser señalado como un excéntrico, un loco o un aventurero. También puede estar referido a períodos cortos o largos de penurias económicas, incluso, desde el punto de vista afectivo, o sentimental, a no sentirse cobijado por el amor.
La intemperie suele tomársela como sinónimo de desprotección, bien ante las inclemencias naturales como de lo que la sociedad significa para el ser humano singular. Estar a la intemperie, desde esa última acepción, conlleva el peligro de la marginación, de no sentirse parte de los derechos que lo amparan.
En los últimos días se ha desatado un debate en torno a la cantidad de personas en condición de calle, bien de las que encuentran un lugar en los refugios circunstanciales a esos efectos, como de las que viven literalmente en la calle, refugiándose en cualquier recoveco de la ciudad. Según el censo de 2016, habría 1651 personas en condición de calle, mientras la diputada Gloria Rodríguez sostiene que, según sus propias encuestas, la cifra llegaría a 2000, pero que el Ministerio del Interior maneja un total aproximado a las 3000 personas.
La noticia la puso Búsqueda en la calle al revelar que el intendente Martínez habría escrito de puño y letra una carta, un billete o algo así, en el que transmite al presidente Vázquez su preocupación por el aumento de la gente que vive en la calle. Fuentes de la Intendencia niegan la trascendencia de esa comunicación al Presidente, y afirman que era, apenas, un esbozo de lo que a Martínez viene preocupando en tanto los vecinos se lo plantean en los múltiples encuentros con los ciudadanos. Haya sido una carta, una cartita o un esbozo de comunicación, el propio Daniel Martínez declaró a Radio Uruguay que “no se trata de una crítica al Mides, pero que preocupa la condición humana que está viviendo esa gente, el impacto que genera en la sociedad, y la preocupación de los vecinos”. De hecho admitió que algo hubo entre él y el presidente Vázquez, al menos su intención fue hacerle saber algo que le quedó pendiente en la última vez que se habían encontrado.
Sean 1600, 2000 o 3000, una parte de esas personas, no menor a 500, según el Mides, viven en portales, plazas, donde puedan protegerse de las inclemencias. Dentro de ese contingente desprotegido hay una buena cantidad de personas que salen de la cárcel y no tienen dónde ir. Es lo que Martínez sabe, y no sólo porque se lo digan con preocupación los vecinos.
Pero hay otros temas preocupantes que se desprenden del Censo de Población en Situación de Calle, realizado por el Mides el 21 de junio de 2016.
Luego de explicar al detalle, la definición y la metodología utilizada para realizar el censo, que ocupa alrededor del 50% del trabajo, se exponen los resultados. En la noche del 21 de junio de 2016 fueron localizadas 556 personas en situación de calle, de las que 407 aceptaron la entrevista con los equipos encuestadores. Hay que convenir que esto sucedió dos años atrás, a más de diez años del gobierno nacional del Frente Amplio, y en una ciudad gobernada desde 1990, ininterrumpidamente por esa fuerza política. La preocupación del intendente Daniel Martínez está motivada por el aumento de la gente en situación de calle. No quiere culpar al Mides de este fracaso, pero alguien debe cargar con la responsabilidad política de no sólo no haber atenuado sensiblemente el problema sino confesar que hoy el problema es más grande.
Si se compara el censo de 2011, también producido por el Mides, con el de 2016, la población en situación de calle, a la intemperie, aumentó en un 26,3%. Si la Intendencia sostiene que en la actualidad es todavía mayor, y la Ministra Arismendi se retira de una entrevista en la que se le insiste en dar cifras actuales, ¿cuál es la realidad? Las dos principales causantes de vivir en situación de calle son la ruptura de vínculos y las adicciones. De un total de 432 respuestas, 310 responden a esos desencadenantes. Una cifra muy superior a los 73 que declararon tener ingresos insuficientes. Si el total de personas en situación de calle en 2016 era 1651, las 556 que no estaban en algún refugio era más de la tercera parte. ¿Se podría considerar una catástrofe humanitaria que tantas personas no hubieran encontrado la protección del Estado en el invierno de 2016? ¿Y hoy, que según varias referencias, las personas expuestas a la intemperie son más, no continúa la situación de indefensión?
Pero hay, todavía, otro aspecto que debería genera, si cabe, otro tipo de preocupación: El 80% de la gente entrevistada en la noche del 21 de junio de 2016 confesó consumir algún tipo de sustancia psicoactiva, una o más sustancias. El alcohol es consumido por el 64% de la gente en situación de calle, el 62,4% consumía pasta base, y más lejos, atrás, figura la marihuana, con un 44,8% de gente que confesaba consumirla. Si bien hay fuertes indicios que ese aumento de 25,3% entre 2011 y 2016 se quedó corto, y que hoy hay más de 556 personas que viven al raso, detengámonos en esa cifra: 556. El 80% de esas 556 personas consumen una o más sustancias psicoactivas, y la gran mayoría de ellos lo hacen diariamente. 445 personas que están en la calle se drogan o son objeto de tráfico ilegal. Son muchas personas, doblemente a la intemperie, porque si no las mata el frío, los temporales y la neumonía, los va a matar la droga, o la danza criminal que la hace un negocio rentable con la desprotección de los ciudadanos.
La Directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, afirmó que quienes creen que eso se resuelve aumentando los lugares en refugios no tienen conocimiento de la complejidad del asunto. La Intendencia, al parecer, está preparando dos refugios para sumar a los que el Mides tiene habilitados. Si tenemos 556 personas literalmente en la calle, o más, ¿cuántas pueden ser alojadas en esos nuevos dos refugios? ¿Veinte, cuarenta, ochenta…? La cifra sigue siendo muy corta. Goyeneche dice: “Queremos ver de qué manera podemos generar formas para que estas personas puedan tener espacio donde estar, más allá de pernoctar, dónde desarrollar sus actividades, dónde higienizarse, dónde acceder a prestaciones sociales”. Esto no debería pasar, y los esfuerzos parecen tan inútiles como el largo, larguísimo preámbulo a las cifras que muestra el censo. Si la gente vive a la intemperie es porque no tienen un país que los proteja de las inclemencias y los traficantes. Ese sol oficial tan bonito no sale para estas personas, y cuando lo que sale a luz es el despilfarro de parte de la administración, no se puede menos que estar absolutamente de acuerdo con el fiscal Díaz, de que los parlamentarios deberían perder sus fueros ante el delito de corrupción. Deben estar amparados en todo lo que tenga que ver con su derecho de opinión, por supuesto, como corresponde a un país libre y democrático, pero cero tolerancia con toda esa basura que se lleva los recursos con los que se podría combatir con más eficacia el narcotráfico y la indigencia.
Vivir a la intemperie debería dolernos a todos por igual, y todos por igual deberíamos exigir un Estado limpio, trabajador y alejado de los discursos justificativos de lo injustificable. Y si no, más tarde o más temprano, alguien enojado se lo va a reclamar.
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