En memoria de Guillermo Machado
Adrián y Alejandra, mis vecinos del Bajo Valencia, son un joven matrimonio sin techo. Vivían de agregados en casa de familiares. Junto a centenas de familias necesitaban una la vivienda digna, derecho con garantía constitucional que el Estado negaba. Un buen día, espontáneamente, ocuparon el estéril baldío al norte de Santa Catalina. Se proponían poblar donde reinaba la chirca, tradición transmitida por sus padres y abuelos, fundadores de los barrios que se extienden al oeste de Camino Cibils. Una anónima obra de civilización que colonizó el espacio vacío con miles de casas.
Alejandra y Adrián se sumaron a la ocupación y levantaron su propio refugio con una pocas tablas y chapas. Podían haberse dedicado a resolver estrictamente lo suyo, pero, inspirados en los relatos que circulan en la zona, se propusieron levantar un merendero aprovechando los restos de un tanque australiano. Seis meses después, con el auxilio solidario de sindicatos y militantes, el merendero es una realidad. El matrimonio, además, está embarcado en la formación de una cooperativa por ayuda mutua afiliada a FUCVAM. Son luchadores, quieren salir organizadamente de la agobiante situación de marginación a que han sido empujados. Sin embargo, pronto les caería encima el Estado, con una furia inaudita e injustificada.
El miércoles 15 citaron a los ocupantes para una instancia de diálogo y negociación en el Sistema de Mediación de Montevideo. Participaban la Coordinadora de Asentamientos, la Cámara de Representantes, la Junta Departamental, la Intendencia de Montevideo y el fiscal Diego Pérez, que ya llevaba “formalizados” por asociación para delinquir una quincena de ocupantes. Toda una ceremonia institucional que, se presumía, tenía la laudable intención de resolver un conflicto social. El “país de los amortiguadores” en pleno funcionamiento. Adrián concurrió como referente de una importante movilización social y fue “atendido” como si hubiera cometido un delito al luchar por viviendas dignas para todas y todos los vecinos.
El fiscal Diego Pérez, representante del gobierno nacional en la instancia, se despojó de su disfraz de amortiguador y mandó detener a Adrián Alanís. La instancia de “diálogo y negociación” se transformó en una trampa policíaco-judicial: el referente barrial resultó procesado por asociación para delinquir y usurpación, delitos que se le podrían imputar a cualquier ocupante de tierras, mujer u hombre, que angélicamente concurriera a la instancia de mediación convocada por las autoridades. Diego Pérez optó por declarar la guerra a los ocupantes y echar a andar la maquinaria represiva que reproduce sepultureros del régimen.
Sin decir diciendo, fundamentó su acto represivo en el antecedente judicial de Adrián quién, desde que fue dejado en libertad, ha trabajado en la construcción, conformado un hogar (Alejandra perdió su embarazo la noche del temporal) y, además, es conocido su largo esfuerzo en aras del bienestar colectivo. En realidad, su delito es haber nacido en la marginación y la exclusión.
Pese a todo el discurso electoral sobre la necesidad de transformar las cárceles en centros de rehabilitación, cuando un liberado demuestra fehacientemente su voluntad de salir del delito, el colérico fiscal Diego Pérez se atribuye el derecho de condenarlo a vivir en la calle. ¡Cuánta saña gratuita e injustificada! Es un nuevo disparate del sistema de “justicia”. Con sus niñas y niños, algunos de brazos todavía, las familias ocupantes continúan soportando temporales y olas de frío bajo sus techos de cartón. En el aislamiento: gobierno y parlamento los ignoran. No es que los hayan olvidado, no saben que existen. Solamente les resta la esperanza de salir adelante con su cooperativa, que les adjudiquen un terreno y un préstamo para construir por ayuda mutua las viviendas de bajo costo. Esperan que fiscalía y el gobierno no opten por empujarlos al abismo. Hay soluciones, como siempre las hubo. Basta con que haya voluntad política.
Con el relato de lo sucedido a los creadores del “Nuevo Comienzo” (así bautizaron su barrio), se pretende poner de relieve las ideas que corren por detrás del escenario de los “allanamientos nocturnos”. La cosa va mucho más allá de una simple reforma constitucional o del debate jurídico, es una tentativa de instalar la ideología de la mano dura. En realidad, hay fuertes indicios de que ya es hegemónica y cuenta con la aquiescencia de los partidos y el electorado suficientes. La violencia de la actitud del fiscal Diego Pérez frente a la marginación social, es apenas una expresión individual de esa la filosofía de la mano dura que se propaga desde el poder político. En definitiva, es el mismo espíritu conque un energúmeno intentó quemar vivo al pobre Andrés que dormía en la calle. Se promueven las ideas y luego se sufren las consecuencias prácticas. Si las cosas continúan por el mismo derrotero, tendremos que llorar muchos Guillermo Machado más.
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