Allanamientos nocturnos: ¿Sirven para algo?

En los últimos tiempos han surgido iniciativas para reformar la Constitución por parte de algunos parlamentarios blancos y también un proyecto de ley interpretativa de los diputados Zubia y Lust para facilitar la posibilidad de que se allane en horas de la noche. ¿Es tan imprescindible habilitar los allanamientos nocturnos? ¿No es una excusa para justificar las carencias en el combate al narcotráfico? ¿Está bien intentar este cambio luego de que la ciudadanía lo rechazara en el plebiscito de Vivir sin miedo? ¿Se corre el riesgo de violar derechos humanos con esta medida? ¿Ayuda a combatir el gran narcotráfico? ¿Una boca de droga es un hogar?

¿A quién le sirven? por Benjamín Nahoum

Salvo las muy, muy absurdas, todas las cosas y las acciones sirven para algo. De lo contrario nadie las propondría, haría o se opondría a ellas. De modo que cuando nos encontramos con que por enésima vez (y por segunda en menos de un lustro) se propone modificar el artículo 11 de la Constitución de la República para habilitar los allanamientos nocturnos (que aquél expresamente prohíbe), debemos preguntarnos a quién le sirve.

Las posibilidades, en principio son tres: los agentes de la ley; los delincuentes, o los residentes de “los hogares”, que la Constitución dice que constituyen un “sagrado inviolable”, pero no define qué son, de modo que hay que recurrir al diccionario de la lengua, aunque con eso no se avanza mucho.

En efecto, la Real Academia dice que hogar es, por su orden: el “sitio donde se hace la lumbre en las cocinas, chimeneas, hornos de fundición, etc.”; una “casa o domicilio”; “una familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas”; un “asilo”, o un “centro de ocio en el que se reúnen personas que tienen en común una actividad, una situación personal o una procedencia”. Con lo cual no queda claro si lo que es inviolable es un lugar donde habitan en forma permanente personas, o también puede serlo una boca de comercio de pasta base.

Por eso distinguidos juristas han sugerido que más que habilitar el allanamiento nocturno con orden judicial, lo que debería hacerse es simplemente interpretar claramente de qué se habla cuando se dice “hogar” y que esa interpretación deje afuera sin dudas a las bocas de venta de drogas.

Esto puede ser más difícil de lo que en principio parece, porque una vivienda también puede ser una boca, por lo cual otros distinguidos juristas (y algunas personas con sentido común) han recomendado salvar el problema obteniendo la orden del juez, rodeando hasta que amanezca el lugar que se requiere allanar, y practicar la operación de día, como lo permite la Constitución.

Todas estas disquisiciones sirven para descartar que se avance mucho o poco allanando de noche y que hay formas más sencillas de solucionar el problema. Y menos peligrosas, porque de noche es más difícil y riesgoso para la policía proceder (y también para posibles personas inocentes involucradas, hasta accidentalmente), y más fácil para los delincuentes escaparse.

Como obviamente esto no se propone para beneficiar delincuentes ni para perjudicar inocentes, policías o civiles (aunque ahora todo está muy entreverado), hay que pensar que en realidad a quién le sirve (no la medida, sino su proposición) es a quien no encuentra la forma de solucionar el problema de la seguridad y combatir en forma eficaz el narcotráfico, y entonces busca una coartada: el problema es que no nos dejan hacer allanamientos de noche.

Mientras hablemos de esto, no hablaremos de otras cosas que sí hay que reformar en la Constitución y de las increíbles fallas y complicidades que permiten que los narcotraficantes huyan de las cárceles caminando, cuando no directamente de sus casas, donde cumplen prisión domiciliaria sin una mínima seguridad.

El recurso de hacer una humareda para tapar el sol no es nuevo ni muy inteligente. Estos trucos también tienen patas cortas.

Vivir con miedo por Miguel Manzi

Cuestión previa: el combate al narco no tiene nada que ver con la posición frente al consumo de sustancias psicotrópicas. Digo: a mí me encantan las drogas, pero creo que hay que rociar con napalm a los narcos. Y, aparte, despenalizar, regular, controlar, asistir y educar (*). Yo viví en países azotados por el narco, vi su efecto devastador. Hoy mismo México sufre hasta 80 homicidios por día; y en orden al consumo, EEUU, fentanilo mediante, registra más de 100.000 muertos al año por sobredosis. En Uruguay, la tasa de homicidios cada 100.000 habitante pasó de su mínimo de 2 en 1980, a su máximo de 12 en 2020, con una gráfica casi vertical a partir de 2015 (https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2021/5/un-siglo-de-homicidios-en-uruguay). Desde que volví al país tras casi 20 años en el exterior, le repetí a mis amigos cinco cosas: (1) que el narco arrasa con todo: instituciones, convivencia, vidas; (2) que la guerra contra el narco estaba perdida a escala global; (3) que este remoto rincón del planeta, pese a su aldeano complejo de excepcionalidad, estaba igualmente expuesto al virus; (4) que la única chance de amortiguar el impacto era agarrándolo en el nido y desplegando una estrategia multifocal; (5) que a largo plazo la única alternativa es promover un abordaje planetario del asunto. Doce años después, hay gente que sigue creyendo que en Uruguay la situación no es tan grave. Afortunadamente también hay voces a la altura de la emergencia: las recientes declaraciones de la presidenta de la Suprema Corte y las medidas que tomó el Cuerpo con los juzgados especializados, merecen aplauso y alientan la reforma, toda vez que la habilitación del allanamiento nocturno solo procedería “mediando orden expresa de juez competente”. La prohibición del allanamiento nocturno es de 1830; fingir que todo sigue igual no es liberal ni progresista, es conservador o reaccionario. Violaciones a los DD.HH. también se pueden dar en pleno día. Las carencias en el combate al narcotráfico no justifican sumarle una más. El gran narcotráfico trabaja en el puerto, la boca aterroriza al barrio; obviamente hay que atacar en todos lados. Y si la causa es justa, la obligación es volver sobre el tema una y otra vez. El caso no es otra versión del viejo conflicto entre seguridad y libertad: el narco (grande, mediano o chico; la boca, el contenedor, el lavado; la guerra por territorio, el sicariato; la captura de la policía, los jueces y los políticos: “plata o plomo”) dinamita a la sociedad democrática (siempre vulnerable), acaba con la seguridad Y con la libertad. ¡Duro con ellos! ¡Con todo!
(*) https://www.gob.mx/cultura/articulos/en-1940-lazaro-cardenas-legalizo-las-drogas-en-mexico

Una necesaria actualización de la Constitución por Carmen Asiain

La Constitución proclama en el Art. 11: El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.
Se trata de la protección, más que de la vivienda de las personas, de la vida íntima de las personas en ese hogar. Si hay sospechas de que en esa vivienda se estén cometiendo delitos u ocultando delincuentes, a menos que la policía cuente con el permiso del responsable del hogar, sólo podrá ingresar munido de una orden escrita del Juez que le habilite el allanamiento a la morada, pero siempre que ello se haga durante el día. De noche está prohibido.
“Hogar” también llamamos al fuego que prendemos en la estufa de nuestras casas y en torno al cual nos calentamos y reunimos, como hacían nuestros antepasados en las cavernas o campamentos; un elemento de unión y corazón de la intimidad del grupo humano. Por eso “sagrado” (separado del resto) y por ello protegido.
Este artículo nos acompaña desde la primera Constitución de 1830 y fue propio de una época en que la ausencia de luz eléctrica en los hogares y en las calles provocaba una especial vulnerabilidad: no había forma cierta de comprobar que quien pretendía ingresar en nuestras casas por la noche, fuese efectivamente la autoridad policial respaldada por la Justicia, en cumplimiento de su tarea de cuidar el orden interno y la seguridad de los uruguayos. Y aquel fue el fundamento del blindaje del hogar: evitar la incertidumbre y los posibles abusos de quienes pudieran actuar “entre gallos y medias noches”.
200 años después (casi), jugamos la copa del mundo de noche, el gran premio Ramírez se corre en Maroñas a plena luz artificial por la noche y podemos registrar en nuestros celulares todo lo que se nos ocurra.
El porqué de aquella disposición constitucional que prohibía de forma absoluta los allanamientos nocturnos ya no rige. Hoy es posible identificar a quienes pretenden ingresar al hogar, así como aportar los medios lumínicos en el operativo de ingreso y la filmación de todo lo que ocurra durante el operativo. Es decir, hay medios alternativos para brindar garantías a los moradores del hogar, y excluir –en la misma medida en que si fuera de día- el abuso de autoridad.
Por ello, cuando durante este gobierno se retomó la iniciativa del plebiscito “Vivir sin Miedo” impulsado por el entonces Senador y posterior Ministro del Interior Jorge Larrañaga, propusimos incluir en el texto, además de la autorización expresa y por escrito del Juez de conformidad con la ley para el ingreso a esa específica morada, y fundamentada en la persecución del delito, algunos requisitos para el ingreso que aportaban garantías a sus moradores.
Propusimos que el allanamiento nocturno sólo podía proceder cuando existiera sospecha fundada de que se estaban cometiendo delitos. Agregamos que la orden dada por el Juez debía ser, además de expresa y escrita, específica para el allanamiento en horas de la noche, y no genérica. Es decir, que el Juez debía fundamentar que era necesario realizar el ingreso durante la noche y no de día, y ello, para evitar arbitrariedades y abusos. Propusimos además que, como corresponde, de modificarse la disposición constitucional, la ley reglamentara el procedimiento de ingreso, el que debía estar dotado de las garantías de gradualidad en el ingreso, así como que debía ser registrado por medios idóneos –como la filmación- y debía aportar la máxima claridad lumínica a través de medios tecnológicos, a la diligencia de ingreso al hogar, para aportar a la noche una claridad como la del día.
Es necesario actualizar la normativa, que respondía a tiempos y realidades que ya no son, y acompañando a la abrumadora mayoría de los países, habilitar los allanamientos nocturnos, con las debidas garantías. Y no sólo para perseguir el narcotráfico, pensemos en la violencia doméstica y los abusos sexuales, entre otros. Es nuestro derecho y deber aguzar el ingenio y habilitar todas las instancias posibles para la prevención y persecución del delito; no nos cortemos las manos.

Que la solución no se convierta en el ocaso de los derechos por Andrés Scavarelli
La Constitución dice claramente que constituye un derecho la prohibición de allanamientos en horas de la noche sin autorización de quien sea la persona o personas a cargo de ese hogar.
La gran pregunta entonces es ¿Qué es un hogar? Actualmente se entiende que inmueble donde haya personas viviendo en él ya es hogar, independientemente de que allí se realicen otras actividades, licitas o ilícitas.
Pero, como siempre se enseña, ningún derecho y ninguna libertad son absolutas y pueden ser limitadas por Ley y por razones de interés general, por lo que, desde esa perspectiva, se podría entender que una interpretación de lo que es hogar y por tanto de lo que no es un hogar, podría ser realizada por esta vía.
Entonces, ¿es o no es hogar? Pues cualquiera de las dos posiciones tiene argumentos en su favor y en su contra por lo que la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de existir una impugnación de constitucionalidad en el caso que el proyecto presentado por dos diputados oficialistas llegara a prosperar y ser promulgado.
El problema que presentan los allanamientos nocturnos es de naturaleza pragmática más que jurídica, ya ha habido errores policiales en la realización de allanamientos a plena luz del día, el error en la dirección en uno de esos operativos fue el más llamativo y conocido. Si hay errores en el día, en la noche pueden ser mucho más frecuentes, pero también de mucho mayor gravedad, sobre todo si en lugar de golpear a la puerta y mostrar la orden se procede a una invasión violenta por grupo de especial de operaciones destinado a tal fin.
Para esto es necesario que cuenten con equipamiento de visión nocturna, escudos balísticos especiales, protección balística corporal adecuada, dispositivos de posicionamiento y cámaras con transmisión en tiempo real al centro de operaciones móvil desde donde se comanda la operación en las proximidades del lugar. Esto naturalmente también requiere la creación de un cuerpo especial altamente entrenado con personal debidamente seleccionado, con instrucción permanente en tácticas de incursión en espacios cerrados que debe llevar a una remuneración superior para los integrantes de esta unidad además de protección de su identidad en cualquier situación.
No se puede mandar a la guerra a alguien con un tenedor y a cara descubierta.
Sobre la utilidad se puede decir que es una herramienta más para el combate contra la criminalidad más violenta, contra la delincuencia sofisticada y contra el terrorismo, por lo que, al menos en teoría, es conveniente disponer de la mayor cantidad de herramientas para combatir estos flagelos regionales y globales que se han ido localizando en nuestro país y zonas próximas.
Lo que se debe tener presente es que cualquier herramienta de represión con la que se dote al Estado debe tener el contrapeso de ciertas garantías como ser el contralor judicial, la solicitud en debida forma por la fiscalía y no descartaría que, luego de ejecutado el procedimiento se comunique a la Institución Nacional de Derechos Humanos los datos básicos y fundamentales del mismo como ser el domicilio donde se realizó, la identificación de la orden judicial y del pedido fiscal, como así también si de este operativo derivó la detención, lesión o muerte de alguna persona, tanto agente, imputado o terceros.
En un tiempo donde con tristeza y preocupación se ha visto como se llegó a usar por malos funcionarios y malos jerarcas políticos herramientas de investigación, seguimiento e inteligencia para espiar a legisladores y a particulares es necesario que toda herramienta de esta naturaleza sea muy estricta en su capacidad de movilización, en sus facultades de acción y en su posterior contralor, porque de lo contrario, solo se estará creando un “Gran Hermano” con esteroides.

¿Son necesarios? Por Juan Pablo Grandal
Yo debo comenzar demostrando, de forma irónica, mi ‘sorpresa’ de que un sector del espectro político que argumenta constantemente en contra de volver a poner a consideración de la ciudadanía cuestiones como el voto consular o la derogación de la Ley de Caducidad argumentando que ‘la ciudadanía ya se pronunció sobre el tema’, no deje pasar un solo período electoral tras el último plebiscito en el que se planteó esta temática, para volver a optar por un mecanismo de democracia directa para intentar permitir los allanamientos nocturnos. No tengo ningún problema con que así sea, ninguna votación tiene resultados eternos, pero me es tremendamente curioso. Quizás hay otros argumentos menos políticamente convenientes que ocultan detrás de ese discurso de ‘la ciudadanía ya se pronunció’, pero bueno, nunca lo sabremos.

En teoría ofrecer más garantías a las fuerzas de seguridad en el combate al crimen organizado es algo positivo. La policía tiene todo el derecho a aplicar los mecanismos necesarios para hacer su trabajo, así como cualquier otra profesión los tiene. Siempre con una salvedad: que no afecten negativamente al colectivo social más que lo que lo benefician. En criollo: que el remedio no sea peor que la enfermedad.

Aquí hay dos cuestiones. ¿Son necesarios los allanamientos nocturnos? Me es difícil responder esa pregunta ya que no me encuentro formado en materia de seguridad pública. Solamente me es de sentido común imaginar las dificultades en llevar a cabo un operativo en una vivienda en plena noche. Inclusive si se permitieran los allanamientos nocturnos, no se podrían realizar sin una orden judicial (lo cual es correcto). Así que los delincuentes seguirían utilizando las viviendas privadas para resguardarse de las fuerzas de la ley, en espera de una orden judicial que me es difícil creer sea expedida con gran celeridad a las altas horas de la madrugada. Para realizar un operativo en condiciones que le añadirían una dificultad extra. Expertos en la materia me sabrán corregir si me equivoco, pero eso es lo que uno razona sucedería en caso de habilitarse los allanamientos nocturnos. ¿De qué gran beneficio serían?

Ahora, los beneficios son dudosos, pero los riesgos son reales. Las mismas dificultades, por ejemplo, de visibilidad, que tendrían lugar en un allanamiento nocturno, también significarían que la posibilidad de errores en el operativo es mayor. Por lo tanto, que en el fuego cruzado o por simple error se hiera, posiblemente fatalmente, a otros habitantes inocentes de la vivienda, es mayor. Eso está lejos de brindarle garantías a la ciudadanía, pero también a las propias fuerzas de seguridad. Cometer un error en un operativo puede tener consecuencias graves para la libertad de un policía.

Esto me lleva a un argumento que vengo realizando en distintas columnas. Acá no se quieren atacar las causas reales del crecimiento del narcotráfico y la vivienda social en general. Se hace demagogia. Se promete a la ciudadanía que “ahora sí, si votamos esta ley, o reformamos la Constitución, ahora vamos a terminar con el narcotráfico”. Pura demagogia y voluntarismo. No hablemos de combatir el lavado de dinero, no hablemos de reforzar la seguridad en las fronteras y en la aduana, no hablemos de controlar más duramente el tráfico de armas, no hablemos de internación compulsiva de adictos o clínicas de rehabilitación gratuitas y universales. Ni hablar de las causas sociales que llevan a muchos compatriotas a caer en los brazos del narcotráfico: exclusión social, falta de oportunidades, etc. En estas materias no solo no se avanza, en muchos casos se retrocede. Propuestas que van en este sentido se encajonan o se rechazan. Pero si se habilitan los allanamientos nocturnos llega la salvación de la Patria de las garras del narco. Por favor.

También hay causas foráneas, sobre las que no podemos hacer absolutamente nada. Nuestro país es un punto de tránsito, las grandes redes del narcotráfico no tienen interés en nuestro mercado de consumo interno. La droga viene acá, y se va a Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, mientras esa oferta exista allá, seguiremos sufriendo este flagelo. Se podría sufrir en menor medida, sin duda, pero también somos víctimas de graves problemáticas sociales en aquellas sociedades que nos presentan como la máxima panacea de la humanidad. En mi humilde opinión, otra propaganda demagógica más para añadir a la lista, que no solucionaría nada.

Parece una irresponsabilidad del gobierno por Martin Forischi
La verdad que nunca pensé que el oficialismo volvería una vez más a poner este tema sobre la mesa. Si bien en determinado momento de esta administración, y yo lo argumente en el Semanario Voces y en mi cuenta de Instagram, manifesté que los allanamientos nocturnos podrían llevar a varios errores; porque realmente no veía lo que otros veían; eso era lo que intentaba en su momento el ex ministro Larrañaga, y el resto del oficialismo.
Muchos dijeron que a la delincuencia, y específicamente al narcotráfico, había que combatirlo con allanamientos nocturnos; por eso se intentó la primera vez con el Plebiscito de octubre de 2019, donde no fue aprobado; yo incluso dije en Julio del 2020 que la posibilidad del oficialismo era intentarlo de nuevo, en ese momento por el procedimiento que señala el artículo 331 de la Constitución Literal “D”; y así mismo se pretendió, pero no se logró avanzar; Pero lo que sí advertía quien suscribe era que, si la ciudadanía lo había rechazado en 2019, no se debería insistir.
Yendo a lo estrictamente jurídico, el mecanismo que se quería hacer en el año 2020 era por el procedimiento que indica el artículo 331 de la Constitución Literal “D”, promoviendo una reforma constitucional por el procedimiento de leyes constitucionales; la misma necesita cumplir para su sanción lograr la mayoría de dos tercios de cada cámara, para luego ser sometida al electorado y ser aprobada por mayoría absoluta de votos emitidos. En definitiva, cumplidas estas exigencias, no se podrá peticionar la inconstitucionalidad de la misma.
En ese año opine que se pretendía modificar el artículo 11 de la Constitución; ubicado en la Sección II de Derechos, Deberes y Garantías; este artículo protege el domicilio, dándoles garantías en la noche al individuo y su familia; pero esas garantías que históricamente atesoramos los uruguayos podrían verse modificadas si se lograse cumplir con los requisitos y las condiciones del artículo 331 Lit. “D”.
Esa probable reforma que se pretendía en el año 2020 respecto del artículo 11 podría haber llegado a afectar la calidad de la libertad
El problema es que la Sección II de la Constitución refleja en su artículo 10 el principio de libertad, principio que entendemos también está protegido en el artículo 11, y si Uruguay tiene una larga tradición protegiendo las libertades, ¿por qué limitarla intentando modificar el artículo 11? Recordemos que los derechos individuales no nacieron con la Constitución uruguaya, sino que los mismos son preexistentes a ella, por lo tanto, no los consagra, sino que protege algo que ya es inherente a la personalidad humana, como los Derechos Humanos de la Primera Generación.
Ahora bien, en esta columna estamos evaluando al gobierno, y tomamos en cuenta que, a pesar de todo lo dicho, vuelven a insistir por tercera vez con los allanamientos nocturnos; este año, ya no se busca modificar el artículo 11 de la Constitución, sino que se pretende ir por el mecanismo de leyes interpretativas de la Constitución; buscar un proyecto de ley interpretativo del artículo 11, más específicamente, se busca interpretar la palabra “hogar” del mencionado artículo.
Por supuesto que la competencia de interpretar normas constitucionales, con efectos generales, está reservado a la Asamblea General. El proyecto puede ser propuesto por un integrante de cualquiera de las dos cámaras como señala el artículo 133 Constitución.
Ahora bien, convocada la Asamblea General, y alcanzando con dos quintos de componentes, podrá luego ese proyecto de ley ser sometido a Plebiscito.
Entonces el oficialismo explica este proyecto de ley, con la finalidad de interpretar la palabra “hogar” del mencionado artículo 11. El que pudo leer ese proyecto nota la subjetividad con que trata algunos elementos para descartarlos como “hogar”. El proyecto, entre otras cosas, señala que el hogar no sería tal como lo define la ley, cuando en el interior del mismo se desarrollen actividades del narcotráfico. En tal sentido imaginen las dificultades que se podrían llevar a cabo con un allanamiento nocturno donde se desarrollen actividades de narcotráfico y que a su vez en ese momento integren esa vivienda ciudadanos inocentes.
Lo mismo que pregunté en el 2020 lo pregunto ahora; que sucedería si se habilitaran los allanamientos nocturnos y ocurriese algún error, en el actuar de un funcionario policial, ya que todo lo que hiciese, todo lo que obrase es un hecho que podría generar un error, por ejemplo, si hay poca visibilidad en los alrededores de la finca, y se termina ingresando a una casa equivocada; o la idea de un hecho público autorizado por el Juez, un acto que decreta el allanamiento en un domicilio erróneo, o cometiendo un error inexcusable, grosero. Inclusive se pueden cometer errores, aunque el propio juez esté presente en el allanamiento.
En estos casos se podrá ir contra el Estado por acto, hecho u omisión administrativa, y en otros por responsabilidad por acto jurisdiccional artículos 24 y 23 de la Constitución. Llevados a la justicia, el que fue allanado erróneamente en la noche, gana.
Todos aquellos que puedan verse afectados por un erróneo allanamiento nocturno, la justicia fallara a favor suyo, porque estos errores se van a dar, y van a generar responsabilidad patrimonial del Estado, por eso en Julio del 2020 me pronuncié en contra de una posible modificación del artículo 11 de la Constitución que insisto, va contra la tradición constitucional uruguaya que garantiza las libertades individuales.
Pero volviendo al proyecto de ley de norma interpretativa del artículo 11, debemos recordar que, a la hora de interpretar una norma constitucional, no podemos perder de vista que, cuando la norma que se intenta interpretar, reconoce derechos a los individuos, el artículo 11 establece derechos individuales, la garantía jurídica del interés legítimo; para interpretar dichas normas deberá recurrirse a las leyes análogas, a los principios generales del derecho, y a las doctrinas generalmente admitidas (art. 332 Constitución)
Pareciera que el oficialismo conspira contra sus propias posibilidades, y que la coalición multicolor no tiene ganas que el Uruguay mejore, deteniéndose en estos temas. Las constantes modificaciones como en este tema; la no repetición de políticas de Estado, se toman decisiones que son extrañas, hacen cambios extraños, como la reforma jubilatoria, por ejemplo; cuando no había agua potable en las canillas de nuestros hogares, la negativa a la ayuda del Gobierno Argentino; cuando en su momento, en todo el mundo se había tomado una decisión con la compra de vacunas contra el covid, acá el gobierno se tomo 6 meses más para decidir.
Está bien, él fue el que se preparó para ser presidente, el que estudio, él es el que tiene los elementos, trabaja todos los días con su gabinete, tiene contacto directo con la bancada oficialista del parlamento, y toma las decisiones que entiende son perfectas para cada situación.
Ahora, por un lado, Uruguay es el único que insiste con los allanamientos nocturnos después de que los mismos fracasaron en muchos países; en esos era para combatir el terrorismo, y en Uruguay se dice que es para combatir el narcotráfico; pero no hay antecedentes positivos en el mundo.
Ahora pero este gobierno de turno, lo intento en 2019; intento en 2020 y ahora quiere una instancia más; y es válido, está dentro de un contexto reglamentario.
Ahora insistir con los allanamientos nocturnos me parece una irresponsabilidad del gobierno frente a tantos temas que afectan al país; se termina agigantando la figura de la oposición para las próximas elecciones. Un gobierno que no logro construir los liceos prometidos; las viviendas prometidas; insiste con este tema.

Las nuevas derechas y los derechos constitucionales por
Oscar Mañán

El avance de las nuevas derechas en el mundo y sus adalides locales están teniendo un disciplinado y duro golpe a los derechos de las personas, tal vez para salvar el pellejo ante la crítica implacable de las masas por el pobre desempeño de sus gobiernos, o simplemente, con la idea de obtener algún rédito electoral.
La constitución de la República (1967) en su Sección II, intitulado Derechos, Deberes y Garantías, art. 11 sostiene: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley” (subrayado nuestro). Se pueden discutir muchas cosas sobre las disposiciones constitucionales, para el tiempo que fue pensada, o bien cuál fue el espíritu del legislador pero, son disposiciones que han ordenado las relaciones sociales por mucho tiempo y vale la pena mantenerlas. Veamos.
A su vez, desde la propuesta de Larrañaga de “vivir sin miedo” plebiscitada en 2019 y rechazada por voto popular, reapareció con el debate de los artículos de la LUC que fueron impugnados y ahora se reedita. Se discute si el cambio constitucional será el camino o una ley interpretativa que lo posibilite, lo cierto es que archi probado está que mayor represión no termina con el delito. Tal vez, más inteligencia y no represión, mejores herramientas para atacar al narcotráfico, condiciones materiales que le dicen, desde patrulleros a entrenamiento de los efectivos policiales, también mayor salario, entre otras cosas. Es necesario entender las lógicas de la criminología, tener observatorios que puedan comprender los cambios de estrategias tanto de la oferta como de la demanda de drogas, el tráfico y el consumo.
Pero la lógica de esta propuesta es controlar el micro tráfico, quizás más efectivo sería preocuparse por el gran tráfico, que entra al país por las diferentes fronteras (desprovistas de controles) y las acciones de lavado permitido por una institucionalidad permisiva de bancos y negocios. ¿Serán los escribanos o profesionales que, en relación de dependencia con sus clientes, deban alertar de posible negocios sospechados?
A su vez, se escapan narcotraficantes presos, por omisiones de la justicia o por falta de controles respectivos de la policía, o por certificados apócrifos de médicos y abogados sin escrúpulos. ¿No será tiempo de formar, reforzar y articular las diferentes instituciones que se encargan de enfrentar estos delitos?
Nadie desconoce que a pesar de las garantías constitucionales existentes, la entrada de las “fuerzas del orden” a los barrios populares, los que siempre son sospechados de cobijar la delincuencia, no llegan tocando y respetando los derechos de las personas. Por cierto, entran pateando y destrozando “la infraestructura hogareña” precaria, con la metodología del ensayo y error, en tal sentido los derechos de muchos quedan prisioneros del error.
Al Presidente le gusta decir que los hombres se equivocan pero las instituciones no, quizás una máxima devenida de creencias religiosas (“dios es bueno, los hombres fallan). Para tales equivocaciones existen los controles institucionales, formación y entrenamiento de los hombres en una ética pública proba, y por supuesto, la rendición de cuentas de cara a la sociedad por los errores de quienes forman parte de las instituciones de gobierno. Pero, las derechas emprenden contra los derechos, y en especial de los más vulnerables, que no dejan de serlo por estar llevando a cabo una actividad ilícita.

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