Parafraseando al filósofo polaco Zygmunt Bauman, en esta modernidad líquida el Twitter es la vía de comunicación masiva de los gobernantes. En ese marco, el Presidente Luis Lacalle Pou eligió ese vehículo para ponderar el paquetazo represivo y regresivo de la LUC.
Esta moderna modalidad de interactuación, que es tan propia de Lacalle y de otros derechistas, contrasta con sus ideas ultra-conservadoras del más rancio liberalismo económico que se retrotrae a más de tres siglos, con las teorías del pensador escocés Adan Smith, cuya ideología luce hoy apolillada.
El mandatario volvió a perpetrar el dístate de afirmar que la LUC es “justa, popular y necesaria”, pese a que arrasa con sustantivos avances alcanzados en 15 años de gobiernos progresistas.
Ni que hablar de las flagrantes inconstitucionalidades de ese paquetazo legal, que aborda nada menos que treinta temas, como si se tratara de otras tantas leyes, lo cual está prohibido por la Carta Magna.
Más allá de meras cuestiones procedimentales, acá lo sustantivo son los contenidos, que retrotraen a nuestro país a los tiempos oscuros del impune abuso de autoridad, a la restricción de derechos, a los presupuestos escuálidos y a la minimización del papel del Estado.
Ante su extenso alegato, el Frente Amplio respondió mediante la misma modalidad, refutando puntualmente los supuestos beneficios contenidos en el voluminoso texto ya promulgado.
De los cinco puntos que generaron la confrontación dialéctica, se destaca la afirmación de Lacalle que esta ley “resuelve el problema para aquellos que necesitan alquilar su vivienda y no consiguen una garantía”. Al respecto, desde el FA se aduce, con razón, que la norma está pensada para favorecer a los propietarios y no a los inquilinos, porque habilita el “desalojo express” y genera vulnerabilidad.
En torno a los cambios a la Ley de Inclusión Financiera, que bajo el eufemismo de “libertad financiera” modifican las reglas de juego a favor de las patronales lo cual es elogiado por Lacalle, el FA interpreta que promueven “la opacidad financiera” de las empresas, dejando al trabajador en una situación de indefensión.
Obviamente, Lacalle defendió la prohibición de piquetes y manifestaciones, que impedirá expresarse libremente a los colectivos y puede conllevar represión. No es lo mismo garantizar el derecho al trabajo y la propiedad que conculcar -por vía indirecta- el legítimo derecho a la libre expresión de las ideas, vulnerando el artículo 29 de la Constitución de la República.
Otro eje temático que suscitó polémica fue el relativo a la seguridad. Según Lacalle, las nuevas disposiciones “jerarquizarán la función de la Policía, lo cual es una falacia.
En efecto, la ampliación de la figura de “desacato” y la creación del concepto de “agravio a la autoridad” serán punibles y podrán exponer al eventual ofensor a penas de prisión. Esta prerrogativa, que roza la inconstitucionalidad, alentará también el abuso de autoridad.
Lacalle también defendió el rol de las unidades reguladoras, que en el futuro tendrán injerencia en la gestión de las empresas públicas, lo cual supone un artero ataque a sus autonomías y abona la tentación privatizadora.
El quinto eje de discusión fueron los cambios que se aplicarán en el sistema educativo, que arrasarán con su autonomía, eliminaran casi totalmente la representación docente y otorgarán mayor participación a la enseñanza privada con una impronta de mercado.
Blindado por la pandemia, que le otorga un desmedido protagonismo, el obsecuente favor de todos los medios y de encuestas que no se condicen con la realidad, Lacalle Pou saca pecho y se envalentona, acorde a su reconocida soberbia.
El pecado capital del Frente Amplio es haber votado decenas de artículos de la LUC y aceptar cargos en el Estado, actitud que horada su perfil opositor y lo condiciona a votar las venias que propone la derecha.
Hacer oposición constructiva no es atarse de pies y manos, sino proponer y sintonizar con las bases y el movimiento social para resistir, dentro del marco jurídico, las políticas regresivas del bloque conservador.
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