Se encuentra a estudio en el Parlamento un proyecto de ley de “Proyectos Forestales”, que plantea regular las plantaciones de árboles, prohibiéndolas fuera de las áreas de prioridad forestal con índice CONEAT menor a 76 y ubicándolas a 300 metros de los cursos de agua.
Ese proyecto de ley ha servido como disparador de discusiones que no se daban anteriormente a nivel parlamentario y en las cuales quedaron en evidencia diferencias importantes entre la propaganda forestal y los hechos.
El parlamento ha recibido delegaciones de la Dirección General Forestal (DGF), las gremiales forestales, como la Sociedad de Productores Forestales (SPF), la de los contratistas forestales (ASECFUR), la de los procesadores de madera (CIPROMA) y la del Movimiento Uruguay Sustentable (MOVUS).
La limitación propuesta, como cualquier otra limitación de tipo ambiental o de ordenamiento territorial levanta resistencias y en este caso las agremiaciones forestales abogaron por el mantenimiento del status quo, incluso requiriendo ser indemnizados en caso de que pusieran límites a su actividad. (1)
Las quejas actuales no se escucharon cuando a partir de la segunda ley forestal (Ley 15939) y de sucesivas leyes y decretos se exoneró la plantación y explotación de árboles de tributos e impuestos, otorgando subsidios de hasta el 50% del costo de las plantaciones. Hasta hoy, algunas plantaciones siguen exoneradas, por ejemplo, del pago de la Contribución Inmobiliaria.
Tampoco se escucharon quejas cuando se ampliaron las áreas para la plantación de árboles por las recalificaciones de los suelos forestales dadas por los decretos 26/1993, 191/2006 y 220/2010 llevando a que la Federación Rural exprese que el sector forestal compite en forma desleal con otros sectores agropecuarios.
Con base en todos esos beneficios, existen hoy en nuestro país, de acuerdo con la información de la DGF, 875.464 hectáreas efectivamente plantadas con árboles, afectando 1.034.712 hectáreas. (2) Esos números muestran que el 85% de las áreas afectadas son efectivamente plantadas con árboles. Sin embargo, en su presentación la SPF declaró repetidas veces que al plantar árboles sólo se ocupa en promedio el 60% del espacio, quedando libre el restante 40%.
Hoy el 25% de las áreas ocupadas por las plantaciones de árboles está fuera de las áreas de prioridad forestal y todos los proyectos de plantaciones que llegan a la DINAMA para su aprobación incluyen suelos y áreas fuera de las de prioridad forestal.
La implantación de los árboles, en especial fuera de los terrenos de prioridad forestal, desplaza otras actividades y los representantes de la SPF fueron claros de que, en las plantaciones con destino a celulosa, donde se plantan entre 1.300 a 1.400 árboles por hectárea, no se pueden realizar otras actividades, incluso el promocionado “silvopastoreo” y si se coloca ganado este se debe limitar a pastar en los caminos de cortafuego.
En lo que respecta al ingreso económico que para el Uruguay significa la plantación de árboles, el estudio que por encargo de la SPF hizo la consultora CPA Ferrere (CPA) dice en lo referente a los impuestos que paga la “cadena forestal”, que son el impuesto al gasoil y las “cargas laborales” las principales contribuciones directas de la actividad forestal. Esto se completa con los pagos por impuesto al patrimonio, del que están exoneradas por decreto de 2013 las plantaciones asociadas a la planta de celulosa de Montes del Plata. El aporte anual por esos tres conceptos es de 57 millones de dólares según CPA.
De ellos, 16 millones corresponden a los pagos a la seguridad social, que no son básicamente impuestos, sino obligaciones que van a las cuentas de retiro de los trabajadores y otros 9 millones son los pagos que por IRPF hacen los empleados, no las empresas.
Si bien las exportaciones del sector registradas por Aduanas no llegan a los 1000 millones de dólares, el ex presidente de la SPF y hoy Director de la DGF enfatizó ante la Comisión que estudia el tema que el sector forestal representará en pocos años al menos el 30% de las exportaciones del país.
Sorprende que ese guarismo desde la DGF, porque para realizar esa afirmación debe considerar como “exportaciones” las ventas que se hacen desde las Zonas Francas Celulósicas, sobre las que no existe más información que la de las propias empresas, al no ser esas ventas registradas en la aduana, paso básico para configurar una exportación.
Respecto al trabajo, un tema que las delegaciones forestales hicieron hincapié, los datos oficiales de Banco de Previsión Social (BPS) muestran que entre 2007 y 2019, 12 años, el empleo en el sector relacionado a la madera creció en 1.500, llegando a 16.800 empleos. (2)
De esos empleos, sólo 1247 están en producción de pasta de celulosa, muy por debajo de la ocupación en la transformación mecánica de la madera (chips, tablas, muebles y otros productos) que ocupa a 6139 trabajadores (1400 más que en 2007).
En base a los datos oficiales, sumando todas las actividades del sector, menos la logística asociada al transporte de madera, se llega a unos 16 empleos cada 1000 hectáreas, relación que oculta grandes disparidades.
Por ejemplo, la CIPROMA dijo que sus empresas dan “empleo a más de cuatro mil personas” ocupando “poco menos de 120.000 hectáreas”, ocupando “36 trabajadores cada 1000 hectáreas”; mientras que los 1247 de la producción de celulosa significan apenas 1 empleo cada 1.000 hectáreas.
Conviene agregar algún dato sobre Nueva Zelanda que fue citada por parte de la representación de la CIPROMA. La información oficial de Nueva Zelanda (4) indica que el 22% de la superficie del país corresponde a bosques y que las plantaciones cubren otro 7% del territorio llevando el área forestada total a 29%.
Es de destacar que, con 1.690.000 hectáreas de plantaciones, Nueva Zelanda genera exportaciones por 6.800 millones de dólares, un valor siete veces superior al de las exportaciones de Uruguay con 1.034.000 hectáreas plantadas. Su producción está orientada a la madera (tablas y enchapados) con un pequeño sector de celulosa y papel mayormente destinado al mercado interno.
En cuanto al empleo, en Nueva Zelanda el sector empleó en 2017 a 38.000 personas, casi 23 cada 1000 hectáreas, un 50% más que en el Uruguay.
Evidentemente producción de celulosa en zonas francas, que sólo se realiza en el Uruguay, no es la mejor forma de aprovechar el potencial forestal del territorio que aún con las limitaciones que plantea el proyecto de ley a estudio, tiene la posibilidad de duplicar las áreas plantadas hoy, y que redireccionado podría generar mucho más empleo y un nivel de ingresos sensiblemente mayor.
(1)https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/comisiones/212/versiones-taquigraficas
(3) https://aplicaciones.aduanas.gub.uy/LuciapubX/DatoBasico.Arancel.HPUDBAr2.aspx
(4) https://www.mpi.govt.nz/news-and-resources/open-data-and-forecasting/forestry/
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