La pobreza extrema, la indigencia que desemboca en situaciones de calle, en la mayoría de los casos develan las peores y las mejores fibras de quienes las constatan: exhiben a unos demandando que sean desalojados y a otros los exponen ofreciendo apoyo, aportando solidaridad. Si pensamos en Argentina y nos atenemos a cifras oficiales, tendremos que mientras en 2015 se hablaba de 100 mil indigentes, en el primer trimestre del año en curso hay más de 200 mil.
El seguimiento de los consejos del Fondo Monetario (algunos los llaman recetas, pero con toda propiedad se debieran designar como exigencias) pretende mayores ajustes al gasto social, la reducción de los pagos a los ingresos fijos -tomando en cuenta el vertiginoso crecimiento del “ejército de reserva”-, la eliminación de leyes que protegen al trabajo y a los asalariados, en tanto se demandan políticas de mayores precios en servicios que presta o fija el Estado (agua, luz, gas y transporte público). Las consecuencias saltan a la vista, donde si tomamos como ejemplo la ciudad capital del país, de poco más de mil personas en situación de calle en 2015, en el inicio del 2019 hay unas 8 mil.
El considerar que la vida en la vía pública genera deterioro psicológico y hace proclive a quienes son víctimas de la situación a contraer enfermedades, establece más dificultades para la superación de la impropia coyuntura. Demás está decir que el pasaje por tan cruel eventualidad tiene efectos duraderos sobre los adultos y, en particular, sobre la psique de los niños que la padecen.
El actual régimen federal y la mayoría de los ejecutivos provinciales, siguiendo las medidas a que obliga el Fondo -con las que están de acuerdo y contestes- conocidas como “reforma del estado”, entrañan y consolidan logros de los dueños del capital sobre la espalda de la mayoría de los argentinos.
Un diario brasileño del sector empresarial industrialista desplazado del poder, comenta a sus lectores -que ya empiezan a soportar los efectos del gobierno de Bolsonaro- que en Argentina “el jueves pasado (28 de marzo) el instituto oficial de estadísticas informó que el índice de pobreza en el país se disparó de 25,7% a 32% en un año”. Agrega que “la Argentina del liberal Mauricio Macri se zambulló en una espiral de recesión, inflación y desvalorización de la moneda”: O Globo no es, precisamente, un periódico siquiera progresista, pero induce con esos comentarios a ir poniendo las barbas (propias) en remojo.
Hasta sectores importantes del ámbito financiero, beneficiados con la quita por Macri de lo dispuesto por el gobierno anterior con el “cepo cambiario” –habilitando la compra de dólares a futuro a 15 pesos, que hoy en pizarra están a más de 42 pesos- dan signos de sobresalto y señalan que “la crisis cambiaria de 2018 descarriló el modelo de gradualismo fiscal y metas de inflación y cambió rotundamente el panorama de 2019”. Asimismo, se preguntan “si habrá un punto de inflexión en actividad e inflación y quién será el próximo presidente” (en octubre de este año). Sus pronósticos indican que sobrevendrá una amplia recesión, que ésta desencadenará una reducción en el ritmo inflacionario, pero será socialmente negativa al constreñir aún más el mercado interno, las compras minoristas, el desempleo y la pobreza. De todas formas, esa ralentización del envilecimiento del signo monetario propio augura un dólar para fin de año entre 49 y 50 pesos. Otro ejemplo de la situación la dan tres entidades públicas: el gobierno argentino fija un retroceso del PIB nacional en 0,5%, mientras el Fondo lo hace en 1.7% y la OCDE en 2%.
Veamos ahora que estas fuerzas en el gobierno -y el propio Macri – aspiran a continuar dirigiendo al país y cuáles serán sus postulados de campaña electoral. Aunque los analistas sostienen que “la economía llegará a las elecciones con los motores del consumo y la obra pública apagados», aquellos que no creen en las promesas de este gobierno afirman que parte de la estrategia radicará en cambios semánticos no evolutivos en los aspectos que reciben mayores críticas opositoras. Sostienen, por ejemplo, que a la especulación del extranjero le llamarán “inversión”; al desempleo creciente le dirán “trabajo de calidad”; a la caída económica, “crecimiento”; al aumento de tarifas “sinceramiento” y “reconversión” al cierre de fábricas.
Otros puntos que se destacarán en la campaña están relacionados con la seguridad personal (contra el crimen, organizado y el no tanto), la corrupción (ajena, no propia), haciendo a un lado toda incursión en cuestiones sociales o económicas, salvo que se trate de préstamos del Fondo por 56 mil millones de dólares en que argumentarán que denotan la confianza en el país y en la conducción del gobierno.
Es seguro que se intente conjuntar la demanda de nuevos dispositivos para la seguridad de la propiedad privada y personal -factor de incidencia cultural con el que los medios de comunicación machacan cotidianamente- con los programas auspiciados por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, que reduce la edad para imputar a niños y niñas preadolescentes a los 14 años. A esta iniciativa se le agrega un nuevo Código Penal (mayor a una simple reforma) que incrementa las penalidades y que se envió como proyecto al Congreso.
Los comicios de octubre, por el que velan armas las distintas corrientes políticas argentinas, para un país pequeño como Uruguay -en que se hace notar la influencia política, económica, cultural y de medios de ese país y de Brasil- debe considerar en un plano más amplio y vasto que los ascendientes enumerados son en lo comicial viajeros que traspasan fronteras, deambulan con ciertas libertades y tienden a ocupar espacios al expandirse. Entender que no es casual que el gran generador de inseguridades -políticas y delincuenciales mayores y menores-, Estados Unidos, logró introducir este tema en todas las campañas del continente mediante diversas formas, donde adoptan gran valor sus medios dominantes de comunicación.
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