Más allá de opiniones, siempre diversas a partir del punto de interés desde el cual se miran las cosas, una es unánime y concluyente: la contundente y rápida respuesta de la Administración de Joe Biden ante la quiebra de dos bancos con el propósito de eliminar cualquier posibilidad de efecto contagio. Y la segunda es polémica: todo empezó cuando Trump comenzó a relajar los controles y exigencias que el sistema financiero debía cumplir.
Tanto el Silicon Valley Bank y el Signature Bank eran dos instituciones cuya debilidad Financiera era conocida. En particular, el SVB tiene un perfil muy diferente a la versión estándar de banco. En efecto, se trataba de una unidad especializada en banca para startups de Estados Unidos, cuyo origen se remonta al año 1983 en Santa Bárbara, California. En términos generales, su estrategia consistía en ofrecer financiamiento a firmas estadounidenses de tecnología y sanidad, respaldadas por capital de riesgo. Aunque el manejo de números en estas circunstancias es siempre incierto, según la información que circuló a nivel de los medios especializados es que se trata de cifras significativas, del orden de los 209.000 millones en activos totales a fines del año pasado, de acuerdo a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.
Según la publicación Business Insider, un medio digital de los Estados Unidos, especializado en noticias financieras y empresariales, con ediciones internacionales en Reino Unido, Australia, China, Alemania, Francia, Sudáfrica, India, Italia, Indonesia, Japón, Malasia, Países Bajos, Polonia, España, Singapur y el norte de Europa, el “SVB construyó una reputación en los últimos 40 años al atender a la comunidad tecnológica. Pero una tormenta perfecta de aumento de las tasas de interés, malas decisiones financieras, un mercado terrible para la tecnología y una corrida bancaria llevaron a la caída de SVB de la noche a la mañana”.
Obviamente, estas situaciones desatan tensiones y miedos contenidos, incluso por haber desatendido las señales que surgían de la propia información del banco y en particular, de los reguladores. Por ello, el primer propósito de la Administración Biden fue adoptar un conjunto de medidas tendentes a encapsular el problema, de modo de que cuando la noticia llegara a los medios, inmediatamente se conocieran las medidas de garantías preexistentes y otras adicionales, de modo de garantizar que los depositantes tuvieran la certeza de que sus dineros serían recuperados casi de inmediato. Por ello, en buena medida, el nerviosismo que suele instalarse en circunstancias como éstas de crisis financieras estuviera bajo control. Así, esos efectos parecen estar bajo control, por lo menos en el corto plazo.
El cierre del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, con la información disponible hasta hoy, se circunscribe a dos entidades afectadas por los miles de despidos verificados en el sector tecnológico, en muchos casos, también algunos fracasos de iniciativas que no han prosperado, e incluso por las increíbles apuestas por criptomonedas. Dadas las características de los bancos, algunos han recordado los estruendos del estallido de la burbuja punto com de inicios del milenio, y otros hicieron foco en la crisis financiera de 2008.
Pero ni el origen del problema tiene coincidencias ni las rápidas diligencias de las autoridades estadounidenses han sido del mismo tenor, tanto en la inmediatez de la respuesta, como la profundidad y convicción de sus acciones. Sin dudas, la respuesta fue muy rápida, poniéndose al frente de los intereses de quienes tenían dinero depositado, garantizando la totalidad de los depósitos como una medida del tipo “faro guía”, de modo de establecer un convincente efecto disuasorio, y evitar el contagio a la banca regional del país. Por ello, por ejemplo, no sólo fue inmediata la respuesta del gobierno a través de los medios, sino que se puso en modo operativo un nuevo mecanismo de liquidez para rescatar efectivamente a los afectados y devolver inmediatamente la pérdida de confianza en el sector.
En este sentido, la Administración de Joe Biden estableció una línea de emergencia diferenciando depositantes de accionistas de la entidad, a unos preservándoles sus derechos y a los otros, recordándoles que deberán asumir las pérdidas derivadas de las responsabilidades propias de sus decisiones.
Por ello, la mirada desde Europa fue distendiéndose rápidamente. En efecto, los reguladores europeos y asiáticos unos tras otro descartaron la eventualidad de un contagio financiero, en particular, al verificar la especial naturaleza de los bancos quebrados.
Ni las condiciones económicas son parecidas como para automáticamente afirmar que se trata de una crisis como las del 2008, ni las herramientas preventivas y correctivas son las mismas, precisamente, a raíz de las experiencias aprendidas de aquella crisis. Y las dos primeras enseñanzas han sido no ocultar información, no ningunear, e instalar una respuesta inmediata y contundente. En este caso, la Administración no se limitó a cubrir (es parte del andamiaje post 2008) el “riesgo moral” derivado de cubrir todos los depósitos, yendo más allá del límite de los 250.000 dólares que establece la ley.
Ahora los ojos se vuelven hacia la reunión de este jueves del Banco Central Europeo, clave para saber si las autoridades europeas están en la misma línea de pensamiento o tienen dudas, o aún más, si temen que la enérgica alza de los tipos de interés adoptada en julio 2022 puede castigar al sistema con los mismos impactos que castigó a los balances de los bancos. Cada suba de las tasas de interés significa para los tomadores de crédito nuevos costos, los que modifican la planificación de las necesidades de fondos para satisfacer la demanda planificada, que incluso podría verse castigada por la influencia de esa misma subida de tasa, del crédito, en los precios de los proveedores.
Para no pocos analistas del sistema financiero y bancario de los Estados Unidos, esta crisis se empieza a gestar cuando Donald Trump comienza a desmontar una parte del sistema de garantías que el presidente Barack Obama, a través de la Ley Dodd-Frank, había logrado aprobar en el Congreso. Por esta ley, se establecía las denominadas pruebas de estrés, comités de riesgo y coeficientes de capital y apalancamiento que debían tener los bancos. La aprobación de ese sofisticado andamiaje por parte del Congreso daba una contundencia muy significativa, Pero los vientos cambiaron, y con el ascenso de Donald Trump presidencia esos requerimientos se flexibilizaron y en otras situaciones se eliminaron so pretexto de que ya la experiencia del 2008 estaba lejos en el tiempo y superada. Pero para no pocos, precisamente allí empiezan los problemas de hoy.
El debate hoy en el sector financiero estadounidense, tanto entre operadores como reguladores, especialistas del negocio y académicos, e incluso en el propio congreso, se centra en revisar el papel de la supervisión del sistema, si se actuó adecuadamente y si los recortes o flexibilizaciones introducidas a la ley Dodd-Frank la han debilitado, y por tanto, se impone una rápida reconsideración de la regulación, no sólo para prevenir situaciones como la de estos días, sino que recogiendo la experiencia reciente y las circunstancias presente, contar con un marco normativo propio del 2023.
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