La interina Jeanine Áñez, que fue designada para dirigir el Poder Ejecutivo de facto, al parecer adoptó la metodología de la destitución (empleada para deponer al presidente constitucional Evo Morales). La medida coercitiva de la titular del Ejecutivo usurpante se la aplicó a quien fuera su ministro de Economía, Óscar Ortiz, que se opuso a la reprivatización de una compañía eléctrica y resultó criticado públicamente por el titular de Gobierno, Arturo Murillo. Una semana antes la interina estrenó la práctica y echó al procurador general del Estado, José María Cabrera, quien había objetado -por presumir inconstitucionalidad- el plan de privatización de Elfec gestionado desde Gobierno.
Los enfrentamientos dentro del régimen se dan después que Áñez anunciara el 14 de septiembre -aún no había renunciado a ser candidata presidencial- que se privatizaba la distribuidora eléctrica Elfec de Cochabamba, lo que causó la inconformidad -en el mismo momento- del cruceño ministro, luego destituido. La fracción golpista a la que pertenece Ortiz se solidarizó renunciando a sus cargos y tres ministros abandonaron el gabinete dándole su apoyo al expulsado. De los cuatro lugares vacíos, a las pocas horas, se nombraron tres remplazantes; del zafarrancho se entresacan de comentarios en los medios.
Los argumentos esgrimidos para desligarse de esta efímera dictadura -inaugurada hace algo más de 10 meses- dan una idea de que los apetitos del sur de Bolivia, dirigidos desde Santa Cruz de la Sierra, no lograron amalgamarse de forma tal de darle estabilidad y continuidad al gobierno que instalaron desplazando al gobernante legítimo. Con algunas otras acciones, además de la represión generalizada y la conculcación de buena parte de la libertad de expresión a los medios de comunicación, en lo internacional el interinato cometió tropelías insospechadas: vale la pena recordar hechos que perpetró inmediatamente de dar el golpe contra la institucionalidad del Ejecutivo. México, en el caso, fue el primer objetivo por brindar refugio a varios ex funcionarios en su territorio y en la embajada de La Paz. El reaccionario régimen emitió órdenes de arresto contra algunos de los asilados y exigió a México su entrega. Frente a la obvia negativa, la embajada fue rodeada por grupos policiales y fuerzas de asalto; drones vigilaron la sede y el domicilio de la embajadora, en una actitud considerada “hostil” (canciller Marcelo Ebrard dixit), en tanto los concurrentes a la representación diplomática fueron interceptados en sus inmediaciones.
El exceso de celo se desbordó el 30 de diciembre de 2019 cuando Áñez expulsó del país a la embajadora mexicana, María Teresa Mercado, a la encargada de Negocios de España, Cristina Borreguero, y al cónsul de ese país, Álvaro Fernández. En el momento en que Evo Morales emigró de México a Buenos Aires, al gobierno argentino le tocó -hasta ahora- sufrir los ignominiosos improperios paceños.
El fin predecible de este régimen no significa que se descarten por exclusión otras apetencias internacionales acerca de productos que contiene el territorio boliviano, petróleo y gas, y sobre todo abundante litio (“oro blanco” en minas que hoy se calculan son el 70% del total mundial)- considerado fundamental para las baterías futuras, remplazante de los hidrocarburos que utilizan los vehículos, indispensable para el transporte de carga y los autos eléctricos.
Esto significa que el “activo” Departamento de Estado de Washington -en primer lugar- no sea un simple observador de la evolución de la situación boliviana, sino que a través de sus agentes concurra como un íntimo colaborador del sector privado (caso Tesla Inc., cuyo principal es Elon Musk) aplicando las herramientas y los instrumentos de que dispone y controla (como siempre, la mayoría de la OEA, y al secretario general, Luis Almagro), constituyéndose en actor fundamental en la búsqueda de “aquiescencia” en La Paz para abrir el mercado a la explotación de los recursos necesarios para las transnacionales. Esto, es evidente, está reñido con un gobierno dirigido por Evo Morales que hace imposible todo entendimiento privatizador o de grandes beneficios (reducido costo y baja fiscalidad) con exportaciones baratas.
Pero, aun cuando el MAS (fuerza política orientada por Evo) gane las elecciones de octubre próximo -en una o dos vueltas- ello no asegura borrón y cuenta nueva tras la irrupción e interrupción golpista: Bolivia continuará siendo el país, aunque políticamente será otra cosa a la vez, igualmente apetecido y asediado debido a sus potenciales productos primarios.
Por otra parte, Luis Lucho Arce -candidato masista a la presidencia- podría resultar vencedor en la contienda, pero no significa que su eventual mandato se convierta en continuador del emprendido por Evo: hay suficientes ejemplos en la región con el advenimiento de autoridades legítimas -superadoras de instancias dictatoriales o no- sobre la prosecución de procesos institucionales y la continuidad e igualdad de fondo en las administraciones. Así tenemos los “desapegos” ecuatorianos de Lenín Moreno, las presidencias de izquierda en Chile (que ni a progresistas llegaron) o lo que quedó a deber de su programa y lo esperado del Frente Amplio del Uruguay que fue gobierno 15 años (tres periodos consecutivos).
La excepción -por derecha- es Colombia, donde Iván Duque actúa de acuerdo con los mandamientos del actual ex senador -sometido a proceso- y antiguo presidente Álvaro Uribe.
Los electos por los partidos progresistas, socialdemócratas y hasta los autoproclamados de izquierda, entre excusas para acomodar su actuación, pretextan entornos agresivos, acciones de las derechas políticas regionales, presiones de cámaras empresariales locales, intromisión de instituciones internacionales, mantenimiento de competencia productiva, presiones de políticos y embajadores del capitalismo central. Algo de esto puede llegar a Bolivia. En medio, esperando “que la tortilla se vuelva” quedan siempre las grandes mayorías.
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