El pasado jueves 8, el ministro Eduardo Bonomi visitó la cárcel de Punta de Rieles, construida bajo la modalidad público-privada. La intención fue construir una cárcel apropiada para la rehabilitación de los privados de libertad.
Sin embargo, las palabras de Bonomi trasuntan otro pensamiento: “Esta cárcel la pensamos como modelo, y como la que puede servir más fácilmente para la rehabilitación, con espacios deportivos, recreativos y con talleres. Bueno, es a la que los presos le tienen más bronca y no quieren venir.”
Bonomi va más allá, se explica mejor: “Prefieren ir a aquellas que tienen situaciones insostenibles, las que tienen hacinamiento, comida inferior y un trato diferente porque prácticamente es la continuidad de la vida que llevaban en libertad. Es un problema de conciencia de hábitos de vida y de costumbres.” Es la triste opinión de quien ha estado los últimos días años en el cargo de Ministro del Interior.
El Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Manuel Petit, afirma que todos los años salen en libertad unos 2000 presos, y si salen peor de lo que entraron es que están tratando de apagar el incendio con nafta. Según Bonomi los presos no tienen voluntad de rehabilitación, “es un problema de conciencia, de hábitos de vida y de costumbres”. Si a esta cárcel modelo “los presos le tienen bronca”, no hay salida en la política carcelaria que se ha llevado adelante en los últimos 15 años. Y es raro escuchar en palabras de la persona que, no sólo, tiene como misión dar tranquilidad a la ciudadanía, incluso a la más radicalizada ante la inseguridad, sino, también, a la población carcelaria, que reacciona como es de esperar ante un mundo que se le cierra. Esto es independiente de las causas que los hayan llevado a la cárcel. Desde la autoridad, es su obligación atender y planificar su política en función de que en las cárceles también tienen vigencia los Derechos Humanos. Es hasta conveniente para la sociedad que las cárceles no sean un lugar de martirio. La libertad, que un día va a llegar a esas personas, no debe ser el de la incertidumbre y la desconfianza, porque sería la antesala de la recaída en el delito, en una situación sicológica deteriorada por la cárcel.
Para Juan Miguel Petit, “la incertidumbre procesal es negativa en las perspectivas de reinserción”. “Nos dañaron, nos hicieron sufrir, pues entonces ‘devolvemos’ el sufrimiento restitutivamente, como si el daño hecho se pudiera superar con otro dolor”, observó el comisionado en el informe y señaló que como resultado institucional se obtienen cárceles que hacen sufrir pero que no “evitan ni previenen nuevas violencias”. “Mientras no haya un cambio cultural y no se reclame calidad de gestión en las cárceles seguirá siendo una fuente de violencia, de desintegración y, paradójicamente, de nuevos delitos”, subrayó el Comisionado Parlamentario Penitenciario.
La situación de la inseguridad en el Uruguay ha mostrado dos cosas: La Policía está capacitada para enfrentar a la delincuencia doméstica, pero, al mismo tiempo, las cárceles, adonde van a parar esos procesados, son la mayor fábrica de delincuentes del país. Pero por mal que anden las cosas, el ministro Bonomi se mantiene imperturbable, repartiendo culpas entre el sistema judicial y la prensa. Dicho esto, cabe preguntarse si es Bonomi el responsable último de lo que pasa con la seguridad pública y el deterioro del entorno social de la delincuencia. Pasaron dos administraciones del Frente Amplio, con Bonomi atornillado al sillón de ministro, y Uruguay cayendo en picada.
En el transcurso de una semana, un avión particular con 600 kilos de cocaína es detenido en Francia, casi enseguida, un contenedor con 4500 kilos de la misma sustancia es encontrado en un contenedor en el puerto de Hamburgo, Alemania, los dos envíos habían partido de Uruguay. Pero todavía faltaba algo para cerrar la semana blanca: la policía encontró otros 700 y tantos kilos más en una casa, en Parque del Plata. Casi 7 000 kilos de cocaína relacionados con el país hacen sonar las alarmas por todo el mundo. Aquí hay responsabilidades muy repartidas. Uruguay comienza a ser señalado como país clave en la ruta del narcotráfico.
Nuestro país, ha ascendido en el ranking de las naciones sudamericanas de acuerdo a los datos actuales, Uruguay se encuentra en el cuarto puesto, detrás de Venezuela, Colombia y Brasil. ¿Cuánta cocaína hay en el país esperando para salir? ¿Qué explicación da el ministro Bonomi a la fuga del jefe de la mafia calabresa Rocco Morabito? ¿Qué va a pasar si Colombia y Brasil siguen con sus esfuerzos por combatir el crimen, y bajar los indicadores correspondientes? ¿Acabaremos segundos, detrás de Venezuela? ¿Tenemos conciencia de lo que esto implica?
Este desorden monumental ha empujado al canciller Nin Novoa a actuar corporativamente, ante la decisión de recomendar a sus ciudadanos que tuvieran cuidado al viajar a Uruguay. Esto sucedió en medio de tres atentados en sitios públicos en Estados Unidos, y nuestro canciller tomó la decisión poco prudente de responder con una recomendación a nuestros ciudadanos que tuvieran cuidado al viajar a Estados Unidos. La cultura de la violencia está en el ADN de los estadounidenses. Desde el cine a la venta de armas de guerra a los ciudadanos. Eso no está en discusión. Pero si vemos esos hechos monstruosos como resultado de una cultura de la violencia, muy presente en ese país, peor es el fracaso de Uruguay. Mientras Estados Unidos mantiene un 5.3 homicidios cada 100 mil habitantes, Uruguay ha pasado, desde un 5.7 en 2005 a 11.8 cada 100 mil habitantes de la actualidad. Esa es la realidad y no otra.
Si como dice el Comisionado Parlamentario, cada año salen a la calle 2000 liberados, peor de cómo entraron, entonces ahí está la respuesta a por qué en Uruguay hoy tenemos el doble de crímenes que 15 años atrás.
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