Alguien en un país de más de 200 millones de habitantes que en dos presidencias saca de la pobreza al 15% de la población, bien puede ser postulado para el Nobel de la Paz. Si ese alguien es candidato a un tercer mandato en Brasil, figura como quien concita el máximo apoyo para octubre próximo, cuenta con antecedentes como el ex mandatario que terminó con mejores niveles de consideración popular, tuvo la posibilidad de escoger quien lo sucediera en dos ocasiones sucesivas y hoy está preso -tras un juicio de tantos que le fueron incoados-, da la impresión de que la institucionalidad de esa nación anda por los suelos. Luiz Inácio Lula da Silva con entre 36 a 38% de intención de voto se ubica muy por delante del 17 por ciento del que le sigue, el ultraderechista diputado Jair Messias Bolsonaro, admirador suspirante de la última dictadura.
Si para colmo fue sometido a proceso y condenado por convicción del juzgador, Sergio Moro -sobre la controvertida base de declaraciones premiadas de delincuentes tenidos como “testigos protegidos”- y ésta fue avalada por altas autoridades judiciales, la sentencia que se dictó se equipara con la sanción impuesta a los proxenetas: sin que penalmente exista semiplena prueba su falta es admisible únicamente en los casos de quien no trabaja y percibe la totalidad o parte de eventuales beneficios de una tercera persona que ejerce el meretricio.
Se trata de un hombre, ex dirigente sindical, cuatro veces candidato presidencial de Brasil, cofundador y conductor de un partido político y figura pública descollante, con la mayor proyección internacional. Lula -como abreviada y popularmente se lo conoce- es sobre el que hace un tiempo se decía que era un “enano subido a las espaldas de un gigante”, el que “con un protagonismo decisivo en un momento determinado, capaz de ver más allá, supo trepar a las espaldas de la historia de Brasil”.
Sin abrir juicio acerca de las imputaciones que le formulan -aunque apunto claras deficiencias y sospecho una manifiesta sujeción del Poder Judicial a intereses políticos que desnaturalizan la función de impartir justicia-, pienso que en realidad se trata de una especie de “golpe precautorio dentro de otro golpe” sobre el que se montó la ingeniería de sectores de la burguesía nacional ligados a intereses extranjeros.
Desde mi óptica es imposible desvincular las acciones internacionales contra el conjunto denominado BRICS y la situación en Brasil. Si empezamos por el país, nos parece que no deben circunscribirse las opiniones sólo acerca de este momento y la prisión de Lula, sin por ello restarle importancia al hecho. Nos parece oportuno reflexionar sobre lo ocurrido a partir de la asunción al gobierno por el Partido de los Trabajadores y un primer ataque temprano de sectores de la derecha detrás de la revista Veja (la de mayor tránsito e impacto político en Brasil) y el periódico Folha de São Paulo (de circulación interestadual) iniciados en 2004/05 y la campaña seguida durante 7 años acerca de mensualidades pagadas desde el Ejecutivo, que gobernaba Lula, a integrantes del Legislativo (mensalão).
En paralelo, el conglomerado Odebrecht extendió sus actividades y como hacen empresas internacionales “aceitó” los contratos de obra sobornando a responsables políticos de adjudicarlas: sin que existan demasiadas precisiones sobre lo realizado en Estados Unidos (donde tiene una radicación) y Suiza (cuyo sistema bancario facilitó pagos de sobornos), no limitó acciones a Brasil sino que las extendió -según confesaron sus directivos- a Venezuela, México, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú. Con ello generó casi de inmediato una indeseable competencia con empresas de hábitos similares -es decir, con divisiones y destrezas que posibilitan pagos de sobornos- de países del capitalismo central asentadas en Estados Unidos (EE.UU.), la Unión Europea (UE) o Australia.
Es desde este ángulo que asocio, por ejemplo, el tema de los ataques contra Dilma Rousseff -en su primer gobierno- acerca del transporte público, salud o educación, continuados luego del Mundial de Fútbol, antes de los Juegos Olímpicos, y que parodiaron su destitución (impeachment) finalizando con el golpe de mayo de 2016.
Es así que estos acontecimientos se dieron en paralelo con el nacimiento de los BRIC en 2004 y que culminaron con el conjunto de cinco economías emergentes de tres continentes, oficializados en su reunión de 2014 en Fortaleza, Brasil. Al considerarse esta formación como un grupo competidor por parte de la UE y EE.UU., el sabotaje a sus integrantes fue cosa inmediata: algunos países quedaron fuera de la consideración de una eventual unión comercial del Pacífico, en tanto a Brasil debería quitársele toda posibilidad de constituirse en una potencia alternativa sudamericana. La cooperación Sur-Sur, visible a partir de la reunión en Fortaleza, a la que fue invitada la Unasur (una docena de Estados del subcontinente), decidió un futuro. Se dispuso la intención de controlar el litoral marítimo brasileño entre Espírito Santo, en el nordeste, y Santa Catarina, en el sur, del que se afirma que tiene la posibilidad de producir en los siguientes años gas y hasta 50 mil millones de barriles de crudo: hoy compiten por ese “tesoro” todos los grupos explotadores de hidrocarburos de la cadena central capitalista.
Aquella anunciada puesta de 56 barcos a cuidar la zona por la armada brasileña, naufragó en la construcción de un submarino de propulsión nuclear cuando el principal físico del plan -almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva de 77 años- fue condenado en 2015 por Sergio Moro a 43 años de prisión: entre otras cuestiones, había advertido del espionaje de EE.UU. sobre personajes brasileños, lo que admitió Washington haber practicado a Dilma Rousseff y llevó a ésta a suspender su encuentro con Barack Obama.
Un Brasil que dejó por el camino -junto con el aliento político socialdemócrata- su carta de presentación industrialista, asociativa, cooperadora, influyente en la región y regresó a un radical neoliberalismo: el dominio de los sectores burgueses ligados a los agronegocios, los “commodities” y el retroceso que representan la reforma laboral, la jubilatoria-pensionaria en ciernes, el desempleo, el achicamiento del Estado unido a la venta de las empresas públicas (Embraer a Boeing) y la congelación de todo presupuesto social que beneficie salud, educación o vivienda de las clases populares.
Ese Brasil de hoy con nuevo dominio, que militariza regiones internas y se prepara para reprimir las protestas populares, consiguió, además, el visto bueno de un sector de las fuerzas armadas -el ejército- según interpreto las declaraciones de su comandante, Eduardo Vilas Bôas, y de los generales Walter Souza Braga Netto (interventor en Río), Geraldo Antonio Miotto, José Luiz Dias Freitas, lo que presenta un “estado deliberativo” condenable en el estamento militar en un Estado regido constitucionalmente.
Sin embargo, estimo que mucho más que algunos productos en concreto -como el petróleo que se obtenga del Pré-sal- la potencia imperial no tiene interés en el posible desarrollo autónomo brasileño dado el potencial que posee esta nación -por espacio territorial y población- para transformarse en rival y confrontar los intereses washingtonianos. Los proyectos regionales que involucraban a Brasil y los BRICS, adicionalmente, representaban alternativas a instituciones hegemónicas como el Banco Mundial y el FMI controladas por EE.UU.
Por lo anterior, entiendo que el descarrilamiento político y personal de Lula -algo muy significativo e importante- debe inscribirse como un golpe preventivo dentro de un contexto de agresión de largo aliento del imperialismo contra Brasil y la región sudamericana.
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