El acrónimo brexit se acuñó para aludir al llamado a referendo sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea (UE) puesto a consideración por el entonces premier David Cameron en 2016, el que triunfó en junio de aquel año y desde entonces se hacen aprestos para ejecutar la separación.
De acuerdo con dicha opción se debieran haber activado tres procesos de negociación: uno para acordar la propia salida de la UE, de acuerdo con el Tratado de Lisboa sobre el punto, pactado el 1º de diciembre de 2009; debiera continuarse con un segundo para establecer las relaciones de estas islas con los integrantes de los 27 y un tercero para la relación con estados no miembros de la comunidad pero que mantienen relaciones con ella. A la vista queda que hasta el momento sólo se han producido avances en el primero de los tres planos, que la vida política interna en el Reino Unido se ha vuelto por demás compleja y que el brexit pasó de apuntar a una propuesta de consulta a ser -luego de aprobado- sinónimo de divorcio, a lo que agregó el de desavenencias con riñas y disputas.
En verdad, hay que decir que se trató de un triunfo de esa nueva derecha que se ha hecho presente y asuela electoralmente en Europa, con ciertos matices y, en algunos casos, con extrañas e indefinidas alianzas o coaliciones, como en Italia; que ha recorrido diversos caminos en América Latina, desde la deposición más apegada a los golpes de estado clásicos, los impeachments recubiertos de aplicación de la ley, las judicializaciones y hasta los triunfos electorales. Y también hay que consignar que el brexit encontró escollos en su andar: en Gran Bretaña, el proyecto de divorcio de la UE ganó por sobre las decisiones de la mayor parte de los habitantes de las grandes ciudades, como Londres, y de los profesores universitarios, por ejemplo; también lo hizo a contrapelo de sectores de la burguesía, contrariando opiniones de consorcios del sistema financiero y las corporaciones internacionales; es decir -en parte- lo que comúnmente designamos como “el sistema”.
A Cameron lo sustituyó en el cargo Theresa May, quien señaló recientemente en el conservador The Daily Telegraph “que no tolerará ningún intento de bloquear el deseo democrático del pueblo británico tratando de ralentizar o detener” el brexit para abandonar la UE el 29 de marzo de 2019. Mientras la premier quiso con su nota dar un golpe de autoridad en el mapa político, el ex embajador británico ante la UE y corredactor del Tratado de Lisboa, John Kerr, le contestó que Reino Unido podría -de acuerdo con el artículo 50- dar marcha atrás en su salida al declarar que “Los partidarios del brexit (…) afirman que debemos abandonar la UE automáticamente el 29 de marzo de 2019 a más tardar: eso no es cierto y es engañoso sugerirlo”.
Lo que está fuera de discusión y de interpretación es que en estos días, tras las renuncias (o cesantías) de dos ministros británicos, Dominic Raab (designado para tratar el brexit con la UE) y Esther McVey (trabajo y pensiones), otros cinco miembros del gabinete amagaron con sus renuncias para el caso de que May no introduzca cambios al backstop propuesto en el documento de salida. Se denomina backstop al mecanismo por el cual se prevén medidas que eludan controles fronterizos entre Irlanda del Norte (Reino Unido) e Irlanda (república independiente): esta última seguirá siendo parte de la UE.
Es claro que en tanto el tiempo la apremia, la premier defiende su línea de negociación antes de la plenaria que sostendrán los comunitarios a fin de mes, mientras a sus ministros inconformes se suma el grupo de euroescépticos tories que reúne una veintena de diputados que la presionan para que en las negociaciones busque mayores concesiones y no sea tenida Gran Bretaña como satélite de los socios de la UE. Para acompañar los vaivenes políticos, la libra esterlina no logra estabilizarse pese a que la primera ministra quiere convencer con su discurso de que lo mejor es que la dejen seguir: «Un cambio de líder no haría las cosas más fáciles para este país, ni cambiaría la aritmética parlamentaria, sino que provocaría incertidumbre y podría retrasar o incluso descarrilar el brexit«, manifestó.
Por el lado continental, la UE parece haber llegado a un principio de acuerdo sobre lo que le presentó Gran Bretaña, pese a que algunos gobiernos sostienen que su negociador, Michel Barnier, se comportó con extrema generosidad hacia Londres, achacándole que podría haber sido más duro y sacar mejor provecho para los comunitarios, en particular en los pasajes con los que pretenden obstaculizar que el Reino Unido recurra al dumping fiscal o laboral para competir.
Sin pretender desmentir a la canciller alemana Angela Merkel -que declaró: “Tenemos un documento en la mesa, sobre el que el Reino Unido y los otros 27 nos hemos puesto de acuerdo; es la razón por la cual, para mí, no hay ninguna razón de seguir negociando nada”- los gobiernos de Madrid, París y Bruselas aspiran a modificar el anexo que contiene la declaración política de siete páginas -que establece la futura relación de la isla con la comunidad-, sin tocar el texto de 585 páginas de los británicos.
Según Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, los 27 se reunirán el próximo domingo 25 para tratar la propuesta, “salvo circunstancias extraordinarias”: lo que convengo en que se traduzca por “si no existe una rebelión de los conservadores eurófobos que haga caer a May”. Esa eventualidad dejaría a Gran Bretaña sin oportunidades para relanzar un acuerdo, aunque como indicó Kerr podría pedir un aplazamiento de la fecha de salida. Tal solicitud debiera ser tratada y validada por unanimidad de los 27, que seguramente no aceptarían una prórroga de más de un mes y medio dado que a mediados de mayo de 2019 están programados comicios europeos y la ciudadanía no entendería que en ellos intervinieran los británicos. Por otra parte, el aplazamiento sólo sería para discutir detalles, no abriría un nuevo espacio de negociación.
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