En la jerga coloquial, se denomina habitualmente “cabeza de turco” a una persona a quien se quiere hacer culpable por un error o una falta que no cometió, con la aviesa e inmoral intención de exculpar al verdadero responsable de la acción.
Esta expresión nació en la época de las cruzadas, que enfrentaron a los cristianos con los musulmanes entre los siglos XI y XIII en una cruenta guerra religiosa. En ese contexto, cuando un cristiano mataba a un turco, le cortaba la cabeza y la clavaba simbólicamente en la punta de una lanza. En este caso, la exánime testa era vituperada por los soldados, porque representaba la responsabilidad de todos los turcos en el conflicto.
La referencia histórica está intrínsecamente relacionada con el cese del subdirector de la Dirección de Identificación Civil dependiente del Ministerio del Interior, Alberto Lacoste, quien fue sacrificado para intentar salvar las groseras responsabilidades políticas del Ministro Luis Alberto Heber y del Canciller de la República, Francisco Bustillo, por el bochornoso caso del otorgamiento del pasaporte al narco Sebastián Marset.
Como estaba previsto, el corolario de la interpelación promovida por el Frente Amplio en la persona del senador Mario Bergara, culminó sin censura, por el obsecuente blindaje de la coalición a ambos secretarios de Estado.
En la oportunidad, ni la bancada de Cabildo Abierto, que había planteado su malestar por el derrape del gobierno en torno al caso, osó romper el blindaje. Este impresentable partido ultraderechista suele vociferar en la pulpería pero callar en la comisaría.
En ese contexto, las burdas explicaciones de Heber y Bustillo transformaron la instancia parlamentaria en un circo mediático, que devalúa la credibilidad en el sistema político. En efecto, no es concebible que ambos hayan alegado que ignoraban el prontuario del delincuente.
Evidentemente, ni siquiera leen la prensa, porque este nefasto personaje ya tenía visibilidad desde octubre del año pasado y un pedido de captura internacional, en el que estaban trabajando en equipo la DEA (por sus siglas en inglés Administración de Control de Drogas) norteamericana, la policía paraguaya y también la uruguaya.
Asimismo, este peligroso narco también registra antecedentes y procesamientos en nuestro país desde 2012, por receptación, narcotráfico e incluso una imputación de homicidio. Empero, insólitamente, el 17 de agosto de 2020 – vaya sospechosa casualidad- la causa por este delito fue archivada.
Las explicaciones de los gobernantes convocados resultan a todas luces insuficientes, porque atribuyen el otorgamiento del pasaporte al peligroso narco a la legislación vigente o a un mero error burocrático. Sin embargo, el decreto de 2014, que Heber y Bustillo emplearon para escudarse y no asumir sus responsabilidades, establece, claramente, que ante situaciones imprevistas, se requiere actuar con cautela.
¿Puede haber realmente una situación más imprevista y compleja que el hecho que esta persona estuviera presa en Duvái, Emiratos Árabes Unidos, por ingresar al país con un pasaporte paraguayo falso? Obviamente, no.
Aunque este delincuente no tuvieran antecedentes en nuestro país y no hubiera un pedido de captura internacional, su privación de libertad, por falsificación documental, debió haber sido suficiente para actuar con otras precauciones.
Incluso, se ignoró olímpicamente el pedido del embajador uruguayo en dicha nación islámica, Álvaro Ceriani, quien sugirió a la Cancillería que se tomara más tiempo para tramitar el documento por la peculiar situación del encarcelado.
La frutilla de la torta fue la reunión mantenida por la Vicecanciller Carolina Ache con el abogado del criminal Alejandro Balbi. ¿Es realmente habitual que el profesional patrocinante de una persona sea recibido por el número dos del Ministerio de Relaciones Exteriores por el mero trámite de un pasaporte y que el documento sea expedido con tal rapidez?
Evidentemente, hay muchas preguntas sin respuesta, lo cual instala sospechas y alimenta obvias suspicacias. Queda claro, más allá de los eventuales descargos de Heber y Bustillo, que el pasaporte fue otorgado aparentemente sin un estudio previo de la situación, para detener el trámite de extradición que preparaba la justicia paraguaya. No hay otra explicación.
Otro punto realmente oscuro es la no utilización de valija diplomática para realizar el trámite como es de rigor, cuando un uruguayo lo requiere desde el exterior. En este caso, viajó especialmente un funcionario de Cancillería para completar el trámite en la cárcel donde se encontraba recluido Marset.
Este episodio groseramente escandaloso, que enloda la reputación del país, trasciende a le mera responsabilidad política y –por sus oscuros entretelones- debería ser investigado por la Fiscalía.
Uruguay quedó a la altura de una mera república bananera, donde son habituales los casos de corrupción estatal y otros chanchullos características de quienes actúan con impunidad. En cualquier país serio, ambos Secretarios de Estado serían cesados.
“Algún día volverá el Uruguay en el que los ministros renunciaban o se les pedía la renuncia, por gestión o por vergüenza. Proclamó el entonces senador Luis Lacalle Pou en 2016 cuando era oposición. Evidentemente, el mandatario padece una suerte de amnesia crónica, como en el caso de todas las promesas electorales incumplidas.
Como proclama el príncipe Hamlet, el personaje protagónico del clásico homónimo del dramaturgo británico William Shakespeare, “algo huele mal en Dinamarca”.
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