“En el tren que va a Madrid (…)” dice al inicio una vieja tonada republicana que al recordarla hoy pienso en que se producirá un choque entre las aspiraciones centralistas de Madrid y las independentistas de los catalanes. Aquí escribimos hace más de18 meses que en Cataluña “todas las compulsas entre los ciudadanos indican que un 80% quiere más soberanía; es decir, está en el ánimo de la gente el derecho a decidir. Ese sentimiento se vio reforzado en (…) 2006, cuando desde Madrid se objetó la constitucionalidad del término nación por el conservadurismo liderado por Mariano Rajoy, un vocablo incluido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Una y otra vez, desde el centro político español le fueron impuestas a Cataluña recortes a sus aspiraciones democráticas: lo hicieron las dictaduras de Primo de Rivera y de Francisco Franco, que prohibieron su lengua -algo que impusieron a otros territorios e idiomas-. La posibilidad de hablar con su lenguaje lo tuvieron en el gobierno de la II República -que al ser asaltado dio paso al último régimen de facto, antes de la actual monarquía- y, más tarde, les fue devuelto en tres etapas: 1977, 1979 y 1983.”
Como parte del proceso independentista echado a andar, la ciudadanía de Cataluña acudirá a las urnas en menos de un mes, y hará cierto -cualquiera sea el resultado- aquello que escribió hace más de un año Jorge M. Reverte sobre la cohabitación peninsular, señalando que gane quien gane las votaciones, Cataluña y España ya están rotas, divididas en dos comunidades “que van a tardar mucho tiempo en quererse como hermanos”.
Asimismo, recordábamos y repetimos ahora que la presidencia de la Generalitat gobernada por la derecha ha recurrido a impulsar sentimientos independentistas de los catalanes para encubrir sus caídas en la consideración popular, «gestionando el país con un clientelismo que dio pie a una enorme corrupción, ocultada por los mayores medios de información” de acuerdo con la afirmación de Vicenç Navarro en el digital Publico.es.
Por otra parte, el atentando en Les Rambles de Barcelona, fue expuesto por los mayores medios próximos al partido gobernante en el Estado español como un acto que acercaba y demostraba a los catalanes la necesidad de una mejor coordinación unitaria con los servicios policiales de la central madrileña, cuando fueron esas instituciones las que ocultaron información a las autoridades regionales. La Generalitat también se aprovechó para descargar responsabilidades y excusarse de actuar tras recibir una alerta desde Bruselas sobre la posible acción terrorista: argumentó que sólo se trató de “una mera nota informal”. Ambos actos referidos merecen ser rechazados como prácticas deleznables con intención de obtener réditos políticos circunstanciales del impacto en el público de hechos terroristas repudiables.
Acerca de la próxima elección, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha afirmado que su ayuntamiento facilitará la realización, «sea lo que sea, una movilización o un referéndum», aunque duda que «sea un referéndum efectivo: «No hay convocatoria. No sabemos ni siquiera si habrá urnas o no. Pero mi predisposición a participar es clarísima”. Colau ha declarado que como partidos los convocantes son «espacios soberanistas que consideran que es necesario un referéndum efectivo para decidir la relación de Cataluña con el Estado».
De su lado, desde la oposición de izquierda al gobierno español, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, participará en el acto que Els comuns -que dirige Colau- prepara para el 11 de septiembre en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en el que también intervendrá la propia lideresa, «en defensa de la soberanía» con el eslogan por «Una Catalunya soberana, diversa y valiente, y que la reunión se da en consideración del devenir agresivo de los «ataques del gobierno del PP» (Partido Popular de Rajoy) a la soberanía regional. Además del ánimo soberanista que desde la tribuna se imprimará a este acto, aprovecharán para reclamar de los catalanes una acción política donde se elimine la la corrupción, haya más democracia, participación ciudadana, solución para la emergencia social, y que -se adelanta- se «entienda, en definitiva, que los derechos nacionales son indisociables de los sociales porque un país es su gente».
En Madrid, en tanto, el tema catalán ha propiciado el concierto de tres expresidentes del gobierno español, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, quienes públicamente atacaron unidos el independentismo calificándolo -según dichos del barón del PSOE- de “pulsiones extrañamente autoritarias”. Aznar, simplón como siempre, definió el referendo promovente de separación indicando que “España no está para que haya más personas que jueguen irresponsablemente a la división”.
A esto hay que sumarle que Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda del Reino de España, manifestó en el Congreso que «con toda seguridad, no va a haber referéndum porque no hay presupuesto», aludiendo a disposiciones de controles en contrario adoptadas por su cartera. Entretanto, el gobierno de Cataluña afirmó al presentar las normas generales que se adoptaron para los comicios que «El día 1 votaremos como siempre».
Los organizadores de esta convocatoria destacan, asimismo, que la decisión de las urnas será «vinculante» y que el hecho se ubica dentro de la legalidad internacional y en caso de triunfar el Si, independentista, el parlamento local proclamará la «República Catalana». En caso de un resultado contrario, se convocarán elecciones autonómicas de forma inmediata.
El Parlamento regional, tras la eventual proclamación de independencia y soberanía, aprobará la -ya redactada- Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que regularía el tiempo inicial del nuevo Estado.
De cumplirse los pasos previstos por los convocantes, esta ley entrará a trámite parlamentario y se aprobará el martes 3 de octubre. Por su parte, desde Madrid se espera que en estos días el gobierno de Mariano Rajoy interponga un “recurso de inconstitucionalidad” -que tiene preparado- ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre el acto del 1º de octubre.
El TC está facultado por ley para obligar a que se cumplan sus resoluciones, incluyendo la suspensión inmediata en sus funciones a cargos electos -sin trámite parlamentario-, por lo que en caso de ser aprobada la demanda de Rajoy contra el gobierno catalán puede aplicárseles esa sanción. A todos les queda claro que se trata de un extremo indeseable, de consecuencias imprevisibles, pero que a pesar de todo el régimen central adoptaría si supone que puede realizarse el referendo y que el resultado traería aparejada la pérdida de una “joya de la corona”.
El propio TC sabe que si el Parlamento catalán aprueba la vigencia de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, su artículo 3,2 indica que se ignorarán las disposiciones que entren en conflicto con ella, lo que abarca las propias órdenes de ese alto tribunal.
Es por demás evidente que el choque de trenes se producirá con o sin acto electoral; si este se realiza y el resultado favorece a los independentistas o si Madrid dispone su prohibición y castiga a los funcionarios: el reino no puede permitirse la independencia catalana porque si ocurriera, rápidamente se trasmitiría la experiencia a otras regiones peninsulares e isleñas, que al final, posiblemente constituirían una república federal indeseable para Madrid y la corona.
Sin embargo, peor sería que ocurriera lo que los versos republicanos nos recuerdan: “(…) al llegar a Barcelona lo primero que se ve es a los perros fascistas sentados en los cafés”.
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